La Guardia Civil registra de nuevo Forestalia en busca de contratos de energías renovables
Agentes del Instituto Armado ya acudieron en diciembre al edificio situado en la calle del Coso de Zaragoza
Un trabajador de Forestalia.
La Guardia Civil vuelve a Forestalia. Los agentes registran desde las 8 horas su sede en la calle del Corso de Zaragoza y la vivienda de Fernando Samper, su propietario, según han adelantado El Heraldo y ABC. La compañía está siendo investigada en el caso SEPI por haber recibido una ayuda pública de 17,3 millones de euros para su filial Arapellet gracias a la mediación de la trama que presuntamente lideraba la exmilitante socialista Leire Díez. La Justicia también indaga si cometió delitos medioambientales con un proyecto eólico en Teruel. Fuentes de la investigación explican que los registros de este martes está relacionados con contratos de energías renovables.
La operación iniciada este martes incluye una docena de registros, diez de ellos en Madrid, la mayoría domicilios de sus directivos. La orden parte del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Teruel. Su titular, Juan José Cortés, investiga a Forestalia por presuntos delitos de prevaricación administrativa medioambiental, cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal, indican las fuentes jurídicas a THE OBJECTIVE. El magistrado también ha abierto una pieza separada, aunque por el momento se desconoce su contenido.
En el transcurso de la operación, el UCOMA, unidad adscrita al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha detenido a una persona. Los investigadores tratan de determinar si durante la tramitación de las licencias de instalación de parques eólicos y solares se manipularon declaraciones de impacto ambiental para facilitar la obtención de los permisos necesarios.
Forestalia y Servinabar
Los agentes ya irrumpieron en la sede de Forestalia el pasado diciembre. En esa ocasión, por el caso SEPI, que investiga presuntas irregularidades en contratos públicos, comisiones y amaños en adjudicaciones relacionadas con empresas públicas y el sector de las renovables. En la operación fueron detenidos Leire Díez, el expresidente de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y al empresario Joseba Antxon Alonso, propietario de Servinabar acusados de haber beneficiado a diversas empresas a cambio de contrapartidas.
La Justicia de Aragón también investiga posibles delitos medioambientales en un megaproyecto que inició Forestalia en Teruel en 2023. Está formado por 22 parques eólicos ubicados en la comarca del Maestrazgo, que limita con la provincia de Castellón. Varios particulares y asociaciones denunciaron infracciones en los informes de impacto ambiental aprobados por el Ministerio de Transición Ecológica, entonces liderado por la actual comisaria europea Teresa Ribera. Estos daban luz verde a instalar 84 aerogeneradores en espacios protegidos por la Red Natura.
Forestalia presentó el proyecto a principios de 2021 con una inversión prevista de 800 millones de euros y la creación de al menos 2.500 puestos de trabajo. En septiembre de ese año remitió la solicitud para iniciar el proceso de evaluación de impacto ambiental a Transición Ecológica, de quien dependía aprobar el proyecto. El Gobierno autorizó la declaración en diciembre, pero no la inclusión de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo abrieron la veda para interponer las denuncias. Sin embargo, la Justicia ha rechazado paralizar las obras de manera cautelar.
El grupo energético presidido por Fernando Samper mantiene una serie de conexiones societarias y económicas con Servinabar y las empresas de la familia de la secretaria de Estado para Iberoamérica, Susana Sumelzo, enmarcadas en el auge de las energías renovables en Aragón y Navarra.
Proyectos eólicos
Estas relaciones involucran intercambios de sociedades vehículo para proyectos eólicos y fotovoltaicos, pagos a Servinabar y vínculos políticos que están bajo investigación por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Por ejemplo, sociedades como Renovables Trillar, Energías Renovables de Polux, Renovables Ores y Energías Renovables de Lisitea han pasado alternativamente por manos de la familia Sumelzo y el holding de Samper, mediante ceses y nombramientos de administradores, inscritos en el Registro Mercantil, para facilitar fases de obtención de permisos y ventas de proyectos renovables.
Antxon Alonso, administrador único de Servinabar, está directamente vinculado a Cerdán a través de una escritura privada que le atribuye el 45% de la constructora. El empresario ha participado en reuniones institucionales con Forestalia, como una en noviembre de 2023 junto a Samper y altos cargos navarros, incluyendo la presidenta María Chivite, para discutir proyectos como Mina Muga e infraestructuras energéticas.
Empresas del entorno Sumelzo, como Mediaciones Martínez (ahora Promociones Inmobiliarias Ku-ma) y Sumelzo, han realizado pagos significativos a Servinabar: la primera transfirió 200.000 euros entre 2021 y 2023, mientras que la segunda abonó 12.100 euros en 2020. Estos pagos están siendo investigados por la UCO en relación con relevos societarios y posibles irregularidades en el sector renovable.
La familia de Sumelzo está conectada a esta red a través de las sociedades familiares involucradas en proyectos en Huesca, Zaragoza y Teruel que coinciden con las actividades de Forestalia. Muchas de estas empresas convergieron en una sede en Madrid entre 2022 y 2024, durante un período de alta tramitación de proyectos renovables en Aragón bajo administraciones socialistas.
La UCO examina estos vínculos, incluyendo la red de sociedades vehículo y pagos a Servinabar, como parte de un patrón habitual en el boom renovable, con superposiciones en actividades institucionales en Navarra y Aragón.