La Justicia catalana elige a un juez partidario del 'derecho a decidir' para juicios contra aforados
La elección, que debe ser validada aún por el CGPJ, cuenta con el voto en contra de una juez titular de la sala por el temor a que pueda ser recusado
Roger Torrent ante las puertas del TSJC. | Europa Press
La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha incorporado como refuerzo para resolver recursos de personas aforadas, o procedimientos en contra de aforados, al magistrado Francesc Uría Martínez, presidente de la sección 22 de la Audiencia de Barcelona, y quien en 2014, en pleno auge del procés, rubricó un manifiesto junto a otros 32 jueces a favor del llamado «derecho a decidir» y de la «plena soberanía de Cataluña para elegir su futuro».
Esta elección, acordada por la sala el pasado 20 de diciembre, contó con el voto en contra de la expresidenta del TJSC María Eugenia Alegret por la posibilidad de que pueda ser recusado y su nombramiento no sirva al objeto del mismo, que es el de reconstituir la sala en comisión de servicio ante procedimientos que afectan a diputados en el Parlament o a cargos del Govern.
La magistrada titular de la sala especifica en su voto particular que «en el legítimo uso de su libertad de expresión, [Uría Martínez] suscribió en el año 2014 un manifiesto, al que sus firmantes dieron oportuna publicidad, mostrando explícitamente su posición política/ideológica sobre el derecho de autodeterminación de Cataluña y su ejercicio por la vía de consulta o referéndum».
Evitar recusaciones contra el juez
Alegret añade que, pese a que no duda «de que pudiera enjuiciar con neutralidad los asuntos que le fueran adjudicados», existe el «riesgo evidente de que se produjeran indeseables abstenciones y/o recusaciones que pudieran distorsionar el normal funcionamiento de la Sala, quedando frustrada en última instancia la finalidad de la comisión de servicios y comprometida la imagen pública de la Sala Civil y Penal del TSJC y, en definitiva, de la Administración de Justicia en Cataluña».
En el documento del acuerdo del nombramiento del TSJC, avanzado por El Nacional y al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, se especifica que, según los criterios establecidos en el artículo 216 bis 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, «el comisionado habrá de hallarse en disposición de ser llamado para conformar los tribunales que ocasionalmente tuvieren que constituirse para conocer de los recursos de apelación presentados contra la resoluciones del instructor en procesos penales seguidos contra las personas aforadas y, eventualmente, de su enjuiciamiento, cuando no existieren magistrados suficientes de la Sala Civil y Penal que no hubieran intervenido en fases procesales anteriores».
Es decir, cuando alguno de los ocho magistrados que forman la sala «hubieren de quedar preservados para conformar tribunal de enjuiciamiento». Lo que sucede en el supuesto de que los jueces titulares hayan intervenido en otras fases procesales o quedaran contaminados al haber conocido el fondo del caso.
Manifiesto a favor del referéndum
Fuentes del Tribunal explican a este periódico que el Consejo General del Poder Judicial todavía no ha validado el nombramiento del juez Uría. El juez en cuestión suscribió el 6 de febrero de 2014 el Manifiesto de los Jueces por el Derecho a Decidir.
Este manifiesto, rubricado por 33 jueces y magistrados de Cataluña, buscaba conferir legitimidad al llamado «derecho a decidir»: «Desde determinadas posiciones o planteamientos, se ha transmitido la idea de que el reconocimiento o ejercicio de este derecho a decidir queda absolutamente al margen de nuestro ordenamiento constitucional e, incluso, del marco jurídico internacional y que, por lo tanto, no goza de ninguna legitimidad. La cuestión clave de este debate, a nuestro entender, pasa por aceptar o no la realidad nacional de Cataluña y, en consecuencia, su plena soberanía para decidir su futuro».
«Hay que partir de un hecho que, pensamos, no admite discusión: Cataluña es una nación. Esta realidad viene determinada por una historia, una cultura, una lengua propia, y por encima de todo, una reiterada y perseverante voluntad de ser reconocida como una sociedad nacional diferenciada, compatible con su carácter plenamente integrador», proseguían los bajofirmantes.
Precisamente el pasado noviembre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, condenó a España a una indemnización por daños morales de alrededor de 4.000 euros a estos 33 jueces por vulnerar su derecho a la privacidad al haber filtrado sus fotos e identidad para un reportaje en La Razón, titulado «La conspitación de los 33 jueces soberanistas».
