Cataluña contrata psicólogos sin la formación académica exigida por la ley
La Asociación Nacional de Psicólogos Clínicos y Residentes ha presentado un recurso en el TSJC contra el Departament de Salut de la Generalitat
El conseller de Salud de la Generalitat, Josep Maria Argimon. | Gloria Sánchez (Europa Press)
El Departament de Salut de la Generalitat de Cataluña está contratando psicólogos que carecen de la titulación necesaria para prestar servicios de la cartera del Sistema Nacional de Salud. El organismo responsable de la sanidad catalana únicamente exige estar en posesión de la licenciatura o el grado en Psicología, junto con el máster en Psicología General Sanitaria o un certificado de habilitación equivalente. Es decir, que no solicita la titulación oficial de psicólogo especialista en Psicología Clínica, la única que habilita a los miembros de esta rama para ejercer su actividad en el ámbito de la sanidad pública.
Una práctica que dio comienzo cuando, en octubre de 2021, el Instituto Catalán de la Salud culminó el desarrollo e implementación del Programa de bienestar emocional y salud comunitaria de la atención primaria de salud, una iniciativa que nació con la intención de servir como puente entre la Atención Primaria y las redes de salud mental.
La Asociación de Psicólogos Clínicos denuncia a la Generalitat
La Asociación Nacional de Psicólogos Clínicos y Residentes (ANPIR) ha denunciado esta situación por lo que consideran que se trata de «mala praxis» y ha presentado un recurso Contencioso Administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra el Departament de Salut de la Generalitat, con el objetivo de declarar nulo el Programa de Bienestar Emocional y Salud Comunitaria que, según la asociación, «vulnera el derecho de los ciudadanos a recibir atención especializada en la sanidad pública».
«Se trata de una medida unilateral, que se ha llevado a cabo sin el consenso de las sociedades científicas ni los sindicatos», lo que ha dado lugar a un programa «opaco y personalista» que persigue fines «electoralistas y mediáticos», critica Javier Prado, portavoz de ANPIR, en declaraciones a THE OBJECTIVE.
Mediante este recurso, la principal sociedad científica de la psicología clínica vuelve a manifestar que ni el programa ni su correspondiente bolsa de contratación «se ajustan a derecho, carecen de aval científico y precarizan la atención especializada», violando la Ley General de Salud Pública 33/2011 de 4 de octubre.
Para ser más precisos, la citada ley recoge la regulación de la psicología en el ámbito sanitario en el apartado cuarto de su disposición adicional séptima, donde establece que «los psicólogos que desarrollen su actividad en centros, establecimientos y servicios del Sistema Nacional de Salud o concertados con él, para hacer efectivas las prestaciones sanitarias derivadas de la cartera de servicios comunes del mismo que correspondan a dichos profesionales, deberán estar en posesión del título oficial de Psicólogo Especialista en Psicología Clínica al que se refiere el apartado tres del anexo I del Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación sanitaria especializada».
Este diario ha consultado a Mónica Beaumont, jurista y fundadora del despacho Beaumont Abogados de Las Palmas de Gran Canaria, sobre la consistencia de la base jurídica del recurso. La experta, tras analizar el caso, manifiesta que «me parece acertada la impugnación, por cuanto la Ley de Salud Pública 33/2011 de 4 de octubre es nítida en cuanto a los requisitos de titulación exigidos a los profesionales de la psicología en el marco del Sistema Nacional de Salud». Por esa razón, «la fijación de una titulación distinta para los profesionales que desarrollan el citado programa de atención primaria contraviene la norma».
Una medida «tramposa»
Desde el organismo representante de la psicología clínica manifiestan su «profundo malestar», y consideran que esta es una medida «tramposa», ya que «la Administración lanza las ofertas, y como no reciben respuesta, dicen que no hay profesionales disponibles». De acuerdo con los datos de titulados del Ministerio de Educación, en España hay un total de 6.900 especialistas en psicología clínica. Desde ANPIR estiman que, de ellos, solo 3.000 trabajan en el conjunto de la sanidad pública, por lo que para mejorar el acceso a los tratamientos psicológicos esta cifra debería duplicarse y alcanzar los 6.000.
También aseguran que «empiezan a generarse las primeras disfunciones relacionadas con la insuficiente formación, experiencia y conocimiento del sistema público de salud y del ámbito de atención primaria en particular. Además de que se precarizan las condiciones laborales de los psicólogos generales sanitarios, que se ven obligados a asumir funciones que no son de su competencia».
Javier Prado declara a este diario que se está produciendo un «desprecio hacia la atención primaria». Una situación que pone en peligro al conjunto de la sanidad pública y que achaca a la «falta de planificación» y al «desajuste de las plazas de formación sanitaria especializada de la última década». Por otro lado, considera que podría tratarse del punto de inflexión necesario para abordar una «mejora de las condiciones laborales» que fomente una respuesta activa ante las ofertas de trabajo del sector.
ANPIR ya había denunciado en reiteradas ocasiones las posibles irregularidades observadas en el proceso de contratación, poniéndose en contacto con la Dirección Estratégica de Atención Primaria, el Conseller de Salut, Josep Maria Argimon, y la Subdirectora General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, entre otros organismos.
No obstante, Javier Prado lamenta que «no les han citado a ninguna reunión ni han querido dialogar ni discutir ningún tipo de medida alternativa». Así, tras agotarse la vía administrativa, explica que el recurso presentado «es la única opción y el camino que se han visto obligados a tomar a causa de la pasividad de las instituciones públicas responsables», y asume esta labor de denuncia como un «deber» necesario para que esta problemática no se repita en el futuro con otros especialistas.
THE OBJECTIVE ha contactado con el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña para otorgarles la oportunidad de explicar esta circunstancia, pero no ha recibido respuesta.
La Asociación de Psicología Generalista acusa a ANPIR de «falta de sinceridad»
Este medio ha contactado con la Asociación Española de Psicología Generalista (AEPG) para conocer su punto de vista en relación a este conflicto jurídico y a la situación general de la psicología dentro de la sanidad pública. El organismo ha querido subrayar desde un principio que, desde un punto de vista técnico y legal, «la posición de ANPIR es indiscutible» y «todo lo que argumentan es totalmente cierto», porque la norma establece claramente cuál es la formación específica necesaria para desarrollar la psicología en la sanidad pública. «Es incuestionable que la única vía para acceder a este ámbito sanitario es la residencia», recalcan.
Sin embargo, desde AEPG también se muestran críticos con lo que consideran una actitud «excluyente» por parte de los representantes de la psicología clínica. De hecho, desde la asociación transmiten que la propia ANPIR reconoce que «el servicio de psicología clínica en España es absolutamente deficitario», y que «es imposible desarrollar un ejercicio de la psicoterapia adecuado y útil para el paciente».
Por otra parte, sostienen que los especialistas en psicología clínica poseen mejores herramientas para elaborar «diagnósticos más precisos», pero también aseveran que «en el ejercicio de la psicoterapia, ni mucho menos son superiores a otros especialistas», porque «la propia naturaleza de la psicología clínica de nuestro país les impide desempeñarla dignamente y con garantías».
La representación de la Asociación de Psicología Generalista acusa incluso de «falta de sinceridad» a los miembros de ANPIR, ya que argumentan que «cualquier graduado en psicología tiene la capacidad de emprender acciones de promoción y prevención en salud mental». Del mismo modo, se muestran enormemente críticos con un sistema «que no permite a los residentes desarrollar una formación adecuada».
