La maniobra del Gobierno para personarse en el 'caso Ábalos' no logrará frenar el juicio

Las puertas del Tribunal Supremo se abren este martes para acoger el juicio más amargo de la era Sánchez, pero la batalla en los despachos de la Abogacía del Estado ha continuado hasta que se han encendido las luces del Salón de Plenos. Mientras tanto, los servicios jurídicos del Gobierno han formalizado un recurso contra la resolución de la Sala de lo Penal que los expulsó del procedimiento. Una maniobra que, según ha podido saber THE OBJECTIVE por fuentes jurídicas, tiene un objetivo oculto: paralizar el inicio de la vista oral. Sin embargo, la estrategia de Moncloa nace muerta. El Supremo no tiene intención de detener el cronómetro y los magistrados se perfilan hacia un rechazo de plano a esta pretensión dilatante.

Este martes, José Luis Ábalos, el hombre que en 2018 sermoneaba sobre la decencia desde la tribuna del Congreso para aupar a Pedro Sánchez, se sienta en el banquillo de los acusados. Lo hace escoltado por su escudero Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, enfrentándose a una petición fiscal de 24 años de cárcel. Pero la noticia esta mañana no es solo el banquillo, sino el intento del Gobierno por figurar, a última hora, en la mesa de las acusaciones para evitar la foto de «cómplice», explican.

Una personación «envenenada»

El origen de este esperpento procesal radica en el ofrecimiento de acciones que el Supremo realizó a las empresas públicas Ineco y Tragsatec. Ambas entidades, bajo el paraguas del Ministerio de Transportes, fueron el vehículo utilizado para contratar a Jésica Rodríguez, amante de Ábalos, quien se embolsó más de 44.000 euros de dinero público sin haber pisado jamás la oficina. La Fiscalía Anticorrupción, liderada por Alejandro Luzón, ofreció al Estado personarse como perjudicado por la malversación de esos sueldos «fantasma».

Sin embargo, el escenario dio un vuelco hace apenas unos días cuando la defensa de Koldo García interpuso un recurso de súplica que la Sala de lo Penal terminó estimando. El argumento fue un misil a la línea de flotación de Moncloa: existe una incompatibilidad manifiesta entre la condición de perjudicadas de estas empresas y su posible responsabilidad penal. En la pieza que aún se instruye en la Audiencia Nacional, se investiga si estas sociedades fallaron —con conocimiento o sin él— en sus controles internos. El Supremo asumió esta tesis el pasado 26 de marzo y cerró la puerta a la Abogacía del Estado, dejándola fuera del juicio que empieza hoy.

Con los furgones de la Guardia Civil trasladando ya a los acusados desde la prisión de Soto del Real, el Gobierno ha quemado su último cartucho: recurrir esa expulsión. Fuentes judiciales consultadas por este periódico son tajantes: «La pretensión es paralizar el juicio». Al presentar este recurso justo antes de la apertura de la sesión, se busca forzar una suspensión técnica para resolver quién tiene derecho a acusar. Pero el plan tiene fisuras.

Las mismas fuentes aseguran que la Sala que preside Andrés Martínez Arrieta no va a permitir que un recurso sobre la presencia de la Abogacía dinamite un calendario que ya tiene citados a 81 testigos, incluidos ministros y altos cargos. La maniobra se interpreta en el Alto Tribunal como un «brindis al sol» procesal que busca, sobre todo, un efecto político: que el Gobierno pueda vender el relato de que ellos son «los estafados» por la trama y no quienes miraron hacia otro lado mientras se regaban con dinero público los caprichos del ministro.

Incluso en el remoto caso de que el Supremo diera marcha atrás hoy mismo y permitiera la entrada de la Abogacía del Estado, su papel sería de figurante. El artículo 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) es la barrera legal que Moncloa prefiere omitir. La norma establece que los perjudicados que se personen una vez transcurrido el término para formular acusación —como sucede aquí— solo pueden ejercer la acción penal adhiriéndose al escrito del Ministerio Fiscal. Es decir, la Abogacía del Estado llega tarde para pedir penas por su cuenta o introducir nuevos delitos. Solo podría «ir a rebufo» de Alejandro Luzón para reclamar la devolución de los 44.000 euros de Jésica. Esto refuerza la tesis de que el movimiento es puramente de imagen: el Gobierno necesita desesperadamente pasar de ser el entorno del acusado a ser el acusador.

Lo que se juzga hoy en el Supremo es mucho más que un caso de corrupción; es el intento de Pedro Sánchez de levantar un cortafuegos jurídico. Al intentar personarse contra Ábalos, el Ejecutivo pretende borrar las huellas de la «connivencia de los controles» que permitieron a la trama operar con total impunidad en el Ministerio de Transportes. «Resulta sarcástico que quienes permitieron que una mujer cobrara de dos empresas públicas sin trabajar pretendan ahora ejercer de acusadores por esos mismos hechos», señalan voces críticas en el entorno del Supremo a THE OBJECTIVE.

La defensa de Koldo ya lo dejó claro: Ineco y Tragsatec no pueden ser víctimas cuando sus sistemas de cumplimiento fueron, presuntamente, el alfombrado rojo para el tráfico de influencias. A pesar del ruido jurídico provocado por Moncloa, el juicio no se detiene. Ábalos, que llega a la cita en prisión preventiva por riesgo de fuga, escuchará hoy el acta de acusación que lo sitúa en la cúspide de una «organización criminal».