La UE pone el foco en los 11 ayuntamientos que excluyen a empresas que no usan el catalán
La Comisión advierte que los organismos públicos deben abstenerse de toda acción que pueda poner en tela de juicio la igualdad de trato y no discriminación
La nueva presidenta del Parlament, vicepresidenta de Junts y alcaldesa en funciones de Vic, Anna Erra, sale del Parlament tras ser investida de su cargo. | Europa Press
La Comisión Europea toma nota de la campaña de boicot adoptada por 11 ayuntamientos catalanes contra los productos españoles que no usen el catalán ni comulguen con la causa separatista. Según una respuesta parlamentaria del comisario Thierry Breton al eurodiputado de Ciudadanos Jordi Cañas, del grupo de Renew Europa, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, la Unión Europea se otorga la potestad de «tomar medidas» si recibe «pruebas de un problema sistemático de adjudicación ilegal de contratos que están sujetos a las Directivas sobre contratación pública».
La respuesta del Ejecutivo comunitario va, en esta ocasión, un poco más allá de la respuesta formal que aboga por que sean las autoridades nacionales quienes resuelvan las cuestiones internas. Recuerda en su escrito que «todos los poderes adjudicadores y entidades adjudicadoras deben respetar el Derecho de la UE en sus actividades sujetas a las Directivas sobre contratación pública», como son la Directiva 2014/23/UE, Directiva 2014/24/UE y Directiva 2014/25/UE.
Hay al menos 70 contratos de estos ayuntamientos bajo lupa, pero podrían ser más si se incluyen numerosos consistorios catalanes que discriminan en sus pliegos a las empresas que no hablen exclusivamente en catalán. Los 11 municipios ya disponen de «una guía orientativa de contratación republicana» y el asesoramiento correspondiente para el uso de la Identidad Digital Republicana (IDR), un documento paralelo a DNI español del que ya disponen empresas, administraciones, públicas y asociaciones. La IDR busca sortear la legalidad española.
Las cláusulas de los ayuntamientos
Sus fórmulas de contratación -es lo que se investiga- podrían ser contrarias a la legislación europea al incluir cláusulas que limitan la libre competencia exigiendo el catalán en varios de los puntos de los documentos administrativos. Incluso, se hace referencia a que incumplir en algún momento esos puntos puede suponer una infracción grave, similar al incumplimiento de la igualdad de género o de la integración de personas con discapacidad.
Una de estas polémicas cláusulas, que incorporan mayoritariamente, aunque no está en todas las licitaciones, hace referencia a que «la empresa contratista debe utilizar el catalán en sus relaciones con el ayuntamiento derivadas de la ejecución del objeto del contrato».
Rótulos, publicaciones y avisos en catalán
Además, subraya «que la empresa contratista y, en su caso, las empresas subcontratistas deben emplear, al menos, el catalán en los rótulos, las publicaciones, avisos y demás comunicaciones de carácter general que se deriven de la ejecución de las prestaciones objeto del contrato».
En otros, incluso aumentan las exigencias. Es el caso de un pliego del Ayuntamiento de Amer para la realización de un proyecto, financiado por Europa dentro del Programa Next Generation, para la mejora de la movilidad urbana municipal para la reducción del CO2. En este caso también exigen a la empresa contratista destinar a la ejecución del contrato «los medios y el personal que sean adecuados para asegurar que se podrán realizar las prestaciones objeto del servicio en catalán».
Señala que, a tal efecto, «la empresa adjudicataria deberá adoptar las medidas de formación de su personal necesarias para garantizar que el personal que, en su caso, pueda relacionarse con el público tenga un conocimiento suficiente de la lengua catalana para desarrollar las tareas de atención, información y comunicación de forma fluida y adecuada».
Pero no solo el catalán forma parte del contrato. El ayuntamiento señala en el pliego que en el ámbito territorial del Valle de Arán, las empresas contratistas y, en su caso, las empresas subcontratistas «deben utilizar el aranés de acuerdo con la Ley 35/2010, de 1 de octubre, y con la normativa propia del Consejo General de Arán que la despliegue».
Tratado de Funcionamiento de la UE
Como informó este periódico el pasado abril, la campaña de boicot, llamada Consumo Institucional, fue instigada por el Consell de la República, ente controlado por Carles Puigdemont desde Waterloo. El eurodiputado de Ciudadanos Jordi Cañas denuncia en su escrito a la Comisión que dicho ente paragubernamental tiene como objetivo «suplantar el poder legítimo de un Estado miembro de la Unión».
El europarlamentario catalán se ha encargado de recordar a las instancias europeas que esta campaña podría atentar contra el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que establece que «el mercado interior implicará un espacio sin fronteras interiores». A su juicio, la medida adoptada por los ayuntamientos de los municipios «contraviene los principios y la normativa de la Unión Europea».
Campaña promovida por Puigdemont
Los 11 ayuntamientos que se adherieron son Vic, Olvan, Amposta, Santa Eugenia de Berga, Bescanó, Torres de Segre, Artés, Arbúcies, Amer, Sant Pol de Mar y Sant Feliu de Pallerols. Según el Consejo de la República, la campaña tiene un doble objetivo: «Fortalecer la economía catalana y disminuir el grado de dependencia económica de empresas españolas» y garantizar «la continuidad de la economía y suministros una vez se haga efectiva la desconexión con el Estado».
El papel de Parlamento y Comisión
Jordi Cañas señala en su pregunta que recuerda que en noviembre de 2018, el CRC, «una organización cuyo objetivo es suplantar el poder legítimo de un Estado miembro de la Unión, presidida por el eurodiputado Carles Puigdemont», presentó la campaña Consum institucional estratègic para que las administraciones públicas catalanas dejen de contratar los servicios de empresas que no utilicen el catalán y no estén posicionadas a favor de la soberanía.
Según el eurodiputado, este mecanismo ideado por los partidos independentistas supone, según el eurodiputado, una «flagrante discriminación lingüística e ideológica que crea una barrera de entrada al territorio para la mayoría de empresas españolas y europeas». Recuerda que el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que «el mercado interior implicará un espacio sin fronteras interiores» y es por esto «que la medida adoptada por los ayuntamientos de los 11 municipios se contraviene los principios y la normativa de la Unión Europea».
Por su parte, el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, ha destacado que todos los organismos públicos «deben abstenerse de toda acción que pueda poner en tela de juicio la plena adhesión a los principios de igualdad de trato, no discriminación, proporcionalidad y transparencia. Estos principios son los elementos más importantes para garantizar el uso eficaz de los fondos públicos aumentando la competencia y minimizando el riesgo de despilfarro de fondos públicos».
