Cataluña, epicentro de la delincuencia grave en España: lidera robos, violaciones y okupaciones

Las tasas de criminalidad varían mucho geográficamente en España. Cataluña es la región más azotada por la delincuencia contra las personas, de manera muy destacada en los delitos de violaciones o robos, y por la okupación. Así se extrae del último informe del Observatorio Demográfico CEU-CEFAS, titulado Demografía de la delincuencia en España, y publicado este miércoles. Los autores del estudio, Alejandro Macarrón y Joaquín Leguina, atribuyen esta incidencia a determinada inmigración y, sobre todo, a la permisividad de las autoridades catalanas para con los delincuentes.

El informe, una radiografía muy completa del crimen a lo largo y ancho de la nación, se centra en el nuevo hecho diferencial catalán: la delincuencia disparada. Los datos así lo acreditan. En el trienio 2022-2024, Cataluña, con Lérida en cabeza, tuvo con gran diferencia el mayor número de violaciones de toda España en proporción a su población (2,3 veces la tasa por millón de habitantes del resto de España), seguida de Baleares, País Vasco y Navarra. Por otro lado, las comunidades con una menor tasa de violaciones en relación con su población fueron Soria, Sevilla y Zaragoza.

Cataluña también lidera los rankings absolutos y relativos del robo, en particular con violencia o intimidación, así como los cometidos con fuerza a domicilio. En la Comunidad de Madrid también hubo más robos con violencia e intimidación que la media en relación con la población de 18 a 60 años, pero el desfase entre un dato y el otro fue muchísimo menor que en Cataluña (134% más en esta última). En cuanto a robos con fuerza en domicilios, la Comunidad Valenciana sufrió en el bienio 2023-2024 el mayor desfase entre incidencia y porcentaje de población en edad de cometerlos, seguida de Cataluña. En esto, Madrid estuvo muy por debajo de la media nacional.

En cuanto a okupación, Cataluña encabeza de forma destacadísima las tasas de ocupación de viviendas en España, con un número de okupaciones en el trienio 2022-2024 por 100.000 habitantes, que es 3,6 veces el del resto de España. En términos generales, el informe del CEU-CEFAS tilda de «impactantes» las cifras nacionales sobre usurpación de viviendas, resaltando que «se trata de un delito que apenas existiría si el castigo legal fuera disuasorio —el criminal está perfectamente ubicado, ya que no abandona el lugar— y que en muchos casos no se denuncia penalmente, porque se prefiere abordarlo por al vía civil o llegar a un arreglo privado con el okupa».

Mano blanda

La lectura que los autores hacen de esta incidencia de estos delitos es el grado de urbanización, la presencia de menores extranjeros no acompañados (Cataluña es la segunda región con más menas tras Canarias) y, sobre todo, el menor temor de los posibles delincuentes a ser detenidos y encarcelados. Esto es, a la permisividad de las autoridades catalanas con el delito. En este sentido, el informe subraya que Cataluña «no supera en población africana a Murcia, Almería o La Rioja, en población americana a Madrid y otras regiones con menos delincuencia».

De hecho, resulta significativo que, si la población hispanoamericana residente en España reprodujese las tasas de criminalidad de sus países de origen, el número de homicidios en nuestro país se habría duplicado o incluso replicado. Todo ello sugiere, a juicio de Macarrón y Leguina, que «la propensión delictiva entre los inmigrantes no responde a un patrón uniforme, sino que depende en gran medida de las condiciones locales». En todo caso, señalan, «existe una correlación evidente entre inmigración —especialmente de origen africano y americano— y delitos graves contra las personas, aunque dicha relación no se manifiesta con igual intensidad en todos los lugares».

Conclusiones

En la parte final del informe, los autores concluyen que España «sigue siendo un país con baja incidencia de la mayoría de los delitos graves», excepto en el caso de usurpación de viviendas, aunque «hay una tendencia preocupante» en su incremento. «Claramente, el Estado está cumpliendo peor su labor preventiva y punitiva del crimen. Y eso se debería corregir con más efectivos y medios policiales y judiciales, más resolución para combatir el delito, y con penas más altas para los delitos cuya incidencia está aumentando».

Por último, señalan que «aunque la inmensa mayoría de los inmigrantes no delinquen, sus tasas de criminalidad, y en especial las de los africanos y americanos, son mucho más altas que las de los españoles en muchos delitos de especial daño a las personas»: «Es imperioso reordenar la inmigración, con selección en origen, también para prevenir el aumento de la delincuencia y lograr que su incidencia se reduzca, una criminalidad importada que, además del daño a sus víctimas, implica la necesidad de un mayor gasto del Estado en seguridad y justicia».