Gabilondo pide a la Generalitat información «completa» del uso del castellano en las aulas
El Defensor del Pueblo quiere evitar «el acoso o molestia que pudieran sufrir los alumnos por cuestiones vinculadas al uso de la lengua castellana»
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo | Eduardo Parra (Europa Press)
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, se ha dirigido a la Secretaría General de Educación de la Generalitat de Cataluña para obtener una información «completa y actualizada» sobre las medidas adoptadas en los centros educativos respecto al uso del castellano.
Así lo ha manifestado el Defensor del Pueblo en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, remitido a la presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña, Ana Losada, con quien se reunió hace más de un mes en la sede de la institución.
El Defensor del Pueblo ha solicitado esta información a la Generalitat con el objetivo de atender la «preocupación» de personas y colectivos que se dirigen a la institución en relación con el aprendizaje y uso del castellano en el ámbito escolar en Cataluña en este curso, así como por «la prevención del acoso o molestia que pudieran sufrir los alumnos por cuestiones vinculadas al uso de la lengua castellana«. «En definitiva, se solicita informe de las medidas adoptadas para atender los mencionados derechos y preocupaciones», apunta en el escrito.
En el documento, recuerda que inició en su día actuaciones ante el Departamento de Educación de Cataluña al objeto de que «precisara las iniciativas llevadas a cabo para garantizar la proporcionalidad de las lenguas vehiculares en sus programaciones educativas, de forma que todos los alumnos reciban de manera efectiva e inmediata la enseñanza mediante la utilización vehicular de las dos lenguas oficiales en los porcentajes que se determinen, conforme a lo establecido en la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña».
En el trámite de ejecución forzosa de la referida sentencia, la Generalitat de Cataluña aprobó un decreto ley por el que «se fijan los criterios aplicables a la elaboración, la aprobación, la validación y la revisión de los proyectos lingüísticos de los centros educativos». Posteriormente, el Parlamento de Cataluña aprobó la Ley sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria.
Tras ello, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña resuelve plantear ante el Tribunal Constitucional cuestión de inconstitucionalidad referida al decreto ley de la Generalitat a la ley aprobada por el Parlamento catalán. Con posterioridad al planteamiento de esta cuestión de inconstitucionalidad por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el pasado 13 de septiembre el Pleno del Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Ante esta situación, el Defensor del Pueblo ha señalado que, «si bien no entrará en el examen individual de aquellas quejas sobre las que esté pendiente resolución judicial y lo suspenderá si, iniciada su actuación, se interpusiere por persona interesada demanda o recurso ante los tribunales ordinarios o el Tribunal Constitucional, el artículo 17.2 de la Ley Orgánica reguladora del Defensor del Pueblo añade que ‘ello no impedirá, sin embargo, la investigación sobre los problemas generales planteados en las quejas presentadas'».
«En tanto no se pronuncie el Tribunal Constitucional, las actuaciones de supervisión de esta institución deberán ir encaminadas a comprobar el respeto por parte de la Administración educativa de Cataluña de los derechos comprendidos en el Título I de la Constitución en el marco legal vigente», apunta el Defensor del Pueblo.
Con respecto a posibles fenómenos de acoso escolar por razones lingüísticas, la institución ha subrayado que «tales conductas, de producirse, pueden llegar a suponer un ataque contra los valores superiores que constituyen el fundamento del Estado social y democrático de derecho, como son los principios de libertad, respeto a la dignidad de las personas y a los derechos que les son inherentes, en definitiva, los valores básicos e irrenunciables de nuestro modelo de convivencia».
«El ejercicio de un derecho legalmente reconocido, y más aún cuando este tiene el respaldo de una sentencia judicial firme, no debiera generar perjuicios a quienes lo insten, y corresponde a las administraciones públicas competentes adoptar las medidas precisas para evitar estos perjuicios, siendo particularmente grave cuando la situación afecta a un menor en su entorno escolar y familiar, por las consecuencias que ello puede tener en su desarrollo y bienestar personal», concluye el Defensor del Pueblo.
«La presión en las escuelas catalanas ha aumentado»
Tras una reunión con el Defensor del Pueblo el pasado mes de septiembre, la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña aplaudía que la institución esté informada y recabando más información sobre la situación con el castellano en los colegios catalanes.
«La presión que hay en las escuelas catalanas con el tema de la lengua ha aumentado a principios de curso 2022-2023. Hemos denunciado el desamparo de las familias que hemos pedido el bilingüismo«, señalaba en declaraciones a Europa Press la presidenta de la entidad, Ana Losada, tras reunirse con el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo.
En la misma línea, añadía que le transmitió al Defensor del Pueblo que esas familias «están totalmente desamparadas» ante la «irregularidad» de que la Generalitat «pida incumplir las órdenes judiciales». «El Ministerio de Educación no ha dicho nada ni ha hecho nada, ni la Alta Inspección de Educación tampoco», lamentaba.
La organización también planteó que las instrucciones del nuevo curso en Cataluña incluyen elementos «muy preocupantes» como el «control de alumnos y profesores para que hablen siempre en catalán o el tema de los grupos de impulsores de la lengua que están en cada centro y que vigilan cómo los niños está hablando».
