La CIA revisa el expediente sobre la venta de buques de España a Chávez en la era Bono

La venta de ocho buques militares de España al régimen de Hugo Chávez durante la etapa de José Bono como ministro de Defensa llegó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA, en sus siglas en inglés). Una solicitud de acceso a documentos presentada ante la agencia estadounidense, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, ha obligado a abrir un expediente administrativo. La CIA ha tenido que revisar sus archivos sobre aquel contrato naval firmado en 2005 entre el Gobierno español y el venezolano.

La petición aparece en el registro de casos tramitados por la CIA dentro del sistema de transparencia estadounidense conocido como Freedom of Information Act (FOIA), la ley que permite solicitar a las agencias públicas la revisión de documentos oficiales. En ese listado figura una solicitud que menciona a dos empresarios venezolanos. Se trata de Pedro Enrique Malavé Benavides y Juan Rafael Carvallo López, vinculados a Rebazve Holding, que actuó como intermediaria en la operación naval.

A partir de esa solicitud, la CIA abrió un expediente, asignó un número de caso y se vio obligada a revisar sus archivos para comprobar si existen documentos relacionados con esas personas y con la operación firmada entre España y Venezuela. Ese proceso incluye determinar si alguno de esos documentos puede ser desclasificado y hacerse público, total o parcialmente. El contenido de estos documentos no debe comprometer fuentes, métodos de inteligencia o información considerada sensible para la seguridad nacional.

El papel de Bono y Zapatero

El acuerdo al que se refiere la solicitud fue firmado en 2005 para la construcción por Navantia de ocho buques destinados a la Armada venezolana. El contrato incluía cuatro buques de vigilancia oceánica y cuatro patrulleras de vigilancia litoral y superó los 1.200 millones de euros. Esto lo convirtió en uno de los mayores contratos internacionales de la industria naval española durante la primera década del siglo XXI.

El Gobierno español defendió la operación como un acuerdo industrial destinado a garantizar carga de trabajo en los astilleros públicos y consolidar la presencia internacional de Navantia. En aquel momento, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero sostenía que el contrato permitiría asegurar varios años de actividad en los centros de producción naval españoles, que atravesaban un periodo de incertidumbre tras la reestructuración del antiguo grupo público Izar.Al frente de Defensa estaba José Bono, es presidente de la Junta de Castilla-La Mancha.

La operación incluyó también la participación de intermediarios. Antes de firmarse el acuerdo definitivo, Navantia había suscrito un contrato de mediación con la empresa Rebazve Holding. El pacto suponía que recibiría una comisión vinculada a la operación cercana al 3,5% del valor total del contrato, aproximadamente 42 millones de euros de una operación superior a 1.200 millones. Los empresarios mencionados en la solicitud registrada en la CIA estaban vinculados a esa compañía intermediaria. Las comisiones generaron posteriormente investigaciones judiciales en España sobre el papel de los mediadores y la estructura societaria utilizada para canalizar esos pagos.

Comisionistas en la venta de buques

La venta de buques de España a Venezuela generó incomodidad en Washington desde el primer momento. En 2005, la relación entre Estados Unidos y el Gobierno de Hugo Chávez atravesaba una etapa de creciente tensión política. Por esta razón cualquier acuerdo militar que pudiera reforzar las capacidades de las Fuerzas Armadas venezolanas era seguido con atención por las autoridades estadounidenses.

Documentos diplomáticos publicados posteriormente revelaron que la Embajada de Estados Unidos en Madrid trasladó al Gobierno español su preocupación por la operación. En esas conversaciones, responsables del Ministerio de Defensa aseguraron a diplomáticos estadounidenses que los buques vendidos a Venezuela eran patrulleros sin capacidad ofensiva y que no llevarían misiles.

El contrato naval formaba parte inicialmente de un acuerdo militar más amplio que incluía también la venta de 12 aviones de transporte militar y vigilancia marítima. Esa parte de la operación terminó bloqueándose después de que Washington se negara a autorizar la exportación de tecnología estadounidense incorporada en las aeronaves. Sin esa licencia, España tuvo que retirar los aviones del acuerdo final y limitar la operación a la construcción de los ocho buques.

Macrocontrato armaméntistico

El contrato empezó a gestarse tras la visita de Hugo Chávez a España en 2004, cuando el líder venezolano estrechó su relación con el entonces ministro de Defensa, José Bono. El acuerdo inicial contemplaba un paquete militar aún mayor que incluía los 12 aviones de transporte y los 8 buques por un importe cercano a los 1.700 millones de euros, lo que provocó inquietud inmediata en Washington.

La presión norteamericana obligó finalmente a modificar el contrato. Los aviones quedaron fuera de la operación y, en el caso de los buques, fue necesario sustituir algunos componentes para evitar la transferencia de tecnología estadounidense. El acuerdo definitivo quedó fijado en 1.207 millones de euros, aunque años después saldría a la luz que Caracas habría pagado en realidad 1.249 millones. La diferencia, unos 42 millones, correspondía a la comisión pactada con la empresa intermediaria Rebazve Holding, cuyos beneficiarios acabarían apareciendo vinculados a la solicitud de información registrada en la CIA.

Dos décadas después de aquel polémico contrato, la aparición de los intermediarios vinculados a la operación naval en una solicitud de información registrada en la CIA muestra hasta qué punto la venta de buques de España a Venezuela sigue despertando interés fuera del ámbito político y judicial español. La revisión abierta por la CIA determinará ahora si existen documentos sobre los comisionistas vinculados al contrato naval y si alguno de los documentos puede ser desclasificado y hacerse público.