Roquetas de Mar alerta de la alta delincuencia y pide el despliegue de la Policía Nacional

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, ha reclamado al Ministerio del Interior la firma inmediata del protocolo que debe activar la implantación de una comisaría de la Policía Nacional en el municipio y, al mismo tiempo, garantizar el refuerzo de la Guardia Civil. La petición, trasladada por carta a la Secretaría de Estado de Seguridad, llega en un momento en el que la localidad encabeza la tasa de infracciones penales en la provincia de Almería y supera la media nacional, según los últimos datos oficiales.

Según la información a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el Ayuntamiento ha reiterado al Gobierno central que sin ese documento no puede formalizar la cesión de los espacios municipales ya ofrecidos para albergar las dependencias policiales. El Consistorio asegura haber puesto a disposición y en conocimiento de la Dirección General de la Policía tanto una ubicación definitiva como un local provisional, a la espera de que Interior concrete por escrito el número de efectivos, las necesidades materiales y los servicios que asumiría el nuevo cuerpo.

Dos acuerdos sin ejecutar

Varios roqueteros explican a este medio que la noticia no es la primera vez que llega a sus oídos. En 2006 se suscribió un primer acuerdo para la creación de una comisaría en la localidad y en 2018 se rubricó un nuevo compromiso con el Ministerio del Interior. Ninguno de los dos llegó a materializarse. La creación de una comisaría con sede en Roquetas figura, además, en la orden ministerial de 2023, pero el despliegue continúa bloqueado en la fase previa a la firma del protocolo técnico que debe ordenar la implantación.

El equipo de gobierno municipal interpreta que la falta de ese trámite administrativo mantiene en stand-by una demanda que consideran muy importante para una ciudad que supera los 112.000 habitantes, según el INE, y que se ha convertido en el segundo municipio más poblado de la provincia. El alcalde subraya en su escrito que la planificación de medios de seguridad no se ha adaptado al crecimiento demográfico, a la diversidad poblacional ni al peso turístico y económico del municipio.

La presión de los datos

El último Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior, correspondiente a 2025, sitúa a Roquetas de Mar como el municipio almeriense con mayor tasa de delitos por habitante. Durante el pasado año se registraron 6.618 infracciones penales, lo que equivale a 58,99 delitos por cada 1.000 vecinos. Aunque hay que señalar que la capital provincial contabiliza más hechos delictivos en términos absolutos, su mayor población reduce la incidencia relativa por debajo de la roquetera.

Estos datos son uno de los principales argumentos que da el alcalde en su comunicación al Gobierno. En la actualidad, la seguridad ciudadana recae fundamentalmente en la Guardia Civil, con una plantilla de 193 agentes para todo el término municipal. El Consistorio sostiene que estos efectivos operan con medios e infraestructuras que no se corresponden con la dimensión actual de la ciudad.

Falta de consenso

En paralelo, el debate sobre el modelo policial ha generado inquietud entre los propios agentes. La asociación profesional de guardias civiles Jucil ha expresado públicamente su rechazo a cualquier escenario que suponga el desplazamiento de la Guardia Civil o la reducción de su plantilla. La organización recuerda que en el puesto de Roquetas prestan servicio más de 150 guardias civiles y alerta de las consecuencias personales y operativas que tendría un eventual traslado masivo.

El alcalde, según trasladó a representantes de esta asociación, defiende un esquema de coexistencia entre ambos cuerpos y plantea que el protocolo pendiente incluya medidas para garantizar el mantenimiento y mejora de la Guardia Civil, así como la reforma de sus instalaciones. Según su planteamiento, la llegada de la Policía Nacional no debería implicar una merma de efectivos de la Guardia Civil.

Más que números

La reclamación municipal coincide con las críticas del Partido Popular en la provincia por la pérdida de efectivos de la Guardia Civil en los últimos años. Diputados nacionales de esta formación han denunciado que, a comienzos de 2025, Almería contaba con 105 agentes menos que en 2018, y han vinculado esta reducción con el aumento de determinados delitos graves, según los datos oficiales publicados por Interior.

En Roquetas, además, la polémica se avivó recientemente tras la circulación de informaciones sobre la posible llegada inmediata de 150 policías nacionales, cifra que el propio alcalde negó en pleno municipal. Amat ha pedido prudencia y ha asegurado que no dará por cerrado ningún acuerdo hasta que esté formalizado por escrito por el Ministerio.

Mientras tanto, el Ayuntamiento insiste en que el retraso administrativo prolonga una situación que considera insostenible. La ciudad registra más de 2,5 millones de pernoctaciones hoteleras al año y concentra una intensa actividad agrícola y portuaria, factores que incrementan la demanda de servicios públicos y de seguridad.

El Gobierno no ha concretado plazos para la firma del protocolo. En el Consistorio sostienen que la cesión de los espacios municipales está lista y que el siguiente movimiento depende exclusivamente de Interior.