La mano dura de Meloni con las 'raves' convierte Cataluña en el paraíso de estas fiestas ilegales
Los principales sindicatos de los Mossos alertan del aumento de estas fiestas procedentes de Italia por la inacción del Departamento de Interior
Un activista contrario a la política de Meloni contra las 'raves'. | Europa Press
El malestar de los Mossos d’Esquadra con la inacción del Departamento de Interior en lo que concierne a las raves ilegales que se celebran en zonas rurales poco pobladas de Cataluña ha llegado a su punto más álgido. En especial, después de que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, haya abordado una reestructuración del Gobierno que no ha afectado al conseller del ramo, Joan Ignasi Elena, quien está en el punto de mira de los sindicatos policiales.
La Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya (Uspac) lleva tiempo alertando de la «preocupación» que existe en el cuerpo policial por que Cataluña se haya convertido en «la comunidad de las raves». Su portavoz, Alberto Palacios, ha explicado en varias comparecencias que la mayoría de estas fiestas ilegales proceden de «ciudadanos extranjeros» procedentes de Francia y, en los últimos meses, de Italia. Un hecho que ha llevado a un aumento de raves en Cataluña, señalan desde la Policía.
Una de las primeras medidas del Gobierno de Giorgia Meloni tras ganar las elecciones en Italia fue la promulgación de un decreto ley en el que se imponían duras sanciones a los organizadores de este tipo de fiestas ilegales. Ahora, tal y como avanzó e-Notícies, las invasiones «de terrenos o edificios para reuniones de más de 50 personas» se establecían como riesgos para «el orden público, la seguridad y la salud» y se podían sancionar con multas de entre 1.000 y 10.000 euros, además de penas de cárcel de entre 3 y 6 años.
«Impunidad en Cataluña»
Después de una de las últimas fiestas ilegales en Santa Anna (Lérida), donde hubo agentes de los Mossos lesionados y dos vehículos dañados, el portavoz de Uspac denunció en declaraciones a La Sexta que «la autoridad policial se ha perdido gracias a nuestros dirigentes» y relató una situación de «impunidad en Cataluña» porque las «sanciones administrativas no llegan a cobrarse».
Esta laxitud del conseller Elena -que también fue muy criticado por su tibieza frente la okupación durante las manifestaciones en el barrio de la Bonanova de Barcelona- contrasta con las medidas que imponen en Francia e Italia.
A este respecto, otro sindicato policial que agrupa a altos mandos, Sicme, ha pedido explicaciones a Interior para evitar que «Cataluña se convierta en un paraíso para estas actividades ilegales». Lamentan que en muchas ocasiones ni siquiera se identifica a los organizadores o que la combinación de sustancias y alcohol por parte de los asistentes pueden derivar en episodios de violencia.
En la misma línea, el sindicato mayoritario dentro de los Mossos, Sindicat Autònom de Policia (SAP-Fepol) también se ha pronunciado a favor de pedir a la Consejería de Interior que «actúe». Se trata de una petición transversal entre los distintos sindicatos de la policía autonómica pero que, de momento, parece no encontrar respuesta de las autoridades políticas.
