Los policías investigados por el 1-O critican la amnistía: «Solo vamos a perder nosotros»
Un juzgado de Barcelona procesó el año pasado a 45 agentes por delitos de lesiones y torturas por las cargas del procès
Antidisturbios en las calles de Barcelona. | EP
La ley de amnistía que sobrevuela las negociaciones entre los partidos catalanes y el PSOE para que Pedro Sánchez sea reelegido como presidente del Gobierno extinguiría la responsabilidad penal de miles de personas implicadas en el procès. Los independentistas piden el perdón para los organizadores del 1-O, exresponsables y técnicos de la Generalitat, CDR e incluso para medio millar de personas con causas abiertas por atentar contra las fuerzas de seguridad. Quienes no entran en esa quiniela, por ahora, son los agentes que integraron el operativo policial contra el referéndum ilegal, y a los que el juez ha procesado, en el caso de 45 antidisturbios, por delitos de lesiones y torturas.
«Al final iremos al juicio los que respetamos la ley en todo momento», revelan algunos de estos agentes en conversación con THE OBJECTIVE. La amnistía para los «represaliados» del 1-O que busca el independentismo ha caído como un jarro de agua fría para estos policías, pues dan por hecho que seguirán investigados por las cargas policiales. Aun así, admiten que «no les ha sorprendido» porque «sabían desde hace hacía tiempo que los únicos que teníamos algo que perder éramos nosotros». «Nos causa indiferencia toda la situación política, solo queremos que se celebre el juicio y acabe esta persecución judicial», censuran.
De ser condenados por la Audiencia Provincial de Barcelona, estos funcionarios perderían su puesto de trabajo. «Esto es lo que quieren, es a lo que juegan, a condenarnos psicológicamente mientras avanza el proceso judicial, aunque seamos después absueltos. Ya han pasado seis años, ahora quedan por delante al menos otros 15 imputados por esos delitos, entre instancias y recursos, hasta que todo llegue al Tribunal Supremo».
Abandonados por Interior
Estos agentes, que defienden en todo momento que cumplieron órdenes de sus superiores, critican al Ministerio del Interior «por dejarlos abandonados» todo este tiempo. «Aquel día, el ministro Juan Ignacio Zoido nos dijo que ese era el servicio más importante de la democracia, que debíamos trabajar por la integridad territorial de España. Todo era humo y política. Nunca pensamos que nos dejarían tirados después. No hubo apoyo de Zoido ni lo hay ahora de Marlaska. No hemos recibido ayuda psicológica ni jurídica», critican.
El sentir de la mayoría de agentes es de «total desesperanza». En el auto, el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona concluyó que los responsables del operativo «no cumplieron sus obligaciones de supervisión», y sus subordinados actuaron de forma «desproporcionada». Los agentes difieren: «Nosotros actuamos respaldados por nuestros jefes, pero después, todos se limpiaron las manos. La prueba es que no hay nadie con traje ni ningún alto mando imputado», denuncian.
Dictamen judicial
El juez Miralles señala que en las imágenes puede verse a «agentes dando puñetazos, agarrando del cuello, lanzando personas al suelo…». Ante esto, los policías, entonces de las Unidades de Intervención Policial (UIP), antidisturbios, coinciden: «Nosotros no hicimos nada malo, hicimos lo que se nos mandó. Cumplimos órdenes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ahora nos enjuicia», se defienden.
El relato de los agentes es completamente distinto. Recuerdan cómo el cometido aquel día fue prácticamente imposible. «Con dos millones de personas en la calle, mandaron a 1.200 policías a sacar urnas en 20 de los 2.500 colegios que había. Fue ridículo, pero no hicimos nada indebido». En mi caso, cuenta un agente, «tuve que utilizar la defensa, pero no causé ninguna baja, no hubo lesiones. El juez ha sobreseído los casos en los que se empujó y hubo agarres. Situaciones en las que, igualmente, puede haber lesiones, como una luxación. Fue el único criterio del juez después de seis años…», critican.
«Solo peleábamos para salir con seguridad de los colegios. No hubo un golpe fuera de lugar. Pero si cuando debíamos salir con las urnas, no se querían ir, no había otra. En Tarragona, Girona y Lleida, ningún policía o guardia civil ha sido procesado por nada de lo que ocurrió en los colegios. Con este juez, sin embargo, teníamos claro que habría juicio. No ha habido sorpresas, aunque el bajón es inevitable, claro. Lo que queremos es que todo termine ya», concluyen.
