Condenan al exconsejero madrileño Granados a dos años y medio por el 'caso Púnica'
La Audiencia Nacional determina que el expolítico del PP cometió delitos de fraude continuado y prevaricación
El exconsejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados. | Europa Press
Dos años y medio de cárcel para Francisco Granados por el caso Púnica. La Audiencia Nacional ha condenado al exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid durante el mandato de Esperanza Aguirre a dos años y medio de prisión por un delito continuado de fraude, al considerar probado que favoreció a la empresa de eventos Waiter Music en la adjudicación de contratos públicos entre 2007 y 2014. La sentencia, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, impone además a Granados ocho años y medio de inhabilitación por prevaricación. El fallo también condena a dos años de cárcel a David Erguido, concejal de Algete en el momento de los hechos.
La Audiencia también dicta sentencia para los exalcaldes de Valdemoro José Carlos Boza y José Miguel Moreno a cuatro y dos años de prisión, respectivamente, así como a dos años de cárcel a los exregidores de Ciempozuelos, María Ángeles Herrera, y de Moraleja de Enmedio, Carlos Alberto Estrada. En cambio, absuelve a quienes fueron alcaldes de Móstoles, Esteban Parro y Daniel Ortiz Espejo, así como a otros dos acusados en este procedimiento.
Según los hechos probados, Waiter Music mantuvo relaciones contractuales con el Ayuntamiento de Valdemoro entre 2004 y 2013 y, entre 2007 y 2011, también operó con los consistorios de Móstoles, San Martín de la Vega, Algete, Chinchón, Ciempozuelos, Torrejón de Velasco y Moraleja de Enmedio, todos ellos gobernados entonces por alcaldes del PP madrileño. «Tal relación comercial fue posible debido a que los diferentes expedientes administrativos, cuando los había, estaban predeterminados para que fuesen adjudicados, bien a Waiter Music, bien a empresas controladas directa o indirectamente por José Luis Huerta Valbuena», recoge la sentencia.
La sentencia describe una dinámica en la que los ayuntamientos contaban con una empresa que, por un lado, organizaba festejos y eventos municipales con aparente normalidad y, por otro, proporcionaba servicios extra a requerimiento de responsables políticos. Estos servicios adicionales se materializaban tanto en extras decididos durante las propias fiestas como en prestaciones privadas para actos del PP municipal o para miembros concretos del partido, sin que en muchos casos llegaran siquiera a facturarse.
«José Luis Huerta realizaba tales encargos para seguir contando con el favor de los diferentes políticos municipales en la adjudicación de festejos, asumiendo el coste de algunos directamente y, en otros casos, presentando facturas por un importe mayor al propio del beneficio mercantil del coste de los actos», explica la Audiencia Nacional.
La sentencia detalla que esta operativa se repitió durante años en contratos relacionados con fiestas patronales, carnavales, cabalgatas de Reyes y otros eventos municipales. Según los magistrados, el patrón respondía a una dinámica sostenida de adjudicaciones irregulares y contraprestaciones encubiertas.
Impulsor y facilitador
En el caso concreto de Granados, la Sala subraya que su intervención «no se articula como gestor directo del expediente administrativo, sino como elemento impulsor y facilitador del sistema desde una posición de poder político e influencia determinante». Los magistrados consideran probado que el exdirigente popular «mantuvo una capacidad de influencia continuada sobre los órganos decisores, aun sin ostentar formalmente competencia administrativa directa». Esa posición, añaden, le permitió beneficiarse de la relación mediante la recepción sistemática de prestaciones en especie no retribuidas, consistentes en eventos privados sufragados por el empresario José Luis Huerta.
La resolución añade que la propia dinámica de los hechos evidencia que la adjudicación de contratos dentro del ámbito de influencia de Granados se produjo en un contexto en el que la relación personal y política facilitaba decisiones favorables hacia Waiter Music, en conexión con la obtención de beneficios económicos indirectos para el empresario, aunque sin necesidad de una intervención administrativa formal directa del exconsejero.