Antifraude concluye que el ascenso del 'número dos' de Pilar Bernabé en Valencia fue ilegal

La Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) ha confirmado de manera definitiva que la promoción interna por la que José Rodríguez Jurado, actual subdelegado del Gobierno en Valencia y mano derecha de Pilar Bernabé, alcanzó la máxima categoría funcionarial fue «ilegal». La resolución, fechada el 23 de octubre de 2025 y firmada por su director, Eduardo Beut, desestima la solicitud de revocación presentada por el Ayuntamiento de Canet de Berenguer (Valencia), que pretendía anular las conclusiones emitidas en 2022 y 2023 por el anterior director en tiempos del gobierno del Botànic, Joan Llinares.

La nueva resolución de Antifraude a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE ratifica punto por punto que el proceso que permitió a Rodríguez Jurado promocionar del subgrupo C1 (como administrativo) al A1 (máxima categoría) fue nulo de pleno derecho, al vulnerar la jurisprudencia del Tribunal Supremo. El informe recuerda que «el marco normativo regulador de la promoción interna en su estadio actual no permite la promoción per saltum directamente del subgrupo C1 al subgrupo A1», sino únicamente al A2, conforme a la sentencia 883/2021 del Supremo y posteriores fallos en años siguientes que consolidan esa doctrina.

Intento de tumbar el caso

El consistorio de Canet de Berenguer, de donde procedía Rodríguez Jurado, solicitó en agosto de 2024 la revocación de las resoluciones de Antifraude que declaraban ilegal el proceso. Su argumento se basaba en que la agencia había actuado de forma desigual frente a otros municipios —citando como ejemplo el archivo de un expediente similar en Gandía— y que la omisión de ciertas referencias legales no invalidaba el procedimiento.

Sin embargo, el organismo de control ha desmontado ambas alegaciones. En primer lugar, señala que las bases del concurso del Ayuntamiento por la que Rodríguez Jurado en Canet ascendió no invocaban ni aplicaban correctamente la ley que regula las promociones internas en las administraciones locales y exige cinco años de permanencia en el puesto, además de superar pruebas selectivas. En segundo término, recuerda que ni el Ayuntamiento ni el propio funcionario alegaron en su momento la aplicación de ese artículo durante la tramitación del expediente.

El documento, de 13 páginas, recalca que el ejercicio de la potestad de revocación «no es absoluto ni ilimitado» y que las resoluciones de 2022 y 2023 de la Agencia «mantienen su presunción de validez» al no existir vicios de nulidad. Por tanto, el intento del municipio de Canet de revertir las conclusiones de Antifraude «equivaldría a actuar en contra de la doctrina y jurisprudencia más reciente», lo que supondría infringir los límites legales previstos en los artículos 109 y 110 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común.

Procedimiento sin garantías

El caso, del que THE OBJECTIVE dio buena cuenta en septiembre, expuso cómo Rodríguez Jurado ascendió de administrativo (C1) a técnico A1 en tiempo récord, sin pasar por el subgrupo intermedio A2, apenas unos meses después de obtener su título universitario en Derecho en la Universidad a Distancia de Madrid. El Ayuntamiento de Canet convocó la plaza por promoción interna en abril de 2022 y, según Antifraude, el diseño del procedimiento favoreció directamente su candidatura.

La agencia ya había señalado en 2022 que tanto la aprobación de las bases como la admisión del aspirante eran «contrarias al ordenamiento jurídico» y recomendó al consistorio iniciar una revisión de oficio. Lejos de hacerlo, el Ayuntamiento optó por mantener el nombramiento y, al año siguiente, el Gobierno central —a través del Ministerio de Política Territorial— nombró a Rodríguez Jurado subdelegado del Gobierno en Valencia, por designación directa de Pilar Bernabé a pesar de conocer el historial de su carrera meteórica en la administración.

Jurisprudencia del Supremo

El nuevo pronunciamiento de Antifraude cita expresamente sentencias del Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que resuelven casos idénticos y consolidan la doctrina de que la promoción vertical debe ser progresiva: del subgrupo C1 al A2, y de este al A1. Según el fallo canario reproducido en la resolución, permitir un salto directo «carece de respaldo normativo y jurisprudencial» y «supone vulnerar la jerarquía entre subgrupos establecida por el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP)».

Antifraude subraya que la interpretación de la disposición transitoria tercera del EBEP «no ampara» las promociones directas y que el Ayuntamiento de Canet omitió comprobar los requisitos exigidos, como los años de servicio y la titulación específica. «No se han observado ni comprobado dichos requisitos, o al menos no se ha dejado constancia de ello en el expediente remitido a la AVAF», señala la resolución.

La resolución recuerda que ya en abril de 2023 la agencia había declarado el «incumplimiento» por parte del Ayuntamiento de Canet de las recomendaciones dictadas meses antes y ordenó dejar constancia de ello en la memoria anual presentada ante las Cortes valencianas. El Gobierno local, sin embargo, no abrió la revisión de oficio ni justificó su negativa. Ahora, tres años después, Antifraude mantiene la misma posición y da por cerrado el expediente con la advertencia de que el Ayuntamiento sigue sin aplicar las recomendaciones ni corregir la irregularidad.

Bernabé, en el punto de mira

El caso tiene una derivada política directa. Rodríguez Jurado fue nombrado subdelegado del Gobierno en Valencia en enero de 2024 por decisión de Pilar Bernabé, actual delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana y miembro de la ejecutiva federal del PSOE. Su designación se produjo pese a que la AVAF ya había declarado ilegal su ascenso en el consistorio de origen.

Desde entonces, la oposición ha reclamado explicaciones a Bernabé y ha acusado al Ejecutivo central de mantener en un alto cargo a un funcionario cuyo acceso al nivel A1 fue declarado nulo y, por tanto, cuyo nombramiento para el puesto de subdelegado sería ilegal pues es obligatorio que dichas plazas sean ocupadas por funcionarios situados en los niveles más altos de la administración. Ni la Delegación del Gobierno ni el Ministerio de Política Territorial han emitido declaraciones tras conocerse la nueva resolución de Antifraude. Tampoco el Ayuntamiento de Canet.