La Fiscalía pide a la Justicia catalana que rechace las denuncias de Vox y Cs por los avales del Tribunal de Cuentas
David Zorrakino | Europa Press
La Fiscalía ha enviado un informe al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en el que pide a los magistrados que no admitan a trámite las distintas denuncias presentadas contra el presidente del Govern, Pere Aragonès, y los consellers Jaume Giró y Laura Vilagrà, por la creación de un Fondo Complementario de Riesgos con 10 millones de euros para avalar a los encausados en el Tribunal de Cuentas por la acción exterior de la Generalitat entre 2011 y 2017.
El informe de la Fiscalía Superior de Cataluña, consultado por Europa Press, pide rechazar la querella que presentó Vox y las denuncias que presentaron Convivencia Cívica Catalana y Carlos Carrizosa (Cs).
El fiscal Pedro Ariche concluye en su escrito que la creación de este mecanismo de aval «no implica en sí misma la causación de un perjuicio al patrimonio público», y por eso descarta que automáticamente implique un presunto delito de malversación.
En este sentido, señala que no se ha expuesto ningún perjuicio económico a raíz de la creación de este Fondo –que gestiona el Institut Català de Finances (ICF)– y recuerda que «corresponde a la Generalitat adoptar las cautelas oportunas» para garantizar que los condenados por un delito paguen las responsabilidades civiles que se les impongan, por lo que ve bien que lo haga en este caso de forma cautelar.
Las denuncias también señalaban un posible delito de prevaricación, que el fiscal también descarta, y cree que todos los denunciantes han hecho «un apresurado e irreflexivo ejercicio de la acción penal».
En base al redactado del decreto que creó el Fondo Complementario de Riesgos, el fiscal cree que no se puede «concluir sin más» que tuviera como única función beneficiar a personas concretas, a pesar de que coincidiera con la liquidación de los avales del Tribunal de Cuentas.
Finalidad «perfectamente lícita»
El escrito del fiscal rechaza calificar el decreto de arbitrario, como hicieron los denunciantes, porque cree que el Fondo tiene una finalidad «perfectamente lícita».
En este sentido, cree que quedaría fuera del objetivo del decreto instrumentalizarlo para proteger a autoridades que hayan delinquido a sabiendas, porque en ese caso «no cabría en modo alguno entender» que fuera un resultado de su trabajo.
Fondo del ICF
La Generalitat creó este Fondo en julio ante la fecha límite para presentar los avales a las fianzas de los políticos independentistas encausados en el Tribunal de Cuentas, con un total de 5,4 millones.
Lo creó con la intención de que una entidad bancaria presentara el aval a las fianzas y el fondo hiciera contraaval, y el decreto con el que se creó el fondo ya preveía que, si ninguna entidad bancaria avalaba a los afectados, el ICF los avalaría directamente y el fondo haría de contraaval.
Finalmente, el ICF expidió los avales a los encausados, usando este Fondo como contraaval, tras lo que algunos grupos de la oposición presentaron varias denuncias por la creación de este fondo.
