CiU votó en 2002 en el Congreso a favor de que el CNI pudiera realizar escuchas
Josep Lluís Cleries, procedente de CiU, pide ahora en el Senado la dimisión de la ministra de Defensa. ERC rechazó las escuchas en esa misma votación
La extinta CiU apoyó el 7 marzo de 2002, durante la etapa de José María Aznar al frente del Gobierno, la ley que permitía al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) realizar escuchas bajo autorización judicial. El entonces diputado nacionalista en el Congreso, Ramon Companys, sostuvo que los «servicios de inteligencia son elementos básicos de la seguridad de todos los Estados». En aquella sesión plenaria, solo hubo 17 votos en contra de esta propuesta. ERC, que solo contaba con un diputado, votó en contra de las escuchas junto a Izquierda Unida y PNV.
Con la eclosión del procés independentista y la ruptura de la coalición nacionalista, los herederos de la extinta Convergència, como es el actual portavoz en el Senado de JxCat, Josep Lluís Cleries (y antiguo dirigente de CiU) han pedido la «dimisión» de Margarita Robles, ministra de Defensa, antes de conocer si las supuestas escuchas que atribuyen al CNI a los independentistas fueron o no por orden de un juez.
Como informó THE OBJECTIVE, el Gobierno afirma que se autorizó un seguimiento del CNI a los líderes independentistas fugados del 1-O «con arreglo a derecho». Es decir, que bajo autorización judicial, los servicios de inteligencia españoles, dependientes del Ministerio de Defensa, establecieron una vigilancia policial a los exdirigentes independentistas residentes en el extranjero por motivos de seguridad nacional.
Los independentistas catalanes, junto a Podemos, no dan por buena esta versión y creen que el listado de afectados por el software israelí Pegasus demuestra que esas escuchas fueron masivas e ilegales. Y culpan al Gobierno y al CNI de estar detrás de ellas.
«Colaboración de las autonomías»
En 2002, el discurso de la derecha nacionalista era diametralmente opuesto. Como ha señalado el jurista Pere Lluís Huguet en su cuenta de Twitter, Companys expuso que su grupo apoyaría las enmiendas «de otras formaciones políticas que hagan referencia a una mayor colaboración de las comunidades autónomas» y que «votarían a favor del conjunto de la ley».
El exdiputado de CiU incluso se congratuló de que el Gobierno central propusiera «elevar a rango de ley la creación de unos nuevos servicios de inteligencia y habilite un sistema que, concordando con la Constitución, permita un control judicial».
La petición de dimisiones de los herederos de CiU y la dimensión que está adquiriendo el caso bautizado como «catalangate» contrasta con el aval que en aquel momento, en 2002, dieron los diputados de CiU. Junto a Companys, también Carles Campuzano defendió en la comisión del ramo estas escuchas.
Campuzano formó parte de JxCat durante el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y fue a partir de 2019 que sufrió, como Marta Pascal, la purga de Carles Puigdemont tras avalar la moción de censura a Mariano Rajoy. De acuerdo con las informaciones reveladas por The New Yorker, las escuchas se originaron a partir de 2019 y cuando Sánchez gobernaba con el apoyo de ERC.
En la propuesta apoyada en esa etapa en la que el PP estaba al frente del Ejecutivo se especifica que «el director del Centro Nacional de Inteligencia deberá solicitar al Magistrado del Tribunal Supremo competente, conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial, autorización por la adopción de medidas que afecten a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones».
Campaña en Bruselas
El Gobierno catalán quiere ahora rentabilizar en Europa este supuesto caso de espionaje. En medio del juicio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre las euroórdenes que afectan a Carles Puigdemont y el resto de cabecillas del procés fugados de España, el independentismo busca «presionar a las instituciones comunitarias», explicaron a este medio las fuentes consultadas.
La consejera de Acción Exterior, Victòria Alsina, instó a la Comisión Europea a investigar al Estado español y en declaraciones desde Bruselas afirmó el pasado lunes que la reacción del Gobierno de Pedro Sánchez depende en muchas ocasiones de la «presión internacional». La consellera procede también del ámbito de los posconvergentes que, en su momento, consideraron que era una acción legal que el CNI realizara escuchas.
