El Gobierno no invirtió en la prevención de riadas en Valencia ni un euro antes de la dana
Unos 8,5 millones fueron para la sede de la CHJ en Valencia, pero nada para el barranco del Poyo
Dos personas en Picanya, frente al barranco del Poyo | Jorge Gil (Europa Press)
La falta de inversión en infraestructuras clave para la prevención de riadas en Valencia por parte del Gobierno de Pedro Sánchez ha quedado en evidencia tras los episodios trágicos de la dana de octubre, de acuerdo a los datos de la Cámara de Contratistas de la Comunidad Valenciana. Según fuentes de la Generalitat, ni el Ministerio de Transición Ecológica ni la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) invirtieron en la Comunidad Valenciana en medidas estructurales para minimizar el impacto de las inundaciones desde 2018 hasta las riadas de hace cuatro meses y medio.
El Ejecutivo central priorizó otras inversiones secundarias mientras se negó a destinar fondos a la adecuación de barrancos, sistemas de drenaje y mejoras en la canalización de aguas pluviales. Solo tras la catástrofe del 29 de octubre ha comenzado a licitar obras de emergencia, lo que confirma que el problema era previsible y que una inversión en prevención habría evitado parte de los daños.
Desde 2018 hasta octubre de 2024, el Gobierno de Sánchez licitó en el territorio valenciano obras por valor de 378,6 millones de euros. Sin embargo, solo 37,2 millones fueron para la CHJ, y ninguno de ellos a infraestructuras hidráulicas preventivas.
Según fuentes de la Generalitat Valenciana, mientras que las inversiones en prevención fueron inexistentes, el Gobierno de Pedro Sánchez sí destinó 8,5 millones de euros en mejorar la eficiencia energética del edificio de la CHJ en Valencia. Además, de enero a octubre de 2024, justo antes de la dana, la CHJ priorizó el gasto en sustitución de farolas en embalses por valor de 25.524,96 euros, mantenimiento eléctrico en casas de administración por 48.375,80 euros, adecuación del modelo físico de la presa de Beniarrés por 33.154,00 euros, revisión de instalaciones eléctricas en varias presas por 48.279,00 euros, movilización de sedimentos en el río Villahermosa por 47.974,81 euros, nuevo acceso al sifón de Loriguilla con un coste algo superior al millón euros, y adecuación de oficinas de la CHJ en Alicante por casi 350.000 euros.
En total, más de dos millones de euros en proyectos menores, mientras que las infraestructuras hídricas para evitar inundaciones fueron ignoradas. Desde la Generalitat se apunta que «en los años anteriores, la CHJ y el Ministerio incurrieron en el mismo error, es decir, dedicar el dinero a actuaciones no prioritarias, en lugar de destinarlo a obras antiriadas».
La Confederación Hidrográfica del Júcar: inacción hasta la catástrofe
El Ejecutivo central ya admitió en 2021 que el proyecto de acondicionamiento de los barrancos del Poyo y La Saleta se paralizó «por falta de disponibilidad presupuestaria». No obstante, el gasto posterior en mejoras en la sede de la CHJ en Valencia demuestra que sí había recursos, pero fueron desviados a partidas no prioritarias.
Además, la CHJ ha reconocido cuatro meses después de la dana, en documentación remitida a la comisión de investigación del Ayuntamiento de Valencia, que la Ley de la Huerta impulsada por el gobierno autonómico de PSOE y Compromís impidió ejecutar las obras necesarias en el barranco del Poyo.
Una inversión en reacción, no en prevención
De acuerdo con fuentes autonómicas, el Gobierno central ha activado inversiones solo después de la tragedia del 29 de octubre, «demostrando que la falta de prevención no se debía a falta de recursos, sino a una gestión deficiente de las prioridades». De hecho, la única licitación relacionada con los barrancos antes de la riada fue en 2022, cuando se destinaron 950.000 euros a reparar daños en el barranco del Carraixet. Para el barranco del Poyo o La Saleta, donde la dana tuvo efectos devastadores, no se destinó ninguna inversión.
Además, la Comunidad Valenciana sigue sin contar con un Sistema de Alerta Temprana para riadas, un mecanismo que sí tienen otras cuencas hidrográficas, como la del Ebro, y que el propio Gobierno ha reconocido como «el único dispositivo capaz de salvar vidas en casos de inundaciones».
El dilema de la financiación: obras esenciales frente a gastos superfluos
El informe sobre licitaciones públicas de enero a octubre de 2024 muestra que, mientras el Gobierno ha recortado la inversión en infraestructuras estratégicas en Valencia, ha aumentado el gasto en proyectos secundarios. La licitación pública autonómica ha caído un 69,42 %, afectando gravemente a la ejecución de obras hidráulicas y de movilidad sostenible.
Algunas de las inversiones del Gobierno en la Comunidad Valenciana que contrastan con la falta de financiación en infraestructuras antirriadas incluyen 15,9 millones de euros para la construcción de una subestación eléctrica en el Puerto de Valencia; 12,1 millones de euros para la sustitución de turbinas en la desaladora de Alicante y 36,5 millones de euros en la estación intermodal de Castellón. Mientras tanto, se ha ignorado la urgencia de proteger a Valencia de riadas devastadoras, frente a la reacción tardía tras el desastre.
