El PSOE pacta con ERC condonar 15.000 millones de deuda a Cataluña y darle Cercanías
El montante será asumido por la Administración central con un ahorro de 1.300 millones en intereses para Cataluña
Félix Bolaños y Oriol Junqueras sellan el acuerdo entre el PSOE y ERC para investir a Sánchez. | Europa Press
Condonación de deuda y cesión de infraestructuras ferroviarias para amarrar la investidura de Pedro Sánchez. Eso es lo que ha rubricado el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática en funciones y miembro de la comisión negociadora del PSOE, Félix Bolaños, este jueves, dentro del pacto que su formación ha alcanzado con los republicanos de ERC. En concreto, el ministro ha anunciado este jueves que el Estado se hará cargo de una parte de la deuda de Cataluña, en un mecanismo que será extensible al resto de comunidades autónomas.
El método elegido será el de la condonación de la deuda de la Administración catalana, en concreto el 20% de lo que adeuda por haberse acogido en el pasado al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). En total, según aseguran desde ERC, se trata de 15.000 millones de euros más intereses y será asumida integralmente por la Administración central.
La autonomía que preside Pere Aragonès debe el 84% de su deuda al Estado (73.110 millones) a través de este mecanismo. Y, por tanto, tras este acuerdo su deuda se reducirá ostensiblemente hasta los 58.000 millones de euros. Mediante este acuerdo Cataluña se ahorra además 1.300 millones de euros en concepto de intereses, que el Estado ya no recibirá.
15.000 millones de deuda
«Esta operación supondrá la asunción del entorno del 20% de la deuda viva en el momento de ejecución de este acuerdo, contraída por la Generalitat de Catalunya con la Administración General del Estado en los mecanismos de liquidez estatales, y supondrá unos 15.000 millones de euros de la deuda de Cataluña, y supondrá un ahorro de en torno a 1.300 millones de euros en intereses», dice la literalidad del acuerdo firmado.
Se ha explicado que con el fin de sanear la situación financiera de la Generalitat y facilitar su vuelta a la financiación en los mercados de deuda, «se procederá a tramitar una modificación legal de alcance general para todas las Comunidades Autónomas de régimen común que permita la asunción por parte del Estado de parte de la deuda autonómica con este, originada por el impacto negativo del ciclo económico, para lo cual se determinará qué parte del incremento de deuda obedece al impacto del ciclo, pudiendo también acudirse a transferencias para la cancelación de la deuda en el caso de endeudamiento con terceros distintos del Estado, caso de ser necesario».
Se abre así el mecanismo a todas las comunidades autónomas, donde además de los 73.100 millones de Cataluña, la Comunidad Valenciana debe 48.300 millones al FLA, Andalucía debe 25.400 millones, Castilla-La Mancha 11.400 millones y Murcia 10.300 millones.
Por otro lado, los socialistas han pactado con Esquerra traspasar a la Generalitat parte de la gestión del servicio de Cercanías de Cataluña —Rodalies—, incluyendo las vías, los trenes y la financiación. El pacto establece la creación de una sociedad denominada Rodalies Cataluña que será participada por la Administración central y la Generalitat de Cataluña. El presidente de esta sociedad será nombrado por el Govern.
«Transferencia integral» de Cercanías
El acuerdo dice que se va a constituir la empresa mercantil Rodalies Catalunya,«con participación mayoritaria de la Generalitat de Catalunya, segregada de Renfe Viajeros, la cual se dotará de los recursos materiales y humanos que hoy son utilizados y necesarios para la prestación de los servicios de Rodalies en Cataluña por parte de Renfe. Esta empresa dispondrá de un consejo de administración de forma paritaria por Generalitat y AGE».
Además, se nombrará un presidente con voto de calidad, también miembro del consejo, «propuesto por la Generalitat. Aquellos acuerdos que sus estatutos establezcan como estratégicos se adoptaran con una mayoría cualificada del consejo . Esta empresa dispondrá de un convenio de colaboración y cooperación con Renfe que asegure la movilidad laboral entre ambas y el mantenimiento de los derechos adquiridos», dice el pacto.
También se ha acordado traspasar a la Generalitat los recursos necesarios para sufragar la deuda existente con Renfe relativa a los servicios prestados en el marco del Plan de Acción, que se cifra en 132,7 millones de euros, fuera de los servicios acordados en el traspaso. «Para ello se determinarán las fórmulas más adecuadas a tal fin, tales como su inclusión en las previsiones en los Presupuestos Generales del Estado u otras con resultados similares. El grupo de trabajo deberá acordar que parte del coste del actual Plan de Acción debe pasar a formar parte de la financiación ordinaria de los servicios de transporte de Rodalies de Catalunya». Todo en el marco de una «transferencia integral» de las infraestructuras ferroviarias a la Generalitat.
Pacto por la amnistía
Por otro lado, se constituirá una comisión entre el Gobierno del Estado y el de la Generalitat de Catalunya con el objetivo de estudiar la situación de los inmuebles titularidad del Estado y a «desarrollar un trabajo conjunto de optimización de su parque inmobiliario, entre las dos administraciones, para ponerlo al servicio de las políticas públicas y actividades de la Generalitat, siempre en el marco de la mejora del interés general y el mejor servicio público». Esta esta otra de las demandas del Govern: quedarse con inmuebles de titularidad del Estado.
Estas medidas son solo algunas del acuerdo entre ERC y el PSOE para que la formación independentista apoye la investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez. Por otro lado, los pasos decisivos dados esta semana por el PSOE en su negociación con Junts y ERC han abierto la puerta a una presentación inminente en el registro del Congreso de la proposición de ley sobre la amnistía para anunciar después la fecha del debate de investidura de Pedro Sánchez. El martes por la noche, el líder de los socialistas y el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, cerraron un acuerdo sobre el contenido de esta ley.
Ante ello, ocho vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial formalizarán este jueves su petición de que se celebre un pleno extraordinario para abordar la amnistía, que consideran una «medida de abolición del Estado de Derecho» que «violenta la Constitución» y convierte a la Justicia en «una quimera». Además, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), conservadora y mayoritaria en la carrera judicial, ha calificado a la amnistía como «el principio del fin de nuestra democracia».
