VOX Castilla y León exigirá la protección para las víctimas de la «okupación»
El Grupo Parlamentario de VOX en Castilla y León buscará la protección integral con ayudas, protección jurídica y ayudas directas para las víctimas
El grupo parlamentario VOX en las Cortes de Castilla y León ha registrado una Proposición no de Ley para su debate en Pleno con el objetivo de garantizar la protección de las víctimas de la ocupación.
La ocupación de viviendas constituye un grave problema en España que evidencia la desprotección que sufre el propietario inmobiliario debido al fracaso de las políticas públicas, además de la «alarma social» que se genera, el conflicto que suele generarse con los propietarios legítimos de las viviendas colindantes, así como la devaluación económica de las viviendas afectadas y limítrofes.
Desde VOX señalan que «no se ha conseguido implementar medidas efectivas para luchar contra esta lacra, principalmente debido a la tolerancia con la denominada «okupación» y sus actos de expolio por parte de la izquierda, lo que se ha traducido en la insuficiencia de instrumentos legales para que la Administración de Justicia y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad puedan proteger eficazmente a los propietarios».
Fuentes de VOX Castilla y León señalan a The Objective que «esta situación de desprotección y de vulneración de los derechos de los propietarios es la que se vive actualmente en España. Con 17.274 denuncias por usurpación en 2021, padecemos una media de algo más de 47 viviendas usurpadas por día».
Este problema se padece en todo el territorio español, pero a la cabeza se encuentran Barcelona, con 5.483 ocupaciones en 2021 encabeza el ranking, seguida de Madrid (1.660), Gerona (976), Valencia (960), Sevilla (777), Tarragona (643), Murcia (628), Alicante (595), Baleares (509), Toledo (485) y Málaga (429).
Igualmente, recalcan en VOX, que «en Castilla y León la situación, de momento, no ha llegado hasta estos niveles de gravedad, con un total de 239 casos, aunque sí se detecta una subida de un 62,6% en los datos acumulados entre 2020 y 2021 que muestran un incremento importante en la tendencia de este hecho delictivo».
Por último, los dirigentes de la formación en el territorio castellano y leonés señalan que «los propietarios de vivienda afectados, muchas veces pensionistas, personas en el paro o pequeños inversores que necesitan completar sus ingresos, se ven impotentes ante los intrusos que se instalan en sus casas. Es intolerable que se proteja más al delincuente que a la víctima de la ocupación. La Ley debe dar una respuesta eficaz a este problema, no puede ser que los ocupas estén más protegidos que el legítimo propietario».
La «okupación» en España
La protección de la propiedad es un derecho recogido en el título I de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular en el artículo 17, apartado 1: “toda persona tiene derecho a disfrutar de la propiedad de los bienes que haya adquirido legalmente, a usarlos, a disponer de ellos y a legarlos. Nadie puede ser privado de su propiedad más que por causa de utilidad pública, en los casos y condiciones previstos en la ley y a cambio, en un tiempo razonable, de una justa indemnización por su pérdida. El uso de los bienes podrá regularse por ley en la medida en que resulte necesario para el interés general”.
Por su parte, la Constitución en su art. 33 reconoce el derecho a la propiedad privada, constituyendo uno de los principios rectores de la política social y económica de nuestra Nación, de manera que nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos. Además, el artículo 18.2 de la Constitución garantiza el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio.
Un Estado de Derecho, por tanto, según el Grupo Parlamentario de VOX en Castilla y León, no debe permitir que individuos o grupos organizados, actuando fuera de las vías legales, se apoderen de lo que no les pertenece.
De hecho, señalan que la función social de la propiedad no consiste en despojar al legítimo propietario de una vivienda de su disfrute por la vía de hecho o la fuerza. Sin embargo, el derecho del propietario a recuperar de inmediato la propiedad usurpada está en los cimientos de nuestro sistema legal.