Ábalos dio 14,5 millones a la empresa valenciana de la trama nada más llegar al Ministerio
Entre 2018 y 2021, Levantina Ingeniería y Construcción obtuvo 17 contratos en licitaciones por valor de 27 millones
El constructor valenciano, José Ruz, hablando con Koldo García en noviembre de 2022 | THE OBJECTIVE
El exministro de Fomento y ex número tres de los socialistas, José Luis Ábalos, adjudicó 14,5 millones de euros a la constructora valenciana investigada en la trama Koldo-Ábalos-Cerdán nada más aterrizar en el Ministerio de Fomento en junio de 2018. En apenas sus tres primeros meses al frente de la cartera en el Gobierno, Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), propiedad del empresario valenciano José Ruz, se hizo con dos contratos de AENA —organismo público dependiente de su departamento— para obras en los aeropuertos de Reus y Valencia.
Las adjudicaciones se tramitaron con sorprendente rapidez, en un contexto de máxima cercanía entre el nuevo equipo ministerial y los círculos empresariales que hoy están bajo la lupa judicial. La cronología de los hechos refuerza las sospechas de los investigadores sobre el «modelo Ábalos» de adjudicación acelerada a empresas próximas.
Solo en ese arranque inicial de tres meses, la constructora valenciana investigada se adjudicó más de la mitad de todo el dinero que recibiría luego durante los tres años de Ábalos al frente del Ministerio. En total, entre 2018 y 2021, Levantina obtuvo 17 contratos en licitaciones donde concurrió de forma individual por valor de 27 millones de euros a través del departamento del entonces mano derecha de Pedro Sánchez en el Gobierno y en el PSOE, pero el grueso del desembolso comenzó a fluir de forma casi inmediata tras su llegada al cargo.
Adjudicaciones exprés
El primero de los contratos se formalizó el 24 de julio de 2018, apenas mes y medio después de que Ábalos fuera nombrado ministro e inmediatamente después del relevo en la presidencia de AENA, que en julio de 2018 pasó a estar dirigida por el político socialista catalán Maurici Lucena, persona de absoluta confianza del político valenciano y del presidente Pedro Sánchez. Se trataba de la «adaptación del Edificio Terminal A del Aeropuerto de Reus», con un presupuesto inicial de 16,5 millones de euros y un importe final de adjudicación de 14 millones de euros. El contrato fue tramitado mediante procedimiento negociado con publicidad, un mecanismo legal pero extraordinario para contratos de esta cuantía que permite reducir los plazos administrativos de adjudicación.
En este procedimiento participaron once empresas, aunque no constan publicadas las actas de la mesa de contratación con los detalles de las ofertas, las puntuaciones obtenidas ni los informes técnicos que justificarían la selección de LIC como adjudicataria. La empresa pública subraya que nunca se publica esa información salvo que alguien lo solicite.
Solo tres semanas después, el 14 de agosto de 2018, LIC volvió a resultar adjudicataria de otro contrato en el Aeropuerto de Valencia, esta vez para la «reubicación de salas de crisis y despachos ejecutivos», por un importe final de 564.000 euros. En este caso se utilizó un procedimiento abierto ordinario, con la recepción de siete ofertas, pero de nuevo con un plazo muy reducido para presentar las propuestas —apenas 15 días naturales— y sin documentación pública que detalle la evaluación de las propuestas recibidas.
Maurici Lucena, a quien el propio Sánchez se dirigía en mensajes de WhatsApp como «amigo Mauri», se convirtió desde su nombramiento en una pieza clave del núcleo económico del Ejecutivo. Su llegada al frente de AENA coincidió con las primeras adjudicaciones a la empresa valenciana investigada, si bien los concursos llevaban semanas preparándose.
Ruz, en el centro de la trama
El constructor valenciano José Ruz Martínez, accionista de Levantina Ingeniería y Construcción (LIC) y de Lopera Activa, figura formalmente investigado en el procedimiento judicial que instruye el Tribunal Supremo bajo la dirección del magistrado Leopoldo Puente. Fue señalado directamente por Víctor de Aldama —considerado el cerebro financiero de la trama— como uno de los empresarios favorecidos para adjudicarse licitaciones por decenas de millones de euros durante la etapa de Ábalos.
Según el sumario, Ruz mantuvo al menos dos encuentros con Koldo García, el exasesor personal de Ábalos y uno de los principales engranajes de la red. El primero de ellos se produjo el 11 de febrero de 2022 en el hotel Exe de Las Palmas de Gran Canaria. Solo dos días después de esa reunión, se publicó en la Plataforma de Contratación la licitación para la reforma del Edificio Royal, futura sede de la Agencia Tributaria Canaria, que finalmente fue adjudicada a la empresa de Ruz por 6,5 millones de euros en competencia con otras siete firmas. Un año después, el 8 de febrero de 2023, Ruz y Koldo volvieron a encontrarse, esta vez en el restaurante La Chalana, habitual centro de reuniones discretas de la trama, donde también participó el subteniente de la Guardia Civil José Luis Rodríguez García, considerado enlace clave entre los empresarios implicados y determinados cargos públicos.
Además, Ruz efectuó dos ingresos bancarios a Aldama —uno de 70.000 euros y otro de 7.500 euros— que figuran en la documentación económica del caso.
Aunque la investigación sigue abierta, el sumario ya documenta cuatro adjudicaciones adicionales a sus empresas: una obra ferroviaria en Asturias (2020); un contrato del AVE Madrid-Barcelona-Zaragoza; otro de la Autoridad Portuaria de Melilla; y el citado encargo en Canarias. Estos contratos suman otros 5,3 millones más los 6,5 millones de Canarias, que se añaden a los 27 millones obtenidos bajo la etapa de Ábalos.
En relación a esta noticia, la empresa pública Aena quiere explicar lo siguiente:
1.- El inicio del expediente de contratación “Adaptación del edificio terminal a diseño funcional del Aeropuerto de Reus” fue aprobado el 15 de marzo de 2016.
2.- Su normativa aplicable es la Ley 31/2007 (Ley de Contratos de Sectores Excluidos), que en su artículo 58 prevé el procedimiento Negociado Con Publicidad y Con Concurrencia como uno de los procedimientos ordinarios aplicables.
3.- En este procedimiento, la licitación se hace pública y está abierto a la concurrencia de cualquier empresa. De hecho, a este expediente concurrieron un total de 11 empresas, que dispusieron de plazo suficiente para presentar sus ofertas. 8 de estas ofertas superaron el corte técnico. Este procedimiento permite que Aena articule subastas electrónicas de varias rondas entre todas las ofertas que superen el mínimo técnico. Aena adjudica a la oferta más barata en ese proceso de subasta electrónica, sin que la evaluación técnica tenga ningún peso.
4.- El 24 de julio de 2018 se adjudicó el expediente a Levantina Ingeniería y Construcción (LIC) por ser la oferta más económica en la subasta electrónica celebrada al efecto, siendo el precio el único criterio utilizado para su adjudicación.
5.- El inicio del expediente de contratación “Reubicación de CEOPS, Sala de crisis y despacho de ejecutivos del Aeropuerto de Valencia” fue aprobado el 19 de junio de 2018.
6.- Su normativa aplicable es la Ley 9/2017 (Ley de Contratos del Sector Público), y se utilizó el procedimiento abierto con varios criterios, igualmente previsto en dicha norma como uno de los procedimientos ordinarios aplicables.
7.- Este procedimiento permite igualmente la articulación de subastas electrónicas de varias rondas entre todas las ofertas que superen el mínimo técnico, adjudicándose el expediente a aquel licitador que realice la oferta más baja, sin que la evaluación técnica tenga ningún peso. A este expediente concurrieron un total de 7 empresas, 4 de las cuales superaron el corte técnico.
8.- El 14 de agosto de 2018 se adjudicó el expediente a Levantina Ingeniería y Construcción (LIC) por ser la oferta más económica en la subasta electrónica celebrada al efecto, siendo igualmente el precio el único criterio utilizado para su adjudicación.
9.- Tanto el procedimiento de adjudicación de cada expediente, como los plazos de presentación de ofertas en cada uno de ellos quedaron definidos en al inicio de cada expediente.
10.- El presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, fue nombrado por el Consejo de Administración de Aena el lunes 16 de julio de 2018, por tanto, después del inicio de ambos expedientes.
11.- En ambos casos, se utilizó la subasta electrónica, siendo el precio el único criterio de adjudicación, de forma que esta es totalmente objetiva. Las empresas participantes en la subasta son conocedoras en todo momento de las pujas que realizan sus competidores.
12.- En las Sociedades Mercantiles Estatales, que es el caso de Aena, las Mesas de Contratación no tienen las mismas funciones que en las Administraciones Públicas. Por ello, no se publican las actas de las Mesas de Contratación, sino las tablas con las ofertas económicas de cada licitador.
13.- Las Mesas de Contratación se regulan en el art. 326 de la LCSP y sólo aplican como tal a las administraciones públicas. Aena tiene un órgano de asistencia al órgano de contratación que no efectúa ni la evaluación técnica, ni la valoración económica de las ofertas, ni determina la solvencia de las empresas.
14.- El TARC (Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales) ha manifestado reiteradamente que los órganos de asistencia al órgano de contratación -en el caso de que se establezcan con carácter potestativo- que toman parte en la licitaciones convocadas por los poderes adjudicadores que no son Administración Pública, aunque puedan adoptar la denominación de “mesa de contratación”, no tienen las competencias propias de las mesas a las que se refieren los artículos 326 de la LCSP y 22 del RD 817/2009”.