Colau permite que funcione la guardería ilegal de UGT pese a ordenar su cierre en 2017

El Ayuntamiento de Barcelona ordenó hace casi cinco años clausurar la guardería vinculada a UGT que opera desde 2013 de forma clandestina en el Hospital Universitario Vall d’Hebron. Sin embargo, el centro infantil sigue prestando servicio sin que las autoridades municipales hayan llevado a cabo el cese de actividades decretado en 2017, tras una inspección en la que se concluyó que la guardería carecía de la licencia municipal preceptiva. Así consta en el último informe policial, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, de un caso por el que Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona ha imputado a cuatro funcionarios del Ayuntamiento que lidera Ada Colau por un presunto delito de prevaricación administrativa continuada. Entre ellos, el actual gerente del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA), Eduard Vicente.

Se les investiga por haber permitido que la guardería del Vall d’Hebrón ejerciese su «actividad comercial» careciendo de la pertinente licencia administrativa y por no haber procedido al cierre del centro educativo decretado hace cinco años, «existiendo una inacción por parte de las autoridades competentes del Ayuntamiento para que la legalidad normativa se cumpliera». La Guardia Civil considera que, pese a haber tenido «conocimiento de esta circunstancia», todos ellos habrían incumplido la normativa vigente. Un caso en el que la juez también ha citado a declarar como investigados a otros ocho funcionarios o exfuncionarios de la Generalitat de Cataluña por malversación de caudales públicos.

Durante las pesquisas policiales, la Guardia Civil solicitó al Departamento de Licencias e Inspección del Distrito de Horta-Guinardó del Ayuntamiento de Barcelona toda la documentación obrante sobre solicitudes o comunicaciones previas por parte de la Associació de L’Escola Bressol Hospital Vall D’Hebron (AEBHVH) para poder ejercer su actividad como guardería. Se trata de la organización, presidida por la delegada de UGT en el hospital, a la que el Instituto Catalán de la Salud (ICS) cedió en 2013 el uso y gestión de los locales donde esa asociación sigue prestando el servicio de guardería pese a no contar, aún a día de hoy, con los permisos requeridos para ello.

El Ayuntamiento sabía que la guardería era ilegal

En la documentación enviada por el Ayuntamiento a la Guardia Civil, figura la apertura de un expediente administrativo en julio de 2017, después de que una inspectora municipal certificase que la guardería no disfrutaba de la preceptiva licencia y que la AEBHVH estaba obligada a «legalizar su actividad». Se designó como instructor del procedimiento al Director de Licencias e Inspecciones del Distrito de Horta-Guinardó, Manuel Franco Mesas, a fin de que «en el término de un mes» se requiriese a la AEBHVH que procediese a solicitar autorización y licencia municipal tras aportar todos los documentos o justificaciones que estimara oportunos.

No lo hizo, y el 4 de septiembre de 2017 otra funcionaria del Ayuntamiento (que también se encuentra entre los imputados por este caso de presunta corrupción) redactó una notificación de resolución para comunicar el «cesamiento de la actividad sin licencia a la AEBHVH». Una decisión que fue ratificada un mes después por el entonces gerente del Distrito de Horta-Guinardó, Eduard Vicente, actual gerente del MACBA. Tras serle notificado el cese de actividad, la delegada de UGT que preside la guardería en el Vall d’Hebron, presentó una solicitud de prórroga y entregó una serie de documentos para intentar que se llevara a cabo la certificación técnica de la escuela infantil. El expediente nunca fue resuelto.

Un año después, en diciembre de 2018, una inspectora del Ayuntamiento realizó una segunda inspección/verificación «para comprobar el cumplimiento de la orden dictada por la autoridad municipal competente». Tras ello, emitió un contundente informe: «Se da por comprobado que la guardería del Hospital de la Vall d’Hebron objeto de este expediente continúa en funcionamiento sin ninguna licencia municipal de actividad que lo autorice».

No se ha cumplido con el cierre

Según indica la Guardia Civil en su último informe, remitido al juzgado el pasado 13 de julio, «este es el último documento que aparece en el expediente administrativo». «No consta licencia para ejercer la actividad de guardería, por lo que la asociación no está autorizada para ejercer la actividad», añade la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Barcelona. «El cese decretado en acto administrativo debería haber sido de obligado cumplimiento, velando la misma administración por su observancia», concluye.

En relación a esta segunda inspección de finales de 2018, en la que se acreditaba el «incumplimiento» de la «orden de cese dictada por el órgano administrativo competente», la Guardia Civil entiende que esta situación generó una «nueva infracción» por parte de los funcionarios del Ayuntamiento. No solo deberían haber procedido al cierre de la escuela infantil sino que, además, deberían haber incoado un expediente de sanción e impuesto una multa de entre 6.000 y 20.000 euros a la asociación que preside la delegada de UGT en el Vall d’Hebron por no contar con las licencias oportunas y haber continuado su actividad pese a ser advertida de que incumplía la ley.

Por todo esto, la juez a cargo del caso ha imputado a Eduard Vicente Gómez, gerente del Distrito Horta-Guinardó del Ayuntamiento de Barcelona entre el año 2015 y mayo de 2022, fecha en la que fue nombrado como nuevo gerente del MACBA. También a Manuel Franco Mesas, director de Licencias e Inspecciones del mismo distrito de la capital catalana, y a la funcionaria Andrea Prange, por haber actuado como secretaria del expediente administrativo incoado tras la inspección en la que se constató que la guardería funcionaba sin la preceptiva autorización municipal.

2.500 euros por un proyecto no ejecutado

Además, según la Policía Judicial, esta situación de ilegalidad era «un escenario conocido por el Ayuntamiento desde el inicio» de la actividad de la guardería, puesto que en el momento de la firma del convenio entre el ICS y la asociación presidida por la delegada de UGT, en el año 2013, estuvo presente el entonces gerente del Distrito de Horta-Guinardó Jaume Fibla. Adscrito entonces al grupo municipal de CiU, también ha sido imputado por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación que investiga el juzgado.

Este último, según consta en el informe policial, habría sido el encargado de pagar facturas por importe de 2.500 euros a una empresa a la que se encargó «un proyecto de obra y adecuación» de los locales del hospital Vall d’Hebron donde la guardería presta servicios aún a día de hoy. Un proyecto que fue pagado y realizado, pero nunca ejecutado, según las conclusiones de la Guardia Civil.

«Siendo nombrado interlocutor entre el ICS y l’Escola Bressol Vall d’Hebron para llevar a cabo los trámites y cumplir con todos los requisitos legales, efectuando el pago de la cantidad de 2.500 euros a la empresa j3m-Ingenieros para la redacción de un proyecto de adecuación de los locales de la Asociación al objeto de legalizar la actividad de guardería, posteriormente no se procedió a su ejecución», asevera el informe de la Policía Judicial.

A través del Instituto Catalán de la Salud (ICS) y la dirección del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, la Generalitat de Cataluña costeó con recursos públicos al menos 60 obras o intervenciones de mantenimiento y reparación en la guardería clandestina que preside desde 2013 la delegada de UGT en el mayor hospital público de la región. Estas y otras regularidades detectadas en la investigación policial han llevado al Juzgado de Instrucción Número 9 de Barcelona a imputar a una docena de personas por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa. 

Siete gerentes del hospital y del ICS imputados

Entre los servidores públicos y exfuncionarios que han sido citados a declarar como investigados por la juez hay dos exgerentes del Vall d’Hebron, José Jerónimo Navas y Vicenç Martínez, además del actual gerente de ese hospital público, Alberto Salazar. La juez también ha imputado a tres exgerentes del ICS (Joaquín Casanovas, Pedro Soley y Candelaria Calle), además de la actual responsable de esa empresa pública dependiente del Departamento de Salud de la Generalitat, Yolanda Lejardi. 

Durante la investigación policial, la Guardia Civil también llamó a declarar al actual consejero de Salud de la Generalitat de Cataluña, Josep María Argimon, pero éste se acogió a su derecho a no declarar amparándose en su condición de aforado. Argimon fue director gerente del ICS entre junio de 2018 y mayo de 2021. Por su cargo, goza del privilegio o garantía de ser investigado y enjuiciado solo por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña. Razón por la cual no se encuentra entre los doce funcionarios que han sido citados a declarar como imputados por el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona.

El Instituto Armado considera que todos ellos podrían haber causado «un perjuicio al erario público» por no cumplir ni hacer cumplir las disposiciones legales que regulan la actuación del ICS y que habrían obligado a ese organismo a cancelar el acuerdo suscrito en 2013 con la AEBHVH.