Bronca entre el comisario general de Judicial y el de la UDEF por el caso Plus Ultra

En los pasillos del Complejo Policial de Canillas, en Madrid, no suelen darse escenas de tensión abiertas entre los mandos del Cuerpo. La liturgia interna de la Policía Nacional —jerarquía férrea, formas medidas y conflictos que se resuelven de puertas adentro— raramente se rompe de manera visible ante los agentes. Sin embargo, eso fue precisamente lo que ocurrió hace unos días en la sede de la Comisaría General de Policía Judicial, donde varios funcionarios presenciaron una discusión a gritos entre dos de los principales responsables de la investigación criminal en España.

Los protagonistas fueron el comisario general de Policía Judicial, Fernando Pascual, y el jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), Fernando Alonso. El primero, máximo responsable de las investigaciones de carácter judicial dentro de la Policía Nacional; el segundo, responsable directo de la unidad que investiga los delitos económicos más sensibles del país. Según relatan fuentes policiales presentes en el momento, la discusión giró en torno a un asunto especialmente delicado: la investigación sobre los fondos del rescate público de la aerolínea Plus Ultra.

La escena fue tan inusual como reveladora de la presión bajo la que está esta causa judicial. De acuerdo con varias fuentes policiales consultadas por THE OBJECTIVE, el enfrentamiento se produjo cuando Pascual recriminó a Alonso que no estuviera informando a la cúpula de Policía Judicial sobre los avances en el caso Plus Ultra. Rápidamente subió la intensidad del tono de la conversación. El comisario general exigía explicaciones a su subordinado directo. Desde su punto de vista, la falta de información sobre una investigación de tal magnitud resultaba inaceptable dentro de la cadena de mando policial.

Alonso, sin embargo, respondió que él mismo carecía de información detallada sobre el estado de la investigación. La razón no era un descuido ni una decisión personal, sino consecuencia directa de una instrucción extraordinaria dictada desde la Fiscalía Anticorrupción: los agentes encargados de la investigación —los instructores del caso dentro de la UDEF— habían recibido órdenes explícitas de no informar a sus superiores jerárquicos sobre los avances de la causa. En su lugar, debían comunicar directamente cualquier novedad al Ministerio Público y al juzgado instructor. La indicación partía del fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, y fue trasladada a los investigadores en el marco de un procedimiento bajo secreto de sumario. Una decisión adoptada tras la exclusiva de THE OBJECTIVE sobre la «explosión controlada» del caso Plus Ultra y cómo Zapatero tenía el control de una causa que le afectaba indirectamente a través del comisario jubilado Segundo Martínez.

Una orden excepcional

La instrucción de Anticorrupción no respondía a un capricho procesal. Según explican fuentes jurídicas y policiales, se trataba de una medida de blindaje adoptada para evitar filtraciones internas y proteger la investigación judicial. El fiscal Luzón advirtió a los agentes de la UDEF de que cualquier información sobre las diligencias debía remitirse directamente al juzgado y al Ministerio Fiscal, sin pasar por el circuito habitual de mando. El objetivo era doble. Por un lado, impedir que posibles investigados o personas vinculadas a la trama pudieran tener conocimiento anticipado de los movimientos de la Policía. Por otro, evitar que la difusión prematura de datos sensibles pudiera poner en peligro la investigación mediante la destrucción de pruebas o la coordinación de versiones entre los implicados.

La raíz de este movimiento excepcional se encuentra en una decisión adoptada semanas atrás por la Fiscalía Anticorrupción y el juzgado que entonces instruía la causa, dirigido por la magistrada Esperanza Collazos. Ambas instituciones optaron por cortar el circuito interno de información dentro de la Policía Nacional y ordenar que los investigadores de la UDEF reportaran directamente al juzgado y al Ministerio Público. Se trataba de una ruptura deliberada con el funcionamiento habitual de la cadena de mando policial. En condiciones normales, los informes de los agentes siguen un recorrido jerárquico claro: primero se remiten a los responsables directos de la unidad, después ascienden a la Comisaría General de Policía Judicial y finalmente llegan a la cúpula operativa del cuerpo. Ese circuito permite a los mandos tener una visión global de las investigaciones en curso y coordinar recursos. Pero también implica que un número mayor de personas tenga acceso a información sensible.

La preocupación por las filtraciones

La decisión se produjo en un contexto especialmente sensible. La investigación sobre el rescate de Plus Ultra había empezado a generar una fuerte presión política y mediática, especialmente por las posibles derivaciones que podía tener en el entorno del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Fuentes policiales señalaron entonces a THE OBJECTIVE que la medida pretendía blindar unas diligencias especialmente delicadas. La causa analizaba el rescate de 53 millones de euros concedido en 2021 a la aerolínea a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la SEPI. Durante los registros practicados en diciembre en la sede de la compañía y en varios domicilios y despachos vinculados a la trama, los agentes se incautaron de abundante documentación. El análisis de ese material documental se convirtió en una de las principales líneas de trabajo de los investigadores.

Mientras tanto, la investigación judicial siguió avanzando en paralelo a los movimientos internos dentro de la Policía. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha terminado asumiendo la competencia para investigar el rescate de Plus Ultra, confirmando así el traslado del procedimiento desde un juzgado de Madrid a la jurisdicción central. En su resolución, el magistrado ha decidido mantener el secreto de las actuaciones, una medida que suele adoptarse cuando existen diligencias sensibles aún por practicar o cuando el contenido del sumario puede comprometer nuevas líneas de investigación.