Los vínculos chavistas de Bono: una comisión de 41 millones en Suiza por ocho fragatas
Dos directivos españoles cobraron al menos 12 millones por la venta de material militar al régimen venezolano
Ilustración generada mediante IA.
En las turbias relaciones entre los diferentes gobiernos españoles y Venezuela hay un episodio que es especialmente interesante recordar ahora, después de que THE OBJECTIVE haya desvelado en exclusiva la red de sociedades y activos inmobiliarios y financieros en España y República Dominicana del socialista José Bono, expresidente del Congreso de los Diputados, exministro de Defensa y ex máximo dirigente de Castilla-La Mancha.
El episodio —documentado en el libro Conexión Caracas-Moncloa (Ediciones B, 2022)— tiene como punto de arranque la visita de Hugo Chávez a España en 2004. Como consecuencia de la particular amistad trenzada con Bono en ese momento, ministro de Defensa de la época, Venezuela acaba firmando con España un histórico contrato que incluía la compra de doce aviones militares y ocho fragatas por un montante total de 1.700 millones de euros.
La operación, celebrada por casi todo el mundo en España porque iba a dar trabajo a astilleros y fábricas durante siete años, provocó inmediatamente que saltaran las alarmas en Washington, donde ya tenían bajo sospecha al régimen de Chávez. Estados Unidos protestó porque España pretendía vender a Venezuela unos aparatos que tenían instalado un software estadounidense que no admitía ser revendido.
Bono se tomó a guasa el malestar norteamericano, pero al final se vio obligado a recular, y del contrato final se tuvieron que caer los doce aviones porque sin la licencia de exportación correspondiente no se podían vender a Venezuela. En el caso de las ocho fragatas (cuatro buques de vigilancia y cuatro patrulleras), hubo que cambiar algunos componentes para evitar la transferencia de tecnología estadounidense al régimen chavista. Finalmente, el contrato quedó establecido en 1.207 millones de euros.
Sin embargo, cuando la fiscal general de Venezuela Luisa Ortega huyó del país en 2017, entregó a la CIA y a la Interpol un documento que confirmaba las peores sospechas: Caracas pagó en realidad 1.249 millones por esa operación. ¿Y por qué había un desfase de 42 millones entre una cifra y la otra? Porque hubo que pagar una comisión a la empresa Rebazve Holding.
Como consecuencia de ello, los tribunales españoles empezaron a investigar la operación, porque si se trataba de un acuerdo entre dos países, como así parecía, no debía haber ningún intermediario que se llevase una comisión. Rebazve recibió el dinero en una cuenta en Suiza y lo repartió entre varias personas, entre ellas Javier Salas, expresidente del Instituto Nacional de Industria (INI) entre 1990 y 1995, y Antonio Rodríguez-Andín, que había sido presidente de la naviera española Transatlántica.
Caso cerrado
En un primer momento, el juez imputó por varios delitos económicos tanto a Salas y Rodríguez-Andín como al presidente de Navantia cuando sucedieron los hechos, Juan Pedro Gómez Jaén. Sin embargo, después de varios años investigando el caso, se decidió archivarlo con el argumento de que la comisión pagada no salió de las arcas españolas.
En el auto de sobreseimiento, que tiene fecha del 12 de enero de 2021, se acredita como hecho probado que se pagó una comisión de 42 millones de euros, de la que al menos 12 millones se los llevaron Salas y Rodríguez-Andín. El resto fueron a parar a diversos ciudadanos venezolanos y, tras seguir la pista del dinero por varios países, no se pudo determinar su destino final. Apenas unos meses después de firmarse el contrato con Navantia, Rebazve abrió una filial en España, dirigida por dos venezolanos: Juan Rafael Carvallo y Pedro Enrique Malave.
A pesar de las evidencias de que hubo una comisión ilegal, la Justicia determinó que no había quebranto de las arcas públicas españolas, por lo que procedió a archivar el caso. Tampoco castigó a los dos ciudadanos españoles por haber ocultado al fisco las mordidas cobradas en Suiza con el argumento de que Hacienda no consideró necesario abrir ningún expediente en su momento.
Este escándalo de las fragatas fue uno de los asuntos que Hugo el Pollo Carvajal, exjefe del servicio secreto militar de Venezuela, dijo conocer ante la Audiencia Nacional para evitar su extradición a Estados Unidos en octubre de 2021, aunque sin aportar pruebas al respecto. Y en ese sentido, llegó a citar a los exministros españoles Miguel Ángel Moratinos y José Bono como supuestos destinatarios últimos de las presuntas corruptelas.