La Guardia Civil implica a un consejero del Govern en la trama de UGT en el Vall d'Hebron
Josep María Argimon eludió declarar como investigado, acogiéndose a su condición de aforado, por la malversación de fondos en la guardería del hospital
El conseller de Salud de la Generalitat, Josep Maria Argimon. | Europa Press
La Guardia Civil apunta a la posible implicación del consejero de Salud de la Generalitat de Cataluña, Josep María Argimon, en la presunta trama de corrupción vinculada a UGT en el hospital Vall d’Hebron de Barcelona. Un caso por el que el Juzgado de Instrucción número 9 de esa ciudad ha imputado por delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación a una docena de funcionarios o exfuncionarios del Instituto Catalán de la Salud (ICS), del hospital público más grande de Cataluña y del Ayuntamiento de Barcelona, tal y como adelantó este diario.
Según consta en el último informe policial del caso, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, a mediados de junio la Guardia Civil citó a declarar como investigados a todos los ahora imputados, y también a Argimon, por las presuntas irregularidades cometidas en la guardería del Vall d’Hebron, presidida por la delegada de UGT en ese hospital. Sin embargo, el consejero de Salud del Govern se acogió a su derecho a no declarar haciendo valer su condición de aforado. Por su cargo, goza del privilegio o garantía de ser investigado y enjuiciado solo por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña. Razón por la cual no se encuentra entre los doce funcionarios que han sido citados a declarar como imputados por el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona.
Antes de ser elegido por Pere Aragonès como máximo responsable del Departamento de Salud de la Generalitat, Argimon fue gerente del ICS entre el 12 de junio de 2018 y el 26 de mayo de 2021. Se trata de la empresa pública encargada de la gestión del Vall d’Hebron y el organismo que en 2013 cedió a una asociación presidida por la delegada de UGT en ese hospital el uso de la guardería que da servicio a los hijos de los 9.000 trabajadores del centro médico. Una escuela infantil que, según los informes policiales del caso, opera sin permisos ni licencias desde entonces y se habría beneficiado del uso de recursos públicos con el beneplácito de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona.
Elude la imputación por estar aforado
Después de casi cuatro años de investigación, la Guardia Civil llamó a declarar a Argimon y a todos los ahora imputados entre el 13 y el 20 de junio de 2022. Tras dar por concluidas las pesquisas policiales, la juez ha acordado citar a casi todos ellos como investigados en una causa que ha sido prorrogada hasta finales de año. Entre los imputados por malversación y prevaricación están todas las personas que han ocupado la gerencia del ICS desde 2013, excepto Argimon. El consejero de Salud no puede ser investigado por la juez que lleva el caso debido a su condición de aforado. El TSJ de Cataluña no tiene abierta por el momento ninguna causa en su contra por los hechos que se investigan en este caso, según informan fuentes jurídicas a este diario.
Argimon fue citado por la Guardia Civil para responder exactamente por las mismas irregularidades por las que la juez ha imputado a otros tres exgerentes del ICS (Joaquín Casanovas, Pedro Soley y Candelaria Calle), además de a la actual responsable de esa empresa pública dependiente del Departamento de Salud de la Generalitat, Yolanda Lejardi. El Instituto Armado considera que todos ellos podrían haber causado «un perjuicio al erario público» por no cumplir ni hacer cumplir las disposiciones legales que regulan la actuación del ICS y que habrían obligado a ese organismo a cancelar el acuerdo suscrito en 2013 con la Associació de L’Escola Bressol Hospital Vall D’Hebron (AEBHVH).
Se trata de la organización, presidida por la delegada de UGT en el hospital, a la que el ICS cedió el uso y gestión de los locales donde esa asociación sigue prestando el servicio de guardería pese a no contar, aún a día de hoy, con los permisos requeridos para ello. Según las conclusiones de los investigadores, «se han incumplido sistemáticamente» la mayoría de los acuerdos adoptados en el convenio y la guardería se habría beneficiado del uso de recursos públicos que estaban excluidos del acuerdo. El ICS habría corrido a cargo del pago de las obligaciones tributarias que corresponden a la titularidad del inmueble y habría cometido diversas irregularidades nunca subsanadas en la cesión del uso de los locales de la guardería a la AEBHVH.
Perjuicio al erario público
Entre otras irregularidades, señala la Guardia Civil, nunca se publicó el acuerdo en el Boletín Oficial de la Generalitat de Cataluña, no existe un permiso de ocupación temporal de los locales cedidos a la asociación que gestiona la guardería, ni existen documentos que acrediten alguna reunión de la comisión paritaria que debía dar seguimiento al cumplimiento del acuerdo. Tampoco se ha firmado ninguna de las prórrogas del convenio que debían suscribirse cada tres años.
«El incumplimiento de las cláusulas del convenio de fecha 10.03.2013 generando un perjuicio al erario público, al hacerse cargo el ICS de cargos excluidos del convenio (teléfono, ordenadores, reparaciones de mantenimiento en la guardería, etc), así como la inacción para aplicación de la normativa en lo concerniente a la legalidad de la guardería (carencia de licencia o título habilitante) a través de fiscalización por parte de la comisión paritaria creada a tal efecto, asumiendo el gasto de los suministros (luz, agua y gas) de dos locales propiedad del ICS en el recinto hospitalario Vall d’Hebron, incumpliendo la normativa sobre prevención y control ambiental de las actividades», indica la Guardia Civil en su informe final de la investigación.
En virtud de ese convenio, el ICS autorizaba la cesión del uso de la guardería del Vall d’Hebrón «a título gratuito» a la AEBHVH para un periodo de 15 años. El permiso quedaba condicionado al cumplimiento de la legislación y al establecimiento de «una comisión paritaria formada por dos representantes de cada una de las partes», que debía reunirse «con carácter ordinario» para dar seguimiento y evaluar el cumplimiento del acuerdo, que debía ser prorrogado cada tres años.
El ICS, empresa pública adscrita al Departamento de Salud de la Generalitat, debería comprobar cada trimestre si se cumplía lo acordado. Sin embargo, los informes policiales señalan la posible comisión de varias irregularidades que deberían haber provocado la cancelación del acuerdo. La guardería ni siquiera estaba inscrita en el Registro de Centros del Departamento de Educación, según reconoció la propia Generalitat.
En una época de recortes por la crisis económica, la dirección del Hospital Vall d’Hebron quería cerrar la guardería que prestaba servicio a los hijos menores de tres años de edad de los 9.000 trabajadores del centró médico desde 1974. El ICS quería ahorrarse los costes de los empleados y de la gestión de la escuela infantil y, tras varias protestas sindicales, acabó cediendo su uso a la AEBHVH en 2013 mediante un acuerdo sin licitación previa ni concurso público.
