Acciona logró una obra de 153 millones a los pocos días de viajar con Sánchez a la India
La empresa de los Entrecanales obtuvo una adjudicación icónica: la transformación de la estación de Sants en Barcelona
Pedro Sánchez y Juan Ignacio Entrecanales, vicepresidente de Acciona. | EFE
La empresa pública ADIF, dependiente del Ministerio de Transportes de Óscar Puente, adjudicó en noviembre de 2024 las obras de construcción del nuevo edificio de viajeros de la estación de Barcelona Sants. Una gran licitación que superaba los 153 millones y que logró la constructora Acciona en UTE con Copcisa. La adjudicación de la obra se produjo pocos días después del viaje oficial de Pedro Sánchez a la India, acompañado del ministro Puente y en el que la delegación oficial compartió un acto oficial con el vicepresidente de Acciona, Juan Ignacio Entrecanales, el directivo que la UCO cita como posible participante en una reunión con Servinabar, la empresa de la que es copropietario Santos Cerdán. La constructora asegura que ese encuentro no llegó a producirse.
El 5 de noviembre de 2024 Acciona logró hacerse con un contrato de obra pública ambicionado por las grandes constructoras nacionales: la transformación de la estación de Barcelona Sants, una de esas obras icónicas que aporta gran visibilidad a la constructora que se la lleva. En este caso fue la firma de los Entrecanales la que logró que la mesa les otorgase la primera posición como mejor oferta en calidad-precio. No era la más barata; las otras seis aspirantes presentaron importes menores.
El contrato lo firmó como director general de ADIF Alta Velocidad Juan Pablo Villanueva, cargo de confianza de la expresidenta Isabel Pardo de Vera durante su mandato y considerado una de sus manos derechas en el ente gestor ferroviario. En marzo de este año fue nombrado director general de Negocio de ADIF, pero solo cuatro meses después fue cesado, coincidiendo con la imputación de Pardo de Vera.
La adjudicación se produjo solo seis días después de que Acciona, Sánchez y Puente coincidiesen en la India en un viaje oficial al que Moncloa decidió invitar a la firma de los Entrecanales. De hecho, tal y como ha informado este periódico recientemente, la constructora fue una de las firmas más destacadas en la agenda de ese viaje, ya que Sánchez y Puente acudieron a un acto de la Fundación Consejo España-India, que preside el vicepresidente de Acciona Juan Ignacio Entrecanales. Se celebró el 29 de octubre, aproximadamente doce horas antes de que la dana que asoló la Comunidad Valenciana ese mismo día entrase en su fase más crítica.
Acciona, en el foco
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa en el epicentro de una presunta trama de corrupción un esquema de colaboración sistemática entre la constructora Acciona y la empresa navarra Servinabar. En su último informe cita a Juan Ignacio Entrecanales, ya que supuestamente estaba convocado a una reunión con Antxon Alonso —dueño de Servinabar— para iniciar la colaboración encaminada a conseguir los permisos de explotación de una mina en Navarra. Según el entorno de Entrecanales, esta reunión nunca se llegó a celebrar.
Según las investigaciones, Acciona habría pagado supuestas comisiones ilegales —conocidas como la «trama del 2%»— a Servinabar a cambio de la adjudicación de contratos de obra pública. La figura clave que conecta ambas partes sería Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, a quien la UCO señala como el presunto «enlace» político que facilitaba estas concesiones a cambio de mordidas que, en total, habrían ascendido a cerca de siete millones de euros.
El modus operandi descrito por los investigadores sugiere que Servinabar no era una mera empresa constructora auxiliar, sino una sociedad instrumental utilizada para canalizar estos pagos ilícitos. A pesar de su limitada estructura, la compañía lograba participar en uniones temporales de empresas (UTE) con un gigante como Acciona, obteniendo beneficios desproporcionados respecto a su aportación real a las obras.
Estos fondos, según la UCO, no solo financiaban la estructura empresarial, sino que presuntamente revertían en beneficios personales para Cerdán y su entorno cercano, e incluían el uso de tarjetas de la empresa para gastos personales, viajes y el disfrute de inmuebles en Madrid. Entre ellos, su ático familiar de más de 3.000 euros, tal y como desveló THE OBJECTIVE en exclusiva.
Obras millonarias
Entre las operaciones bajo la lupa, destaca por su envergadura la reforma del Puente del Centenario en Sevilla, una obra licitada por el Ministerio de Transportes. Adjudicada inicialmente por un presupuesto de 71 millones de euros, el coste final se disparó hasta los 84 millones debido a sobrecostes. La investigación apunta a que Servinabar, con una participación mínima en la ejecución real de los trabajos (apenas un trabajador asignado, cuñado de Cerdán), habría obtenido un beneficio limpio de casi dos millones de euros gracias a su presencia en la adjudicación.
Además del proyecto sevillano, las pesquisas de la UCO han identificado otras licitaciones sospechosas vinculadas al Ministerio de Transportes y sus organismos dependientes. Se investigan específicamente dos obras de ADIF en la Región de Murcia, que también habrían sido objeto del pago de la presunta comisión del 2%. Estas adjudicaciones forman parte de un paquete de cinco contratos que los agentes consideran paradigmáticos del «patrón continuado de colaboración» entre la constructora y la trama política, completándose la lista con proyectos de viviendas de protección oficial (VPO) en Navarra, como las promociones en Erripagaña (una de 46 viviendas y otra de 62), donde también se detectaron incrementos presupuestarios y posibles irregularidades en la mesa de contratación.
La gravedad de los indicios ha llevado al juez a imputar a altos cargos directivos. Antxon Alonso, administrador de Servinabar y presunto socio de Cerdán, negó en sede judicial el pago de mordidas por obra pública, aunque sí reconoció haber abonado sueldos a Koldo García por labores de intermediación con clientes privados. Paralelamente, la justicia ha citado como investigados a varios directivos de Acciona, incluido su exdelegado en la zona norte, para aclarar la naturaleza de estos pagos y su justificación comercial, mientras la compañía ha reaccionado con la suspensión de los implicados y la defensa de la legalidad de sus facturas.