Un empresario montó actos para el PP sin cobrar «por miedo» a la trama Púnica

El empresario fallecido José Luis Huerta declaró en el caso Púnica que se vio obligado a montar eventos que no le pagaban para el PP en la época de Francisco Granados como secretario general del partido en Madrid «por miedo» a la trama de alcaldes de este partido que le adjudicaban año tras años actos de fiestas locales.

La Audiencia Nacional ha reanudado este martes el juicio al exconsejero de la Comunidad de Madrid y exalcalde de Valdemoro Francisco Granados y otros trece acusados, entre ellos seis exregidores del PP, por la supuesta contratación irregular para actos de fiestas locales entre 2004 y 2013 de la empresa Waiter Music, cuyo dueño, José Luis Huerta, era amigo del primero, según la Fiscalía.

En la sesión de este martes ha sido oída en la vista la declaración prestada en 2018 por José Luis Huerta ante el juez instructor del caso Púnica, Manuel García-Castellón.

José Luis Huerta manifestó que empezó a ser adjudicatario de actos de la fiestas de Valdemoro de la mano de Francisco Granados y que también consiguió contratos para festejos de diversos municipios madrileños gobernados por el PP.

Añadió que cuando Granados fue nombrado en 2003 consejero su poder de decisión en el Ayuntamiento de Valdemoro seguía siendo importante. «Cuando él iba muchos concejales decían ‘ha llegado el jefe’», aseguró Huerta.

Señaló que durante esa época los ayuntamientos iban acumulando deuda con él. «Había que tener cuidado con demandar a alguno porque los alcaldes de un mismo partido lo podían hablar y te podías quedar sin trabajo», apuntó.

El empresario reconoció que también realizó diversos actos para el PP -mítines electorales y fiestas-, que llegó acumular con él una deuda de entre 50.000 y 60.000 euros, y dijo que algunos servicios que prestó para esos eventos del partido se cargaron a las arcas municipales del Ayuntamiento.

Precisó que los actos del PP en Valdemoro se los encargaron entre 2006 y 2008 Francisco Granados y el entonces alcalde y también acusado José Miguel Moreno.

Preguntado por qué no reclamó esa deuda insistió: «Tenía miedo porque me debían mucho dinero».

Aun así dijo que llegó a reclamar el cobro de esos servicios prestados al PP amenazando con dejar de organizar las fiestas y no llevar los artistas que conseguía. «Por Valdemoro fueron esos años los mejores de España, los que más cobraban» destacó.

Recordó que tampoco le pagaron el montaje para un mitin celebrado en 2008 en Algete en el que participó el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato.

José Luis Huerta precisó que al reclamar el pago Granados le decía que no había dinero y le daba largas.

«Pensarían que yo ya ganaba mucho dinero y estaba suficientemente pagado con las adjudicaciones de las fiestas y que tenía que hacer esos eventos del partido», abundó al respecto.

En su declaración el empresario reconoció también que organizó sin cobrarlas fiestas privadas de Granados y otros acusados.

En sus conclusiones provisionales la fiscal pide seis años de prisión para Granados por supuestos delitos de prevaricación administrativa y fraude en la contratación.

Dos de los catorce acusados llegaron al comienzo del juicio a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía para ver rebajada la petición de pena contra ellos a cambio de confesar los hechos, el alcalde de Valdemoro entre 2003 y 2011, José Miguel Moreno, y el exconcejal de Festejos de Moraleja de Enmedio Ricardo Godino.

Además de Granados, Moreno y Godino en el banquillo se sientan otros once acusados, entre ellos el exsenador y exdiputado en la Asamblea de Madrid David Erguido, por su etapa como teniente de alcalde de Algete, y otros exalcaldes de municipios madrileños.

En concreto el sucesor de Moreno, José Carlos Boza, que fue alcalde de Valdemoro entre 2011 y 2014 y los exregidores de Ciempozuelos María Ángeles Herrera, de Móstoles Esteban Parro -también exsenador- y Daniel Ortiz, y de Moraleja de Enmedio Carlos Alberto Estrada.

La Fiscalía pide para ellos entre dos y cuatro años de cárcel, salvo en el caso de Ortiz, para quien solicita inhabilitación de ocho años.