Memoria Histórica amenaza a Santonja (Vox) si declara BIC la pirámide de los italianos
La ARMH ha amenazado con denunciar por prevaricación al consejero de la Junta de Castilla y León, Gonzalo Santonja, ante la Fiscalía si protege la pirámide de los italianos y paraliza su desaparición
En marzo del presente año se inció el expediente para incluir en el inventario del Patrimonio Cultural de Castilla y León la Pirámide de los italianos, ubicado en el Valle de Valdebezana (Burgos) en la frontera con Cantabria, y convertirlo en un bien de interés cultural (BIC).
Este mausoleo de 1939 dedicado a 384 militares italianos que murieron en Cantabria durante la Guerra Civil y ubicado en lo más alto del Puerto del Escudo podría desaparecer, puesto que el Gobierno lo ha incluido en el catálogo de monumentos franquistas y eso debería implicar su derribo o su reinterpretación.
La incoación del expediente se inició a instancias de un particular, no de una formación política, según señalaron fuentes del Gobierno regional a THE OBJECTIVE y uno de los problemas a los que se enfrentan es a la titularidad de los terrenos en los que se encuentra instalado el mausoleo, puesto que según la Ley de la Memoria Democrática, debería ser la propiedad la que tendrá que hacerse cargo del posible derribo del monumento o llegado el caso, de su reinterpretación.
En todo caso, en el momento en el que se catalogue al monumento como BIC, contará con una protección que evitaría su derribo, aunque si que se podría rediseñar o reinterpetrar el contenido del mismo.
Amenaza de denuncia a Santonja
La ARMH ha hecho público que denunciará por prevaricación al Consejero de Cultura de la Junta de Castilla y León, Gonzalo Santonja, de la formación presidida por Abascal, en el caso de que intente llevar a cabo cualquier tipo de protección de la Pirámide de los Italianos.
Igualmente señalan desde la asociación que reclamará a la Fiscalía General del Estado la apertura de un proceso que termine con la prevaricación administrativa del consejero Gonzalo Santonja debido a que, según los miembros de la ARMH, «es consciente de que hay dos leyes estatales que se lo impiden, supone una prevaricación administrativa de manual y debe sancionarse judicialmente con la inhabilitación del responsable y la instauración de la legalidad que debe comenzar con la detallada documentación de la pirámide y su posterior derribo».