Griñán premió con una medalla a la magistrada del TC que prepara la sentencia de los ERE

Ocurrió el 28 de febrero de 2012. El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, presidía la entrega de la Medalla de Andalucía a la magistrada Inmaculada Montalbán, entonces vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género y la Comisión de Igualdad del órgano de gobierno de los jueces. 11 años después, la ahora magistrada y vicepresidenta del Tribunal Constitucional (TC) será la encargada de redactar la ponencia sobre los recursos de amparo promovidos por los condenados en el caso ERE, entre ellos el propio Griñán. Una sentencia que podría anular la condena dictada por la Audiencia de Sevilla y confirmada por el Tribunal Supremo contra los exdirigentes del PSOE andaluz.

Presentaba la ceremonia el entonces viceconsejero de Presidencia de la Junta, Antonio Lozano, también condenado a nueve años de inhabilitación especial por prevaricación en el caso ERE. Unos días antes, el propio Griñán había firmado un decreto por el que se concedía a Montalbán la Medalla de Andalucía por su labor contra la violencia de género, su compromiso «con la conquista de mayores cotas de calidad democrática» y «su firme defensa del estado de derecho», según viene recogido en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

La condecoración se produjo «a iniciativa y propuesta de la Consejería de la Presidencia (de la Junta de Andalucía) y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 21 de febrero de 2012». El propio Griñán firmó el decreto y presidió la ceremonia de entrega de esa distinción a Montalbán, como recogen las imágenes de aquel acto en el Teatro de la Maestranza de Sevilla. Además de destacar que se había convertido en 2008 en la primera mujer andaluza en ocupar un asiento como vocal en el CGPJ, a propuesta del PSOE y como miembro de la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), el gobierno autonómico andaluz subrayó el papel de Montalbán como experta en violencia de género.

Medalla de Griñán a Montalbán

«Su principal mérito es el servicio diario que presta a la sociedad y su compromiso con las mujeres que caminan por el largo túnel de la violencia de género, porque cuando una mujer es agredida, se ataca a los propios cimientos de nuestra convivencia, a todos a los que somos y queremos ser parte de una sociedad justa», indicaba el Ejecutivo de Griñán en el decreto por el cual se concedía a Montalbán la Medalla de Andalucía. Una distinción que la Junta concede anualmente, y desde 1985, a personalidades andaluzas de distintos ámbitos «en reconocimiento a las acciones, servicios y méritos excepcionales o extraordinarios realizados por personas o entidades que sean manifestación del trabajo y la solidaridad en beneficio de los demás ciudadanos».

Al enterarse de que había sido distinguida con la Medalla de Andalucía, la magistrada se mostró «emocionada» y «entusiasmada». «La Medalla me hará trabajar más por una mejor calidad democrática de nuestra sociedad y para responder a mi gente, que son los andaluces, que seguiré caminando por esta senda», indicaba entonces en declaraciones recogidas por Europa Press. «Voy a seguir trabajando en beneficio de toda la sociedad», añadía.

Nueve años después, en noviembre de 2021, Montalbán sería nombrada como magistrada del TC a propuesta del PSOE. Y unos meses más tarde, en la última renovación de la corte de garantías, fue elegida como vicepresidenta del TC por la actual mayoría progresista presidida por Cándido Conde-Pumpido. Era la primera vez en la historia que no se elegía como vicepresidente a un magistrado del tercio saliente. Montalbán había cumplido apenas uno de los nueve años para los que fue elegida como magistrada de la corte de garantías. Lo habitual es que ese puesto lo ocupe un magistrado que haya cumplido seis años en el TC y le resten tres para acabar su mandato.

La sentencia del caso ERE

11 años después de haber recibido la máxima distinción concedida por la Junta de Andalucía que presidía Griñán, Montalbán está a cargo de la ponencia sobre los recursos de amparo presentados por los doce condenados del caso ERE. Entre ellos, los expresidentes Griñán y Chávez y otros exaltos cargos que formaban parte del gobierno autonómico andaluz que decidió conceder a la magistrada la Medalla de Andalucía «con todos los honores previstos en el Decreto 117/1985».

Haber recibido un galardón de un exdirigente político, cuyo recurso de amparo tendrá que decidir la magistrada, como en este caso, no está entre los supuestos que contempla la ley como motivo de abstención o recusación para un juez. Sin embargo, fuentes jurídicas señalan que sí podría serlo debido al deber de preservar la apariencia de imparcialidad que exige el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Las mismas fuentes recuerdan que otra magistrada del TC, Concepción Espejel, nombrada a propuesta del PP, fue recusada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y apartada del juicio del caso Gürtel por su vinculación con el Partido Popular. Uno de los argumentos aludidos por las acusaciones de Gürtel hacía referencia a una condecoración que Espejel había recibido de manos de la entonces secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, en un acto en el que la exministra de Defensa se refirió a la magistrada como «Concha», denotando existir una supuesta relación de amistad entre ambas.

¿Doble rasero con las medallas?

Espejel terminó siendo apartada de Gürtel. Pero no por haber recibido ese galardón de manos de Cospedal, sino porque había sido vocal del CGPJ a propuesta del PP. Montalbán fue nombrada como vocal del CGPJ y magistrada del TC a propuesta del PSOE. Y se encargará de resolver los recursos de amparo de los exdirigentes socialistas andaluces condenados por el caso ERE. Como reveló este diario, basándose en el informe de uno de sus letrados adscritos, la magistrada defendió el pasado mes de junio admitir a trámite los recursos de amparo.

La Sala Segunda del TC, presidida por Montalbán, aprobó la admisión a trámite con el voto a favor de cuatro magistrados del llamado sector progresista. Otros dos, los conservadores Enrique Arnaldo y César Tolosa, votaron en contra y formularon un voto particular para expresar su disconformidad. En contra de lo que apunta el informe letrado en el que se basó la admisión, ambos magistrados señalaban que «los recursos de amparo debieron ser inadmitidos a trámite por carecer de especial trascendencia constitucional». La sentencia del caso ERE podría quedar anulada si la mayoría de la corte de garantías considera que se vulneraron los derechos fundamentales de los condenados.