Los casos pendientes de la Justicia militar se duplican en solo dos años

La justicia militar española atraviesa un problema de saturación que va a más. Los datos oficiales del Ministerio de Margarita Robles muestran un fuerte aumento de los procedimientos pendientes, lo que evidencia un atasco en los tribunales castrenses que ya puede calificarse de estructural. Mientras el Gobierno afronta el debate sobre el aumento del gasto en defensa, los datos muestran que uno de los pilares del sistema —la Justicia militar— acumula retrasos crecientes.

Según las estadísticas de la Jurisdicción Militar, los recursos contencioso-disciplinarios pendientes han pasado de 130 casos en 2022 a 367 en 2024, lo que supone un incremento del 98% en solo dos años. Si se amplía la serie temporal, el aumento alcanza aproximadamente el 125% en tres años, confirmando una tendencia sostenida al alza. En 2024, los tribunales militares tuvieron que hacer frente a cerca de 400 procedimientos, pero apenas resolvieron una pequeña parte, lo que alimenta el aumento continuo de asuntos pendientes.

Este crecimiento no responde únicamente a un aumento de la actividad, sino a un desequilibrio claro entre los asuntos que entran y los que se resuelven. En 2024, los tribunales militares tuvieron que hacer frente a 399 procedimientos, pero solo lograron finalizar 32, lo que deja la mayor parte de los casos acumulándose año tras año. El aumento se explica sobre todo por los recursos contencioso-disciplinarios —relacionados con sanciones internas—, que son los que más crecen y los que más se acumulan.

Los propios informes oficiales reconocen que estos datos buscan «describir la carga de trabajo que soportan dichos órganos», una carga que, a la vista de la evolución reciente, no deja de crecer. La jurisdicción militar, integrada en el Poder Judicial pero limitada «al ámbito estrictamente castrense», tramita tanto procedimientos penales como recursos disciplinarios. Son precisamente estos últimos —relacionados con sanciones dentro de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil— los que concentran buena parte del atasco.

El problema no es nuevo, pero sí se ha intensificado en los últimos años. En 2023 ya se había producido un salto notable, al duplicarse prácticamente los casos pendientes hasta alcanzar los 250. Desde entonces, lejos de corregirse, la situación ha seguido empeorando. La evolución de los datos apunta a un sistema que acumula retrasos de forma progresiva. Cada año entran más asuntos de los que se resuelven, lo que incrementa el volumen de procedimientos sin cerrar y tensiona el funcionamiento de los tribunales.

La estadística oficial cumple una función clave: ofrecer una radiografía de la justicia militar que, más allá de los detalles técnicos, revela una conclusión clara: el sistema no está absorbiendo su propia carga de trabajo. La estadística oficial dibuja una realidad difícil de ignorar: la Justicia militar no solo soporta una mayor carga de trabajo, sino que es incapaz de absorberla. Y cada año que pasa, el atasco crece.