La Biblioteca Nacional sigue usando el programa israelí que Urtasun vetó

Alma, un programa informático elaborado por la empresa Ex Libris, es una de las soluciones de gestión bibliotecaria más potentes y efectivas del mundo. Así lo reconoce incluso el Gobierno en varias adjudicaciones públicas. Su uso en la Biblioteca Nacional permite la catalogación de miles de fondos de manera eficaz. Pero tiene un problema: la empresa que lo diseña es israelí, por lo que ha sido una de las afectadas por la caza de brujas que Ernest Urtasun, ministro de Cultura, ejerce sobre su departamento desde 2024 en busca de huellas israelíes que borrar. Incluso aunque haya algo tan poco bélico en su cometido como la gestión bibliotecaria. El pasado mes de octubre anunció que se había roto con Alma, pese a que técnicos del centro cultural le advirtieron de que paralizaría la Biblioteca, y ya se le buscaba sustituto. Casi dos meses después, su departamento responde que, en realidad, todo sigue como estaba. Lo siguiente será el veto a Eurovisión.

«Durante el año 2025 esta institución no ha cancelado ningún contrato con sus empresas proveedoras hasta el momento». Así de contundente y claro responde Óscar Arroyo Ortega, director general de la Biblioteca Nacional, a una pregunta tramitada al Gobierno a través del Portal de Transparencia.

Con esa constatación de que Cultura finalmente no ha dado luz verde a cancelar el uso de Alma como gestor de fondos bibliográficos en la Biblioteca Nacional, queda de manifiesto que el anuncio realizado el pasado mes de octubre por el ministro Urtasun de que el software iba a ser retirado inmediatamente y sustituido por otro se ha quedado en nada. El programa sigue y no hay licitación a la vista para su sustituto.

Caza de brujas

Todo comenzó nada más llegar Urtasun a Cultura, en otoño de 2023. En aquel momento, y pese a que acababan de producirse los atentados del 7-O contra Israel, ordenó una revisión completa de todos los proveedores de la cartera para detectar a aquellos que estuviesen instalados en los «territorios ocupados de Palestina».

La empresa tiene su sede en el Malha Tecnology Park, una zona en la que se han instalado grandes empresas como IBM para crear un polo de I+D+i. Está situada en el Jerusalén Este, que los palestinos reclaman como propio desde hace casi ocho décadas. Según el parecer de Urtasun y Sumar, esta zona —parte de Israel desde 1967— es un área ocupada, porque en los años 40 del pasado siglo había una aldea palestina que fue abandonada.

En febrero de 2024, Urtasun ordenó una revisión de las contrataciones de su departamento e instituciones dependientes con empresas israelíes. Esta medida se enmarcó en la posición política de la coalición Sumar respecto al conflicto de Gaza. El foco principal de esta acción recayó sobre la Biblioteca Nacional de España (BNE) y su relación contractual con la empresa tecnológica Ex Libris. Fue, explican, un movimiento a raíz de denuncias internas de trabajadores de la BNE que trabajan a diario con este software.

El conflicto administrativo surgió cuando el Ministerio envió una carta formal al director de la BNE, Óscar Arroyo, instándole a iniciar los trámites para rescindir el contrato con dicha compañía. La empresa, filial del grupo Clarivate, provee el software de gestión bibliotecaria integral que utiliza la institución. El argumento principal de Cultura no se basaba en la calidad del servicio, sino en la sospecha de que la matriz tecnológica pudiera tener vínculos con actividades en los asentamientos ilegales o prestar apoyo logístico en el contexto bélico actual, lo que motivó la petición de sustituirla por otra alternativa.

Sin embargo, la naturaleza técnica del servicio complicó la ejecución inmediata de este veto político. El software en cuestión no es una simple aplicación periférica, sino el ‘cerebro’ digital de la Biblioteca: gestiona el catálogo, los préstamos, la preservación digital y el acceso de investigadores a millones de documentos. La dependencia tecnológica de la BNE respecto a este sistema es estructural, lo que implica que una desconexión abrupta sin una migración planificada paralizaría de facto el funcionamiento de la principal institución bibliográfica del país.

A esto se sumó la realidad jurídica y administrativa de la propia Biblioteca Nacional. La BNE opera como un Organismo Autónomo, lo que le otorga personalidad jurídica propia y cierta independencia en su gestión contractual respecto al Ministerio. La dirección de la Biblioteca argumentó desde el inicio que los contratos vigentes deben respetarse bajo la Ley de Contratos del Sector Público, y que la sustitución de un sistema de tal magnitud requiere concursos públicos complejos y periodos de transición técnica que pueden durar años, haciendo inviable una cancelación inmediata por motivos puramente ideológicos.