El enganche ilegal de electricidad repunta en las Tres Mil Viviendas tras la retirada policial
El consumo fraudulento de energía aumenta nuevamente tras la reducción del 47% durante la Operación Vulcano
Imágenes de la operación de la policía nacional Vulcano a 18 de octubre | Francisco J. Olmo (Europa Press)
Un mes después de la última intervención policial en las Tres Mil Viviendas de Sevilla, el consumo eléctrico fraudulento ha vuelto a aumentar, reflejando el retorno de las plantaciones de marihuana. Operarios de la compañía eléctrica Endesa, que controla el consumo en esta zona, han señalado a THE OBJECTIVE que el descenso registrado durante la operación policial ha sido efímero, con un repunte progresivo tras el fin de las redadas.
La Operación Vulcano, llevada a cabo por la Policía Nacional entre el 15 y el 24 de octubre, logró desmantelar 21 plantaciones de marihuana y confiscar más de media tonelada de plantas, además de cinco armas de fuego. Durante esos días, el consumo eléctrico en la barriada descendió hasta un 40%, según Endesa, lo que evidencia el impacto inmediato de la intervención. Sin embargo, tras la finalización de la operación, las plantaciones han retomado su actividad, provocando nuevamente un aumento en el consumo eléctrico.
El retorno progresivo
Los datos de Endesa indican que la demanda eléctrica comenzó a estabilizarse al alza a partir del 24 de octubre, cuando concluyó la presencia policial. El fraude eléctrico, asociado principalmente a las conexiones ilegales utilizadas por las plantaciones de marihuana, vuelve a generar riesgos significativos, como incendios, cortes de luz y sobrecargas en los centros de transformación. Cada plantación indoor consume el equivalente a casi un centenar de viviendas, lo que supone una repercusión directa en el suministro eléctrico del vecindario.
Los cortes de luz, que habían disminuido en torno al 47% durante la Operación Vulcano, han regresado con frecuencia. La plataforma vecinal «Nosotros también somos Sevilla» denuncia que hay viviendas que llegan a sufrir hasta siete apagones al día. Estas interrupciones afectan gravemente a los más vulnerables, como a aquellos dependientes de equipos médicos o familias que pierden alimentos debido a la falta de refrigeración.
Repercusiones insuficientes
El pasado fin de semana, la barriada volvió a ser escenario de un tiroteo en el que dos personas resultaron heridas por perdigones, aunque ninguna de ellas sufrió heridas graves. Este incidente se suma a una serie de hechos violentos ocurridos en las últimas semanas, incluido un tiroteo en el que se emplearon armas de guerra, lo que dio lugar a la conocida Operación Vulcano.
Estas situaciones han intensificado la preocupación sobre la continua presencia de clanes narcotraficantes en la zona, generando un clima de inseguridad que afecta directamente a los vecinos, quienes se sienten víctimas de lo que califican como «daños colaterales».
Durante la operación policial de octubre, en la que participaron aproximadamente 300 agentes, 11 personas fueron detenidas, cinco de ellas ingresaron en prisión y el resto quedaron en libertad con cargos. El descontento es evidente dado que los efectos de estas redadas parecen ser temporales. Como denuncian a este medio vecinos del Polígono Sur, los clanes reorganizan sus actividades tras la retirada de los agentes sin mayor problema.
Un problema que escala
El fraude eléctrico vinculado al narcotráfico supone pérdidas millonarias para las compañías eléctricas y pone en peligro la seguridad de la comunidad. Endesa estima que este tipo de consumo fraudulento representa un coste de 2.000 millones de euros anuales en España.
Recientemente se ha destacado la preocupación en Andalucía por el fraude eléctrico asociado al cultivo de marihuana. Aunque este tipo de plantaciones representan solo el 3% de los casos de conexiones ilegales en la región, absorben el 26% de la energía defraudada, lo que refleja su elevado consumo.
Para abordar esta problemática, la Fiscalía Superior de Andalucía ha sugerido endurecer las penas para quienes cometen fraude eléctrico relacionado con el tráfico de drogas. Actualmente, estas infracciones suelen castigarse con multas que, en muchos casos, no se pagan por la aparente insolvencia de los infractores.
Debido al aumento del fraude, Endesa ha llevado a cabo importantes inversiones para fortalecer y digitalizar su infraestructura eléctrica. Estas mejoras incluyen la modernización de las redes y la aplicación de tecnologías con inteligencia artificial para identificar conexiones ilegales. No obstante, la compañía señala que las limitaciones del marco legal actual complican las intervenciones rápidas, lo que permite que las organizaciones criminales vuelvan a conectar sus instalaciones incluso después de ser desconectadas.
Demandas vecinales
El regreso del consumo fraudulento y los apagones frecuentes dejan como víctimas a los residentes de la zona. Las asociaciones vecinales reclaman desde hace años una solución integral que combine medidas policiales, legales y de inversión en infraestructura. Argumentan que la falta de continuidad en las actuaciones policiales permite que las plantaciones se reactiven y que los problemas persistan.
Además, insisten en la necesidad de proteger a los vecinos que cumplen con sus contratos eléctricos, ya que son quienes sufren las consecuencias de las sobrecargas y los cortes de suministro. Una auditoría encargada por la Junta de Andalucía concluyó que las instalaciones eléctricas en la zona tienen capacidad suficiente para abastecer a los clientes legales, lo que subraya un problema transversal en el fraude masivo.
