La Junta de Andalucía recompra 70 edificios y pone fin a la «herencia envenenada» del PSOE
Andalucía ahorrará más de 100 millones para los fondos públicos tras la recompra de las sedes administrativas
Juanma Moreno ha anunciado un acuerdo con la empresa WP Carey por valor de 328 millones de euros para la recompra de 70 inmuebles, los cuales fueron vendidos por la Junta de Andalucía en 2014. La decisión del Gobierno andaluz supondrá un ahorro de más de 100 millones para las arcas públicas, más los alquileres que habría que pagar a partir del año 2034.
La Junta de Andalucía pone fin a la operación financiera iniciada en 2014 por la actual ministra en funciones de Hacienda y Función Pública y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero. La entonces consejera andaluza de Hacienda y Administración Pública llevó a cabo en el mandato de Susana Díaz un contrato por el cual recibía 300 millones de euros a cambio de un lote de 70 edificios públicos.
El acuerdo obligaba a la Junta de Andalucía a mantenerse como inquilina en los edificios vendidos hasta 2034, pagando un alquiler mensual. El coste de esta operación suponía un total de 28,5 millones de euros anuales, cifra que ha ido aumentando con el paso de los años hasta alcanzar los 35,5 millones de euros, ya pagados en el presente año.
Juanma Moreno ha destacado el «desorden» en la gestión del patrimonio inmobiliario público que encontró su gobierno cuando accedió a la Junta de Andalucía en 2019. El presidente andaluz ha tildado de «herencia envenenada» el contrato del PSOE que vinculaba a Andalucía con una deuda continua.
La Junta de Andalucía ha puntualizado que los más de 35 millones anuales que se ahorrarán a partir de ahora se destinarán a las partidas presupuestarias más necesitadas, como lo son: Educación, Sanidad, Dependencia o servicios sociales. Juanma Moreno ha subrayado que «esos 35,6 millones equivalen al salario bruto anual de más de mil docentes o a lo que cuesta construir diez colegios».
Una «mala decisión»
El presidente andaluz afirma que la operación de 2014 fue denunciada incluso por la Cámara de Cuentas debido a los perjuicios que conllevaría: «Los 300 millones que se ingresaron por la venta de los edificios se gastaron y lo que quedó fue una deuda de por vida, un problema que no existía y que se generó por una mala decisión».
El dinero que adquirió la Junta de Andalucía en 2014, según Juanma Moreno, «se ingresó, se gastó y se hipotecó el patrimonio de los andaluces». Por ello, la decisión del actual Gobierno andaluz viene a «poner sentido a las cuentas públicas».
Juanma Moreno ha incidido en que hasta 2034 se habrían pagado unos 708 millones de euros en concepto de renta, lo que supondría casi dos veces y media lo recibido, además de los 40 millones anuales de «de por vida».
La Junta de Andalucía ha expresado que tras haber concluido los 20 años de contrato, se tendría que iniciar la búsqueda para alquilar nuevos inmuebles que sirvan como sede para los 8.600 empleados públicos que actualmente realizan sus labores en los edificios recomprados. O bien, se debería seguir pagando a la empresa «Inversiones Holmes» por el alquiler de los inmuebles.
Entre las sedes que se encuentran dentro del contrato destacan algunas como la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad o la Consejería de Agricultura. También están incluidas delegaciones territoriales o conservatorios. Los 70 inmuebles están repartidos a lo largo de las ocho capitales andaluzas.
El contrato de alquiler establecido en 2014 recogía que independientemente de cuál fuera el IPC, el precio de la renta subiría al menos un 1,5%. El presidente andaluz ha explicado que por este motivo, a pesar de que el IPC ha subido desde 2014 un 21,4%, el precio del alquiler que han estado pagando ha aumentado en un 25%.
Una de las exigencias establecidas en el contrato de 2014 obligaba a la Junta de Andalucía a acarrear un gran porcentaje de los costes de mantenimiento propios de los inmuebles, así como otro tipo de tasas como las cuotas de comunidad o la totalidad de los suministros. La Junta de Andalucía ya habría pagado en torno a diez millones de euros en gastos de mantenimiento, reparación y conservación.
El valor fijado se pagará en los Presupuestos de 2024, los cuales se presentarán en el Parlamento de Andalucía el próximo 31 de octubre.
