Colapso en Interior: sus infraestructuras básicas se quedan sin mantenimiento

Las inversiones del Ministerio del Interior atraviesan una situación de bloqueo estructural que ha dejado sin mantenimiento básico a buena parte de sus infraestructuras y equipamientos esenciales. La situación no responde a una coyuntura puntual; sino que se une a un problema ya consolidado a lo largo de los últimos años como resultado de una combinación de infrafinanciación persistente, ausencia de planificación preventiva y dependencia creciente de recursos extraordinarios, según constata el último informe de fiscalización operativa aprobado por el Tribunal de Cuentas.

El trabajo del órgano fiscalizador, analizado por THE OBJECTIVE, dibuja un escenario en el que la inversión ha dejado de cumplir su función principal —anticipar necesidades, conservar activos y garantizar la continuidad del servicio público— para convertirse en una gestión centrada en resolver urgencias cuando el deterioro ya es evidente. En la práctica, esto ha supuesto que el mantenimiento ordinario pierda peso frente a actuaciones de emergencia, más costosas y menos eficientes, tanto en edificios como en medios materiales.

Uno de los principales déficits detectados es la ausencia de una planificación global de inversiones en el conjunto del Ministerio del Interior. No existe un instrumento común que ordene prioridades, establezca calendarios ni permita evaluar de forma sistemática el estado de los activos. En su lugar, conviven planes parciales, documentos internos sin carácter vinculante y programas presupuestarios poco coordinados entre sí. Esta fragmentación no solo impide una política de conservación estable, sino que empuja a una gestión a corto plazo.

La inversión de Interior, en mínimos

El problema se agrava por la escasa dotación presupuestaria destinada a inversiones reales. El capítulo de inversiones representa menos del 5% del presupuesto total del Ministerio, una proporción claramente insuficiente para sostener un parque inmobiliario extenso y envejecido, así como flotas de vehículos y equipamientos sometidos a un uso intensivo. Los propios gestores reconocen que los créditos aprobados se sitúan sistemáticamente por debajo de las necesidades planteadas, con recortes reiterados frente a las solicitudes iniciales.

Esta insuficiencia de recursos ha tenido un efecto directo sobre el estado de las infraestructuras. Comisarías, casas-cuartel y centros penitenciarios acumulan años de mantenimiento diferido, lo que ha obligado a Interior a recurrir de forma recurrente a contratos tramitados por la vía de emergencia para atender problemas de seguridad, habitabilidad o funcionalidad. El último ejemplo, tal como publicó THE OBJECTIVE, fue la prisión de Ceuta, la cual ha registrado importantes incidentes en sus instalaciones, cuando apenas tiene ocho años de vida. El Tribunal es claro al señalar que muchas de estas actuaciones urgentes podrían haberse evitado con una política de conservación preventiva y una inversión ordinaria sostenida en el tiempo.

El deterioro no se limita a edificios. En lo que se refiere a vehículos, armamento y equipamiento material, la fiscalización detecta ciclos de renovación excesivamente largos y una reposición condicionada a la llegada puntual de fondos adicionales. En la práctica, una parte relevante del material permanece en servicio más allá de los plazos razonables, lo que incrementa los costes de reparación y reduce la eficiencia operativa.

Situación crítica en la Guardia Civil

La situación es especialmente crítica en la Guardia Civil, que inicia los ejercicios presupuestarios con más de la mitad de sus créditos de inversión comprometidos por gastos de años anteriores. Esta falta de margen de maniobra limita severamente la capacidad para atender nuevas necesidades y convierte la gestión del material en un ejercicio de contención, no de modernización. El informe advierte de que, en algunos ejercicios, incluso se ha producido insuficiencia de crédito al inicio del año, obligando a aplicar mecanismos excepcionales para poder registrar compromisos ya adquiridos.

Ante la debilidad del presupuesto ordinario, Interior ha convertido los fondos europeos y otros recursos extraordinarios en un soporte estructural de su política inversora. Instrumentos diseñados para actuaciones concretas o temporales se utilizan para cubrir necesidades básicas de reposición y mantenimiento. El Tribunal alerta de que esta dependencia introduce un riesgo evidente: recursos no ordinarios están financiando gastos recurrentes, lo que deja el sistema expuesto a cambios en la disponibilidad de esos fondos.

Este problema de inversión también dejó ver su peor cara en el último año, cuando las cajas pagadoras de Policía Nacional y Guardia Civil se quedaron a cero durante varios meses del verano. Se trata del líquido con el que cuentan ambos cuerpos para pagar dietas y gastos de los agentes. Esta situación, denunciada por todos los sindicados, supuso la paralización y el retraso de distintas operaciones policiales, habida cuenta del gran desembolso que suponen algunos desplazamientos, sobre todo si son internacionales. El impago de las dietas en la Guardia Civil es «un problema cronificado y estructural que se debe en gran medida a la inexistencia de una caja única que centralice los pagos», denunció en su momento Jucil.

Esta combinación de factores —falta de planificación, escasez presupuestaria y uso intensivo de soluciones excepcionales— ha terminado por colapsar el modelo de inversión. La emergencia ha dejado de ser una excepción para convertirse en una herramienta habitual de gestión, con un doble efecto negativo: encarece las actuaciones y reduce la capacidad de anticipación. En lugar de invertir para conservar, se gasta para reparar daños ya producidos, lo que evidencia una total falta de previsión.

Dependencia de los fondos UE

El informe subraya además que los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia han incrementado puntualmente el volumen de inversión, pero no han corregido el problema de fondo. Su complejidad administrativa y su carácter finalista han añadido tensiones a una gestión ya limitada por la falta de recursos estructurales, sin garantizar una mejora sostenida del mantenimiento básico.

En conjunto, la fiscalización concluye que el Ministerio del Interior ha entrado en una dinámica en la que las inversiones no sostienen el sistema, sino que llegan tarde y de forma fragmentaria. El resultado es un deterioro progresivo de infraestructuras y equipamientos esenciales para la seguridad ciudadana y la política penitenciaria, con un impacto directo sobre la eficiencia del gasto público y la calidad del servicio.

Sin un refuerzo estable del presupuesto de inversiones y una planificación preventiva que priorice el mantenimiento básico, el modelo actual seguirá trasladando el coste del descuido al futuro. Coste que, como advierte el Tribunal, se paga siempre más caro y con menor eficacia cuando la inversión deja de anticiparse y se limita a reaccionar.