El 'testaferro' ligado al PSOE ha impulsado 375 empresas de renovables desde el año 2018

Roberto Pérez Águeda, el abogado en el que confluyen tres tramas de corrupción, aparece como apoderado y representante de un total de 375 empresas, la inmensa mayoría de ellas vinculadas al sector de las renovables. La extensa estructura societaria comenzó a tejerse en verano de 2018, coincidiendo con la llegada al poder de Pedro Sánchez y el impulso a las «energías limpias» por parte de Moncloa. En apenas ocho años, la red vinculada a Forestalia, relacionada con Servinabar y salpicada por los casos Koldo y SEPI, se ha hecho con una enorme cuota de mercado de las renovables. Y Pérez Águeda, que fue en las listas electorales del PSOE, partido que le colocó como consejero en la Caja de Ahorros de Segovia, fue uno de sus presuntos cerebros.

Pérez Águeda representa para la investigación del caso Forestalia lo que la Guardia Civil llama una ‘persona de gran interés’. Este abogado de origen segoviano habría sido, según los agentes que llevan el caso, el encargado de «triangular la propiedad de las sociedades y ocultar a los beneficiarios» en esta trama, que se bifurca hacia el caso Koldo y el caso SEPI.

Su nombre aparece vinculado a una madeja societaria de compañías dedicadas a la producción de energías renovables. Firmas que, en la mayoría de los casos, nunca llegaron a producir un solo megavatio: el negocio organizado por Forestalia se basa en conseguir y vender la licencia medioambiental al mejor postor. Y en ese proceso es donde el gigante de las renovables hacía amigos en las altas esferas del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico de Teresa Ribera y en el Gobierno de Aragón.

Forestalia y las renovables

El abogado creó o administró una decena de empresas entre 2012 (su estreno como empresario, una vez que dejó de ser consejero en Caja Segovia a propuesta del PSOE) y el verano de 2018. Fue en ese momento cuando Pérez Águeda se convirtió en un nombre habitual del Registro Mercantil, creando empresas por docenas.

En junio de 2018, Sánchez, recién llegado a Moncloa, anunció que aprobaría una «ley de Transición Energética y Cambio Climático que incentive la inversión en renovables». Solo unos días más tarde, el magnate de las renovables y dueño de Forestalia, Fernando Samper, convirtió a Pérez Águeda en apoderado de su sociedad matriz (Fernando Sol). Para sorpresa de los investigadores, el propietario del gigante aragonés incluso aparece empadronado en casa del abogado.

Aquello fue la eclosión de esa extensa red de empresas, cuya denominación casi siempre empieza por Energías Renovables y va acompañada de un apellido, en muchas ocasiones inspirado en dioses griegos: Perseo, Hades o Calíope. En estas últimas se asoció con otro viejo conocido de la Guardia Civil: el empresario Joseba Antxon Alonso, presunto socio del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en Servinabar, la misma empresa que canalizaba las supuestas mordidas de grandes constructoras como Acciona a cambio de lograr obra pública.

La red societaria alcanzó casi las 400 firmas en ocho años. Samper aparece vinculado a más de un millar de estas diminutas empresas sin empleados ni actividad, pero por cuyas cuentas en ocasiones pasan millones de euros. Todo ese entramado ha propiciado un negocio milmillonario para esta empresa aragonesa. Uno de los grandes hitos fue lograr una plusvalía de unos 500 millones de euros por traspasar a un fondo de inversión danés un megaproyecto eólico. Para eso fue clave una decisión insólita del Consejo de Ministros, tal y como contó THE OBJECTIVE.

En las listas del PSOE

Pérez Águeda es el nexo que conecta tres tramas de corrupción vinculadas al PSOE. En 2007 ocupó el quinto puesto en la candidatura socialista de Riaza, un municipio segoviano de apenas 2.200 habitantes estrechamente ligado a Óscar López, cuya familia materna es originaria de allí y donde ha participado en decenas de actos políticos. El equipo del ministro niega que ambos se conozcan o tengan algún parentesco, pese a compartir apellido y origen.

Meses después de aparecer en esa lista electoral, las Cortes de Castilla y León designaron a Pérez Águeda consejero de la Caja de Ahorros de Segovia a propuesta del grupo socialista. Óscar López era entonces diputado por Segovia. El cargo no conllevaba sueldo fijo, pero cada consejero percibía entre 8.000 y 11.000 euros anuales por asistir a una serie de reuniones a lo largo del año.

Tres tramas

El despacho de Pérez Águeda en la calle Serrano de Madrid aparece de forma recurrente en tres investigaciones judiciales: los casos Forestalia, Koldo y SEPI. En el primero, fue detenido el pasado 3 de marzo en el marco de una causa sobre licencias medioambientales irregulares. El Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel le atribuye delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales. La Guardia Civil le considera testaferro del dueño de Forestalia.

En el caso SEPI, Pérez Águeda figura como representante legal de Arapellet, filial de Forestalia que recibió una subvención pública de 17,3 millones de euros en 2022. En el caso Koldo, los registros mercantiles revelan que Antxon Alonso, presunto socio de Cerdán, adquirió en 2022 una empresa que había pertenecido a este abogado. Los investigadores consideran que su estrategia consistía en crear estructuras societarias complejas para mover negocios y ocultar a sus beneficiarios reales, manteniéndose siempre en un segundo plano.

Uno de los episodios más llamativos de la investigación tiene que ver con un robo desvelado por este diario. En la primavera de 2024, la Policía Nacional se personó en las oficinas de Forestalia en Madrid para indagar la sustracción del portátil de Pérez Águeda. El dispositivo que, a priori, contenía información confidencial que podría explicar parte de la presunta operativa corrupta. El portátil nunca apareció y la investigación quedó archivada sin identificar al autor.