Giro de la Seguridad Social: usará «tecnología avanzada» para evitar amaños en oposiciones

El Ministerio de Seguridad Social extremará la vigilancia en sus oposiciones tras el caso de amaño que investiga la Fiscalía en las pruebas de acceso al cuerpo de administrativos que se realizaron el año pasado en Galicia. El departamento dirigido por Elma Saiz ha incorporado esa novedad en la convocatoria de las próximas pruebas que se celebrarán el 28 de junio. Según reza la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el tribunal «podrá hacer uso de equipos de tecnología avanzada que permitan detectar la utilización de dispositivos electrónicos ocultos de forma fraudulenta durante la realización de los exámenes». Una medida muy demandada por los aspirantes afectados tras el escándalo de las últimas oposiciones.

Hasta ahora, la Seguridad Social no empleaba ningún tipo de dispositivo para localizar este tipo de elementos, más allá del control que realizan los supervisores de las pruebas. En las últimas oposiciones, distintos aspirantes denunciaron que no hubo vigilancia efectiva en muchas sedes, lo que pudo facilitar el uso de aparatos tecnológicos como relojes, pinganillos o gafas inteligentes, capaces de capturar imágenes y vídeos a partir de minicámaras integradas. El Ministerio Público investiga precisamente una presunta trama que habría facilitado los resultados a decenas de personas que se examinaron en la provincia de La Coruña y obtuvieron los 34 resultados más altos del examen a nivel nacional.

La última vía de los afectados

Mientras avanzan las pesquisas, los opositores han intentado frenar sin éxito el proceso selectivo. El ministerio rechazó a principios de marzo la última vía de los aspirantes para paralizar las oposiciones del cuerpo de administrativos de la Seguridad Social. Según ha podido saber THE OBJECTIVE, el área de Elma Saiz ha tumbado decenas de recursos de reposición de opositores que solicitaron como medida cautelar la suspensión temporal del proceso selectivo después de que el departamento ratificase los aprobados definitivos y con ello el reparto de las plazas a quienes hubiesen superado los exámenes.  La exsubsecretaria de Seguridad Cristina Asacia rubricó esa decisión el mismo día que presentó su dimisión «por motivos personales».

Los aspirantes afectados consideran que el caso del presunto amaño pone en duda la transparencia de la oposición. Por este motivo pidieron al ministerio que frenase el proceso hasta que la Fiscalía culminase su investigación. La Seguridad Social, sin embargo, considera que debe prevalecer «el interés general y de terceros», habida cuenta de que la suspensión frustraría «las legítimas aspiraciones de quienes verían dilatada innecesariamente su nombramiento e incorporación a sus destinos obtenidos (…) con consecuencias personales, familiares y laborales perjudiciales para sus intereses», según reza el escrito firmado por la nueva subsecretaria Blanca Breñosa. 

El argumento del ministerio es que las presuntas irregularidades en La Coruña no pueden extenderse al resto de sedes y de opositores que en un principio han obtenido sus calificaciones de forma rigurosa. Aunque, tal como ha publicado este periódico, la sombra de la duda también se ha cernido sobre otros centros examinadores en los que no se repartieron todos los modelos de examen, entre otras anomalías. De hecho, un opositor ha pedido recientemente amparo al Defensor del Pueblo para que se investigue el caso de tres hermanas que han obtenido plaza y solo tuvieron un error en los exámenes que realizaron en la sede de Madrid. Un hecho totalmente inusual y que ha levantado sospechas entre los opositores.

Las oposiciones en La Coruña

Por ahora, la Fiscalía investiga las pruebas que se hicieron en la sede de La Coruña después de que las 34 mejores notas del primer ejercicio tipo test correspondieran a aspirantes examinados en la citada provincia, tal como reveló THE OBJECTIVE. Celanova (Ourense) se ha convertido en el centro de las pesquisas del fiscal después de que este periódico desvelase que 12 habitantes (la localidad tiene 5.700 vecinos), todos ellos con nexos comunes, lograron altas calificaciones en las oposiciones de la Seguridad Social, Hacienda y ADIF. 

Por si esta concentración no resultase lo suficientemente anómala, siete de los aspirantes que obtuvieron sobresaliente en la oposición de la Seguridad Social en Galicia figuraban también como aprobados en listados oficiales de distintos procesos estatales, según el cruce de resoluciones hecho por este diario. En otras palabras, estas siete personas, todas ellas examinadas en La Coruña, tenían una plaza de funcionario ya en el cuerpo de Auxilio Judicial, dependiente del Ministerio de Justicia; en ADIF; o en la Administración General del Estado (AGE). 

Estas irregularidades en los procesos selectivos esconderían detrás un supuesto entramado corrupto que vendería plazas en organismos públicos a cambio de grandes sumas de dinero. Todo con el mismo modus operandi: reuniones en hoteles, pagos de entre 20.000 y 60.000 euros dependiendo de la oposición y la entrega de pinganillos para el chivatazo de las pruebas, según han revelado fuentes conocedoras de estos hechos. La venta de plazas para ser funcionario del Estado no solo se limitaría a la Seguridad Social; entre la cartera de opciones se incluirían también Instituciones Penitenciarias, Hacienda, la Administración General del Estado (AGE) y la Policía Nacional.