Malestar en Granada con el plan del Gobierno de construir un centro para inmigrantes
Los vecinos recogen firmas y se movilizan mientras que el pleno de Alhendín trata de paralizar la propuesta en el Pleno
Grupos de migrantes procedentes de Canarias, pasean por los alrededores del barrio del El Morche en Torrox | Álex Zea | Europa Press
Varios pueblos de Granada se han visto sorprendidos por una decisión que no ha dejado indiferente a nadie. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones plantea ubicar un centro de acogida con capacidad para 1.500 personas para inmigrantes en el municipio de Alhendín, concretamente en la entrada de la Base Aérea que limita con Armilla y Ogíjares. Los habitantes de Alhendín, Armilla, Ogíjares, Churriana De la Vega y Las Gabias exigen explicaciones y se han organizado para recoger firmas contra la construcción.
El alcalde de Alhendín ha expresado su molestia ante la opacidad con la que se está llevando a cabo el proyecto desde el Ejecutivo central. Según Francisco Rodríguez, el Ayuntamiento no ha recibido ningún informe previo por parte del Gobierno. Tampoco se tiene constancia de que se hayan solicitado permisos municipales para la edificación. Más bien, el primer edil popular ha expresado a través de un comunicado que la implantación de este inmueble incumpliría la normativa urbanística del municipio de Alhendín ya que el solar está catalogado como suelo rústico no urbanizable.
Antonio Manuel Membrilla, portavoz del Partido Popular de Armilla ha expresado a THE OBJECTIVE que los ayuntamientos de alrededor se encuentran en una «nube de incertidumbre». Según explica Membrilla, ni vecinos, empresarios o ayuntamientos tenían constancia de esta decisión por parte del Ejecutivo: «Estamos en contra de que esto se lleve a cabo de la noche a la mañana. Es una cuestión a resolver de forma controlada. Hay una sensación de falta de información que nos escama».
Fuentes consultadas por THE OBJECTIVE aseguran que la polémica ha saltado a la esfera pública en el momento que se ha dado a conocer la concesión a los ayuntamientos, documento en el cual aparece abril como inicio de las obras. Además, empresas de áridos y maquinaria también habrían ofrecido presupuestos para el proyecto en cuestión.
Indignación en los municipios
El portavoz popular reconoce que los servicios básicos no estarían preparados para acoger a más de 1.000 personas. Armillas lleva años demandando una ampliación y una serie de mejoras de su centro de salud que es incapaz de sufragar la demanda asistencial. La llegada masiva de inmigrantes provocaría un «desborde» en las prestaciones esenciales.
El subdelegado del Gobierno de Granada, José Antonio Montilla, ha salido en defensa de la propuesta y ha clarificado que el procedimiento todavía se encuentra en situación de «estudio». Montilla ha justificado que los ayuntamientos no tengan ningún tipo de información al tratarse de un plan «nada formal», realidad que contrasta con los informes de adjudicación que establecen el primer día de abril para ejecutar las obras.
El pueblo ya ha comenzado a movilizarse en contra del proyecto y ha iniciado una recogida de firmas. Los vecinos han creado un grupo de Whatsapp con más de 500 miembros que usan para informarse y coordinarse. Los dueños de las residencias de lujo en Ogíjares también expresan su preocupación mutua a través de otro grupo en esta red social. Y conforme pasan las horas, más interesados se suman para conocer los últimos acontecimientos sobre la polémica y poder tomar partido sobre ella.
Clase política en contra
En los ayuntamientos existe un sentir común sobre la construcción de este centro de acogida. En el Pleno de Alhendín, PP y VOX han votado a favor de la suspensión de estas obras impulsadas por la Administración del Estado, mientras que el PSOE se ha abstenido.
El documento de propuesta de acuerdo recoge que los terrenos son de naturaleza rústica y que el proyecto que se pretende llevar a cabo no se ha comunicado al Ayuntamiento de Alhendín. El escrito será remitido a la empresa Tragsa, constructora que anunció el inicio de las obras, así como al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Los alcaldes de los pueblos afectados, Francisco Rodríguez y Estéfano Polo (PP) y Loli Cañavate (PSOE) han declarado públicamente su desconcierto sobre la falta de transparencia en este planteamiento. El subdelegado del Gobierno de Granada, por su parte, ha explicado que son las cuestiones jurídicas como la viabilidad de construir sobre ese suelo son las que siguen analizándose.
Implicaciones jurídicas
El Ayuntamiento de Ogíjares también ha remitido un comunicado para expresar su postura: «Consideramos que la ubicación no es la idónea por el tipo de residencias, servicios y centros educativos colindantes. Además, la instalación no está permitida en su normativa urbanística, ya que el suelo está calificado como rústico en su PGOU. Manifestar el malestar de nuestros vecinos y el nuestro por la forma en la que se ha informado del asunto ya que ningún organismo público se ha pronunciado ante el hecho y han sido los medios de comunicación los que nos han facilitado la información».
Fuentes cercanas al Gobierno autonómico reconocen a THE OBJECTIVE que la Junta de Andalucía ya está estudiando las posibles contraindicaciones jurídicas de la ejecución y trabajarán para que no se produzca ningún tipo de irregularidad sobre el terreno.
El Ministerio de Defensa habría cedido los terrenos de 105.000 metros cuadrados a Inclusión e Inmigración. Los solares, según documentos oficiales del Ministerio de Defensa, fueron comprados en la década de 1940 a un particular y a una comunidad religiosa. Los vecinos han explicado que sería necesario revisar las cláusulas bajo las que se decretó el traspaso, ya que piensan que algunos apartados podrían impedir el uso de ese terreno al no utilizarse para operativas militares.
