Interior oculta los informes que justifican la protección policial para Sarah Santaolalla

El Ministerio del Interior ha denegado el acceso a los informes que justifican la protección policial a Sarah Santaolalla alegando motivos de «seguridad pública» y «protección de personas». La solicitud de información fue presentada por THE OBJECTIVE a través del Portal de Transparencia. Según el escrito de respuesta, estos procedimientos están regulados por una instrucción interna —la Instrucción 3/2025 de la Secretaría de Estado de Seguridad— cuyo contenido está sometido a un régimen de acceso restringido.

El ministerio de Fernando Grande-Marlaska decidió poner escolta a la tertuliana después de que denunciara una supuesta agresión por parte del periodista Vito Quiles, que ni un vídeo del incidente ni el parte médico respaldaban. El sindicato Jupol, mayoritario en la Policía Nacional, denunció que el dispositivo asignado a la activista Santaolalla suponía «un coste aproximado de 12.000 euros brutos para las arcas públicas».

Interior argumenta que facilitar los informes que determinaron el despliegue podría «afectar gravemente a la seguridad pública». Por este motivo apela al artículo 14.1.d de la Ley de Transparencia para denegar el acceso a la documentación solicitada. Además, subraya que no procede realizar consideraciones sobre casos concretos, en línea con la normativa que regula este tipo de información sensible. En la resolución recuerdan que estas materias están amparadas por la legislación sobre secretos oficiales y por acuerdos del Consejo de Ministros.

El Senado exige al Gobierno los criterios de escolta asignados

El Senado aprobó el pasado miércoles la moción del Partido Popular en la que insta al Gobierno a presentar el protocolo de actuación, el informe de valoración de riesgo y los criterios objetivos aplicados para la asignación de escolta policial de «élite» a Sarah Santaolalla. La moción contó con 145 votos a favor (PP y UPN), la abstención de Vox y 113 votos en contra del resto de partidos de la Cámara.

En la iniciativa, los populares destacaron que «el Juzgado de Guardia de Madrid descartó expresamente cualquier riesgo objetivo para su vida y denegó la orden de alejamiento solicitada contra un reportero». Además de este punto, la moción pedía medidas para luchar contra las agresiones sexuales y mejorar la protección a las víctimas.

En el debate de la iniciativa, la senadora del PP Nidia Arévalo acusó al Gobierno de «proteger a sus agitadores mediáticos» y de «poner policía a medida a una tertuliana afín al PSOE», mientras «no hay recursos para proteger a las víctimas de agresiones sexuales y de violencia de género».

«Ha filtrado la dirección de mi domicilio»

Sarah Santaolalla denunció el pasado jueves, en la red social X, que Vito Quiles había filtrado la dirección de su domicilio. «Sus seguidores están amenazándome y señalando dónde vivo. Solo espero que, si algún día pasa algo, todos sepáis quién tuvo la culpa. Esto ya es insoportable», aseguró.

Vito Quiles respondió a Santaolalla en la misma red social: «Estás obsesionada conmigo y te voy a denunciar. Soy demasiado joven para ti, déjame en paz. La única payasa que ha compartido imágenes de su domicilio eres tú, para difundir la matrícula de un coche. Es decir, un delito».

Estas declaraciones llegan después de la polémica protagonizada por la pareja de la tertuliana y presentador del programa de Televisión Española Mañaneros 360, Javier Ruiz, con el excomisario Villarejo, que le recordó en directo cómo le había reprochado que no le pasara información, y sacó luego un audio con la conversación que Ruiz negaba.

Además, el Consejo de Informativos de la televisión pública ha acusado al programa de incumplir, «de forma habitual y reiterada», las normas fundamentales para la elaboración de información en la Corporación. Previamente, la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo ha determinado que Ruiz vulneró el Código Deontológico en el programa. La comisión así lo comunicó tras recibir y analizar una reclamación contra el presentador, por afirmar en una entrevista realizada a la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, que «nueve de cada diez violaciones en España son cometidas por españoles».