Rechazo de Castilla y León a la financiación de la Universidad propuesta por el Gobierno
La consejera Rocío Lucas lamenta que el Gobierno Central tome decisiones sin consultar con las comunidades autónomas
Diana Morant, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades | TO
La consejera de Educación, Rocío Lucas, ha manifestado su indignación ante el plan del Gobierno central para financiar la implantación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), a la vez que ha mostrado su rechazo frontal a los planes del Gobierno para financiar la Ley propuesta por la ministra Diana Morant.
Fuentes de la consejería señalan a THE OBJECTIVE la indignación del colectivo universitario por «la evidente falta de financiación de una de las piezas fundamentales en la educación, que son las diferentes Universidades y por haber conocido por la prensa, sin notificación alguna y lo que es peor, sin negociar nada, que la propuesta realizada por las diferentes comunidades autónomas ha sido desechada y que el Estado sólo financiará dos terceras partes de las plazas de Profesor Ayudante Doctor».
Igualmente, señalan que «el Ministerio nos cuenta en la Ley que va a cubrir las plazas refiriéndose únicamente costeando el contrato, dando por hecho que, para la estabilización serán las comunidades las que tengan que hacer un esfuerzo presupuestario».
Infrafinanciación
La titular de Educación, Rocío Lucas ha reaccionado así tras el anuncio realizado por el Gobierno de España de que sufragará parte del coste de las contrataciones de profesores ayudantes doctores necesarias para adecuar las plantillas a las nuevas dedicaciones docentes de la LOSU. Una vez más, la Junta de Castilla y León lamenta que el Gobierno Central tome decisiones sin consultar con las comunidades autónomas.
La aplicación de la normativa supone un sobrecoste para las universidades que vuelve a recaer sobre las administraciones autonómicas. Para la Junta de Castilla y León, el Gobierno de España debe hacerse cargo de los costes que deriven de las leyes que impone de forma unilateral.
Según la titular de Educación, en la comisión de trabajo que se creó para consensuar la aplicación de la nueva ley se han acordado algunas cuestiones como el retraso de la entrada en vigor de las Disposiciones Transitorias séptima y decimosegunda de la LOSU.
Asimismo, las comunidades autónomas presentaron una propuesta de financiación de plazas que el Ministerio se comprometió a estudiar. Sin embargo, en las últimas horas se ha publicado que el Gobierno Central sólo financiará parte de las plazas de profesor ayudante doctor necesarias para cumplir con la ley. Según la información publicada, pues nada ha comunicado oficialmente el Ministerio, sufragarían el coste durante los 6 años que dura el contrato y da por hecho que la estabilización de ese personal correrá a cargo de las comunidades autónomas.
En este sentido, Rocío Lucas lamenta que estas noticias se transmitan a través de los medios de comunicación, muestra el rechazo a este último anuncio y solicita al Ministerio que convoque urgentemente una reunión del Pleno de la Conferencia General de Política Universitaria para que se acuerde un modelo de financiación justo, proporcional y posible.
