Once ayuntamientos catalanes se unen a una campaña de boicot a productos españoles

Un total de 11 ayuntamientos catalanes se han unido a la campaña promovida por el Consell de la República, ente controlado por Carles Puigdemont desde Waterloo, para no consumir productos españoles. Se trata de los consistorios de Vic, Olvan, Amposta, Santa Eugenia de Berga, Bescanó, Torres de Segre, Artés, Arbúcies, Amer, Sant Pol de Mar y Sant Feliu de Pallerols.

Según informaron desde el propio ente, ente estos municipios están gobernados no solo por el partido de Puigdemont -Junts per Catalunya- sino que cuentan con una «amplia representación» independentista, en referencia a ERC y la CUP.

El Consell de la República lanzó hace un año esta iniciativa de «consumo estratégico» que calificaron de «fundamental» para lograr la ruptura con el Estado. De momento, solo se han incorporado 11 municipios de los 947 que hay en Cataluña, pero voces de la oposición cuestionan que esta medida pueda ser legal si atenta contra la libre concurrencia. En especial, al tratarse de entes públicos.

El pasado 29 de abril se puso en marcha un plan piloto para un convenio de colaboración y contratación pública con el fin «de ofrecer mecanismos que sean coherentes entre la lucha por la independencia de Cataluña y las políticas de gasto a los entes locales». Sin embargo, según explican fuentes municipales a THE OBJECTIVE, en algunos casos fue solo una declaración de intenciones sin que se haya desplegado ninguna normativa para aplicarlo en la administración local.

Municipalismo ‘indepe’

A nivel de densidad poblacional, estos municipios suman un total de 101.861 habitantes, según datos del 2022. Representan el 1,31% de los 7.747.709 habitantes que tiene Cataluña. Aunque se trata de una cifra poco representativa de la sociedad catalana, el independentismo tiene entre sus principales referencias la esfera municipal para «crear país».

En los años más álgidos del procés, la mayoría de municipios catalanes -a excepción de las grandes ciudades- se adherieron a la Asociació de Municipis per la Independència (AMI). Para formar parte de ella tenían que desembolsar una cuota mensual o anual a la entidad para financiar la independencia.

Posteriormente, y después de que el Tribunal de Cuentas empezara a investigar los gastos destinados al plan rupturista promovido por los sucesivos gobiernos de la Generalitat, la mayoría de estas localidades cesaron sus donaciones a la AMI para evitar la actuación del ente fiscalizador.

«Desconexión con el Estado»

Los ayuntamientos que firman el convenio de colaboración con el Consell de la República reciben también una «guía orientativa sobre contratación republicana» y asesoramiento para el uso de la Identidad Digital Republicana, una suerte de DNI catalán para sortear la legalidad española.

Según el Consejo de la República, esta campaña de ‘Consumo institucional’ tiene un doble objetivo: «fortalecer la economía catalana y disminuir el grado de dependencia económica de empresas españolas» y garantizar «la continuidad de la economía y suministros una vez se haga efectiva la desconexión con el Estado».