El Ayuntamiento de Barcelona subvencionó la guardería ilegal de UGT pese a incumplir la ley
El Consistorio pagó seis subvenciones y un proyecto de obra que nunca llegó a ejecutarse, a pesar de conocer «desde el inicio» la situación ilegal de la guardería
Una juez investiga una presunta trama de corrupción en el Hospital Vall d'Hebron. | TO
Seis subvenciones para actividades extraescolares entre los años 2016 y 2017, y otro pago de 2.500 euros en 2013 para un proyecto de obra y adecuación de las instalaciones que se abonó pero nunca llegó a ejecutarse. Son las ayudas con fondos públicos que el Ayuntamiento de Barcelona habría otorgado a la guardería que preside la delegada de UGT en el Hospital Vall d’Hebron y que opera desde hace nueve años sin licencia, según consta en los informes policiales del caso. Una investigación por la que el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona ha imputado a una docena de funcionarios y exfuncionarios del consistorio y de la Generalitat de Cataluña por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y/o prevaricación administrativa.
En su último informe remitido al juzgado, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, la Guardia Civil detalla toda la documentación remitida en el transcurso de la investigación por el Ayuntamiento de Barcelona. Entre otras, se detallan todas las ayudas o subvenciones otorgadas por el Distrito de Horta-Guinardó a la guardería: un total de seis concedidas durante los cursos 2015/2016 y 2016/2017 para la realización de actividades extraescolares como visitas a teatros, granjas escuelas y piscinas. Esas subvenciones suman 2.200 euros y todas ellas fueron concedidas por el entonces gerente del Distrito de Horta-Guinardó, E.V.G., uno de los cuatro funcionarios o exfuncionarios del Ayuntamiento que han sido citados a declarar por la juez en calidad de investigados.
A esas ayudas hay que agregar los casi 2.500 euros por los que el anterior gerente del mismo distrito del Ayuntamiento de Barcelona, J.F., está imputado por presunta malversación de caudales públicos y prevaricación. Es la cantidad que pagó a una empresa de ingenieros para la realización de un proyecto «de obra y adecuación» de los locales del hospital Vall d’Hebron donde la guardería presta servicios aún a día de hoy pese a no contar con las licencias necesarias.
El Ayuntamiento supo la ilegalidad «desde el inicio»
Todos estos pagos y subvenciones por importe total de unos 4.700 euros se concedieron, según la Guardia Civil, a pesar de que la situación de ilegalidad en la que se encontraba la guardería era «un escenario conocido por el Ayuntamiento desde el inicio» de su actividad, puesto que el entonces gerente del Distrito de Horta-Guinardó, J.F., estuvo presente en el momento de la firma del convenio suscrito en 2013 entre el Instituto Catalán de la Salud (ICS) y la Associació de L’Escola Bressol Hospital Vall D’Hebron (AEBHVH).
Un acuerdo por el cual se cedió de forma presuntamente irregular el uso de dos locales del mayor hospital público de Cataluña a la AEBHVH, asociación presidida y creada ad hoc por la delegada de UGT para la prestación de servicios de guardería. El entonces gerente del distrito, según consta en el informe policial, habría sido el encargado de pagar una factura por importe de 2.500 euros a una empresa a la que se encargó «un proyecto de obra y adecuación» de los locales del hospital Vall d’Hebron donde la guardería presta sus servicios aún a día de hoy.
Un proyecto que fue pagado con el objetivo de «legalizar la actividad de guardería», pero que nunca fue ejecutado, según las conclusiones de la Guardia Civil. Cuatro años después, en 2017, una inspección urbanística efectuada por una técnico del propio Ayuntamiento de Barcelona destapó que la AEBHVH continuaba prestando servicios de guardería a los hijos de los trabajadores del mayor hospital público de Cataluña sin contar con las licencias preceptivas para operar como centro educativo. Al acreditar esta irregularidad, el Distrito de Horta-Guinardó emitió una notificación de resolución para comunicar el «cesamiento de la actividad sin licencia a la AEBHVH».
Una docena de imputados
Para entonces, el Ayuntamiento ya había pagado las seis subvenciones para actividades extraescolares que vienen detalladas en el informe de la Guardia Civil. Un documento por el cual la juez ha acordado citar a declarar en calidad de investigados a un total de cuatro funcionarios y exfuncionarios del Distrito de Horta-Guinardó. El Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona les investiga por no haber velado por el cierre de la guardería decretado a finales de 2017 y también por no haber abierto un expediente sancionador contra la AEBHVH, que debería haberse enfrentado a multas de entre 6.000 y 20.000 euros por no contar con las licencias oportunas y haber continuado su actividad pese a ser advertida de que incumplía la ley.
El caso no solo salpica a cuatro funcionarios del Ayuntamiento. Además de la presidenta y la directora de la guardería, también hay varios funcionarios y exfuncionarios de la Generalitat investigados por delitos de malversación y/o prevaricación. Según las conclusiones de la Guardia Civil, a través del Instituto Catalán de la Salud (ICS) y la dirección del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, la Generalitat de Cataluña costeó con recursos públicos al menos 60 obras o intervenciones de mantenimiento y reparación en la guardería clandestina que preside desde 2013 la delegada de UGT en el mayor hospital público de la región.
Entre los servidores públicos y exfuncionarios que han sido citados a declarar como investigados por la juez hay dos exgerentes del Vall d’Hebron, José Jerónimo Navas y Vicenç Martínez, además del actual gerente de ese hospital público, Alberto Salazar. La juez también ha imputado a tres exgerentes del ICS (Joaquín Casanovas, Pedro Soley y Candelaria Calle), además de la actual responsable de esa empresa pública dependiente del Departamento de Salud de la Generalitat, Yolanda Lejardi.
El consejero de Salud de la Generalitat
Durante la investigación policial, la Guardia Civil también llamó a declarar al actual consejero de Salud de la Generalitat de Cataluña, Josep María Argimon, pero éste se acogió a su derecho a no declarar amparándose en su condición de aforado. Argimon fue director gerente del ICS entre junio de 2018 y mayo de 2021. Por su cargo, goza del privilegio o garantía de ser investigado y enjuiciado solo por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña. Razón por la cual no se encuentra entre los 12 funcionarios que han sido citados a declarar como imputados por el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona.
El Instituto Armado considera que todos ellos podrían haber causado «un perjuicio al erario público» por no cumplir ni hacer cumplir las disposiciones legales que regulan la actuación del ICS y que habrían obligado a ese organismo a cancelar el acuerdo suscrito en 2013 con la AEBHVH. La presunta malversación en la guardería es solo uno de los hechos que se investigan a raíz de una denuncia en la que se investigan otros presuntos delitos relacionados con la posible implicación de varios dirigentes de UGT en Cataluña en una presunta trama de corrupción en el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias.
