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Andalucía prepara incentivos para atraer a más policías al Campo de Gibraltar

La Junta la califica como una zona «singular» en su lucha contra el narcotráfico

Andalucía prepara incentivos para atraer a más policías al Campo de Gibraltar

Patrulla de la Guardia Civil. | Archivo

La Junta de Andalucía diseña medidas de apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el Campo de Gibraltar. Ante la inacción por parte del Ministerio del Interior, el consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha informado sobre la creación de un grupo de trabajo con el fin de proponer beneficios específicos para los agentes que ofrecen su servicio en la zona.

Las medidas que se plantean abarcan materias como transportes, educación, vivienda, deporte, formación, mejora o refuerzo de infraestructuras. Aunque todavía quedan por definir las líneas de actuación, Sanz ha señalado la aprobación de algunas ayudas e incluso la gratuidad en el transporte público metropolitano, educación infantil, comedor escolar o el acceso a la universidad.

En sus declaraciones a los medios de comunicación, el consejero de Presidencia ha recalcado que las bonificaciones pretenden mejorar la vida de los agentes para que decidan quedarse, evitando que se marchen como hacen gran parte de los destinados al Campo de Gibraltar.

Sanz ha subrayado que la Junta de Andalucía es consciente de las «dificultades» que se plantean en la región como la lucha contra el narcotráfico, la situación migratoria y la falta de efectivos.

El Gobierno andaluz ha clarificado que esta iniciativa no demandará más recursos al Ejecutivo central ni supone una confrontación contra el Ministerio del Interior, sino que las medidas se desarrollarán en el marco de las competencias autonómicas.

Para el progreso ágil de los incentivos, la Consejería de Presidencia encabezará un grupo de trabajo compuesto por las diferentes consejerías de la Junta de Andalucía. Según ha podido conocer THE OBJECTIVE, se planea que en un máximo de 45 días se dé a conocer el contenido concreto de las propuestas. Las consejerías se encargarán posteriormente de poner en pie cada proposición.

En palabras de Sanz, el grupo de trabajo centrará sus esfuerzos en la «detección de necesidades, el análisis y la evaluación de medidas de apoyo en el ámbito de las competencias de la Junta de Andalucía» y el objetivo final será «favorecer la vida y ayudar a desarrollar su vida social y familiar, personal y profesional en el ámbito del Campo de Gibraltar».

Reconocimiento a la propuesta

Asociaciones de Guardias Civiles han celebrado a través de sus redes sociales la iniciativa de la Junta de Andalucía. La Asociación Unificada de Guardias Civiles asegura que la decisión es fruto de la reunión que tuvo lugar el pasado mes con el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía y con el secretario general del PP en Sevilla.

En dichas reuniones, AUGC hizo entrega de varios informes en los que se concretaba con detalle los numerosos problemas diarios a los que tienen que hacer frente los guardias civiles y sus familias. Además, se sumó un plan de actuación con medidas sociales para mejorar la calidad de vida de estos.

Camino por recorrer

A pesar de lo bien que ha sentado la noticia, agentes de la Policía Nacional aseguran que «todavía no es suficiente»: «Los guardias civiles y policías nacionales merecemos de una vez por todas ser reconocidos como profesión de riesgo al igual que otras policías tanto autonómicas como locales», recoge un comunicado de AUGC.

Otra de las peticiones de los agentes es reconocer como Zona de Especial Singularidad todo el litoral andaluz. Esta decisión, correspondiente al Ministerio de Interior, permitiría un incremento notable en la plantilla.

El planteamiento de la Junta de Andalucía persigue que el Campo de Gibraltar deje de ser un destino de poca permanencia para los jueces y agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Aunque Sanz ha reiterado que la decisión no afecta de manera directa al Gobierno, las asociaciones reconocen que es necesaria la respuesta orquestada de la autonomía y el Ejecutivo central, responsable de la falta de personal y medios.

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