Detenido un ex alto cargo de Teresa Ribera por amañar permisos a favor de Forestalia

La Guardia Civil ha detenido este martes a seis personas por su presunta vinculación a una trama de corrupción medioambiental relacionada con parques eólicos y fotovoltaicos en la provincia de Teruel (Aragón). Entre los detenidos se encuentra Eugenio Domínguez, ex subdirector de Calidad Medioambiental con Teresa Ribera al frente del Ministerio de Transición Ecológica. Los investigadores consideran que habría amañado permisos medioambientales a favor de proyectos de Forestalia. Durante la Operación Perserte se han llevado a cabo 12 registros, diez en Madrid y dos en Zaragoza. La investigación, dirigida por el Juzgado de la Sección Civil y de Instrucción número 1 de Teruel, investiga delitos de prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Los agentes iniciaron los registros de la sede de Forestalia y la vivienda de su propietario, Fernando Samper, su propietario, a las 8 de la mañana, según adelantaron El Heraldo y ABC. La compañía está siendo investigada en el caso SEPI por haber recibido una ayuda pública de 17,3 millones de euros para su filial Arapellet gracias a la mediación de la trama que presuntamente lideraba la exmilitante socialista Leire Díez.

La causa tiene su origen en la posible manipulación de Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), necesarias para la tramitación de proyectos de parques eólicos y fotovoltaicos. Según los indicios recabados por los investigadores, Domínguez, uno de los altos cargos en el Ministerio de Transición Ecológica en la etapa de la ahora comisaria europea Teresa Ribera, habría podido influir de manera irregular en la emisión de determinadas resoluciones ambientales, tal como adelantó THE OBJECTIVE.

La implicación de Forestalia

El Seprona apunta a que estas actuaciones habrían beneficiado a Forestalia. El ex alto cargo de Transición Ecológica habría actuado presuntamente a cambio de una contraprestación económica por parte de la empresa aragonesa. Para mover ese dinero y ocultar su origen, los investigados habrían utilizado varias sociedades interpuestas. También se habrían valido, presuntamente, de la intervención de un fedatario público en la formalización de documentación vinculada a las operaciones bajo investigación.

En relación con los proyectos objeto de análisis, la investigación examina también si la tramitación ambiental tuvo en cuenta de forma adecuada los posibles efectos sobre el entorno tales como la afección a la avifauna y quirópteros, el impacto paisajístico o la alteración de hábitats y usos del suelo. Los agentes medioambientales mantienen abierta la operación y no se descartan más detenciones.

Este diario ya avanzó en diciembre que la Justicia de Aragón estaba investigando presuntos delitos medioambientales en un proyecto eólico de Forestalia en Teruel. Durante la investigación, los agentes de la Unidad Central Operativa Medioambiental (UCOMA) de la Guardia Civil hicieron el pasado mes de julio distintas pesquisas en la comarca del Maestrazgo, donde se prevé la implantación de molinos de viento para construir el mayor parque eólico promovido en España hasta la fecha.

Los agentes se desplazaron entonces a distintas localidades de la comarca para requerir información a los ayuntamientos que se verán afectados por la creación de los 22 parques eólicos. También examinaron con drones las zonas en las que se instalarán los mismos. Varios particulares y asociaciones denunciaron infracciones en los informes de impacto ambiental aprobados por Transición Ecológica. Estos dieron luz verde a instalar 84 aerogeneradores en espacios protegidos por la Red Natura y otros 91 en «zonas de sensibilidad máxima en uno de los sitios menos adecuados de Aragón».

Una inversión de 800 millones

Forestalia presentó el proyecto a principios de 2021 con una inversión prevista de 800 millones de euros y la creación de al menos 2.500 puestos de trabajo. En septiembre de ese año remitió la solicitud para iniciar el proceso de evaluación de impacto ambiental a Transición Ecológica, de quien dependía aprobar el proyecto. El Gobierno autorizó la declaración en diciembre, pero no la inclusión de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo abrieron la veda para interponer las denuncias. Sin embargo, la Justicia rechazó paralizar las obras de manera cautelar.

La empresa de Fernando Samper lleva meses en el ojo del huracán. La Guardia Civil ya irrumpió en la sede de Forestalia el pasado diciembre. En esa ocasión, por el caso SEPI, que investiga presuntas irregularidades en contratos públicos, comisiones y amaños en adjudicaciones relacionadas con empresas públicas y el sector de las renovables. En la operación fueron detenidos Leire Díez, el expresidente de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y al empresario Joseba Antxon Alonso, propietario de Servinabar acusados de haber beneficiado a diversas empresas a cambio de contrapartidas.