PP y Vox aprueban la expulsión de los 'okupas' en menos de 48 horas en Castilla y León
PP y Vox han aprobado en solitario una PNL dirigida a finiquitar el problema de la ocupación en un plazo máximo de 48 horas dentro del territorio castellano y leonés
Edificio Hotel de 5 estrellas okupado en Valladolid por colectivo La Molinera | Hoy CyL
La ocupación en España, pese a que los partidos del Gobierno no se cansen de decir que no es un problema generalizado, sino algo puntual que tan solo afecta a los llamados «fondos buitres», se ha convertido en un verdadero quebradero de cabeza para millones de españoles.
No es tan solo el hecho de que unos okupas puedan «dar la patada en la puerta» de una vivienda, los trámites que se tienen que llevar a cabo hasta que se consigue echarlos de la propiedad, el estado en el que dejan la vivienda, los gastos de reparación, judiciales y los «berrinches» que tienes que vivir en esa pesadilla llamada ‘okupación’ que se demora hasta varios años, es que en los lugares donde se vive una situación de ‘okupación’, la devaluación de las viviendas, las tensiones con los vecinos y los problemas, son el denominador común.
Castilla y León no es uno de los territorios donde este problema sea en exceso problemático, pero para que eso no llegue a ocurrir, los grupos parlamentarios de PP y Vox en Castilla y León han elevado al Pleno de las Cortes una PNL en la que se establezcan las herramientas jurídicas y políticas para que en un plazo máximo de 48 se termine la pesadilla para los propietarios.
Una vez que la Ley quede aprobada y entre en vigor, las personas afectadas por los okupas dispondrán de apoyo jurídico gratuito, seguimiento de cada caso y atención personalizada, ayudas económicas para los gastos del inmueble mientras se expulsa a los delincuentes, así como ayudas para la rehabilitación de los destrozos causados por los ‘okupas’.
Problema de la Okupación
Las okupaciones se han disparado en España un 63% en los últimos cinco años. 17.274 casos frente a los 10.619 contabilizados en 2017, según datos del Ministerio del Interior recogidos por la Fundación Civismo.
Actualmente, pese a que desde el Gobierno se empecinan en señalar lo contrario, los propietarios de viviendas se hallan desprotegidos ante un fenómeno en constante expansión y sobre el que no se han producido cambios legislativos de calado desde que en 2018 se acometiera una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
La estadística sitúa a esta Cataluña como la más afectada por este delito, seguida de Andalucía (1.498 casos), Comunidad Valenciana (1.270) y Madrid (912).
En datos generales, las ‘okupaciones’ han descendido un 5,43% respecto al año pasado (10.220 casos frente a 10.807, hasta julio), pero siguen disparadas un 63% respecto a 2017, cuando se registraron 10.619. 2021 registró la cifra de ‘okupaciones’ (17.274) más alta de los últimos cinco años.
