Denuncian a Iryo ante la Generalitat por no usar el catalán en sus servicios

Plataforma per la Llengua ha señalado públicamente y ha denunciado a la compañía ferroviaria Iryo a la Agencia Catalana de Consumo, un organismo autónomo de la Generalitat, por no usar el catalán en su actividad. La ‘ONG del catalán’ considera que la empresa de alta velocidad incumple la normativa catalana al «no emitir las facturas en catalán y no incluirlo en las cartas de restauración ni en las señales de los trenes».

Según esta plataforma, un usuario se puso en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de la empresa para pedirles la factura en catalán. «Las facturas se emiten en castellano», fue la respuesta de la compañía, que alega que la legislación vigente no le obligaba a usar el catalán.

«Su justificación  es totalmente errónea,  y demuestra la confusión -a pesar de las explicaciones de la entidad- que tiene esta empresa respecto a los derechos de los catalanohablantes, aunque la legislación catalana sea clara en este sentido», defiende Plataforma per la Llengua.

La ‘ONG del catalán’ señala que Iryo vulnera el Código de consumo de Cataluña, que en su artículo 128-1 indica lo siguiente: «Las personas consumidoras, sin perjuicio del respeto pleno al deber de disponibilidad lingüística, tienen derecho a recibir en catalán: las invitaciones a comprar, la información de carácter fijo, la documentación contractual, los presupuestos, los resguardos de depósito, las facturas y los demás documentos que se refieran o que se deriven de ellos».

En este sentido, asegura que los derechos y obligaciones establecidos en este código son aplicables a las empresas prestadoras de servicios básicos. «Iryo es considerada una empresa que presta servicios básicos y debe cumplir con las obligaciones indicadas en el Código de consumo de Cataluña», defienden, además de criticar que la compañía tampoco dispone de página web en catalán, a diferencia de Ouigo o Renfe.

«Debería tratar a los catalanohablantes con la misma dignidad que cualquier otra comunidad lingüística a la que dirige sus servicios.  Hay que denunciar aquellas empresas que no cumplen la normativa y vulneran los derechos lingüísticos de los consumidores», denuncia Plataforma per la Llengua.