El relato de Pradas reactiva las dudas de por qué la juez no investiga a técnicos ni al Gobierno

La exconsejera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas, rompió este domingo su silencio en el programa Salvados de La Sexta, ofreciendo por primera vez un relato detallado de cómo vivió la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024. Sus declaraciones han reabierto interrogantes sobre la instrucción judicial en curso y sobre la ausencia de investigación a otros actores que, según fuentes jurídicas consultadas, tuvieron también un papel relevante en la gestión de la emergencia.

Pradas aseguró que su «mayor error fue no decirle a Carlos Mazón que viniera inmediatamente». Relató que a las 17.36 horas informó al entonces presidente, hoy expresidente, de que había personas refugiadas en tejados esperando auxilio en Utiel, pero que «no le noté preocupado y no me dijo donde estaba». Mazón no acudió al Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) hasta pasadas las 20.30.

Según su versión, la información al expresidente no se transmitió durante buena parte de la jornada de forma directa, sino a través de José Manuel Cuenca, jefe de gabinete de Mazón, que le indicó: «Cualquier mensaje hacia el presidente me lo tienes que dar a mí». Para las fuentes jurídicas consultadas, esta declaración podría tener consecuencias evidentes: «Siguiendo la lógica de la instructora, estas afirmaciones podrían plantear un nuevo escenario. Si Cuenca omitió mensajes que ella pidió transmitir, podría acarrear algún problema para él también». Los whatsapps en poder de Pradas podrían convertirse en la pieza decisiva para reconstruir la cadena real de decisiones y determinar hasta dónde alcanzó la responsabilidad de cada uno.

Estas fuentes recuerdan que la juez ha limitado hasta ahora la instrucción a dos cargos autonómicos: Pradas y Emilio Argüeso, exsecretario autonómico de Emergencias. «El relato de este domingo señala a un intermediario político cuya actuación no se había examinado en ningún momento», añaden.

La eventual responsabilidad de Mazón

La entrevista puso de nuevo el foco sobre el propio Mazón, ya fuera del cargo desde la semana pasada. Aunque el Plan Territorial de Emergencias establece que, al convocarse el Cecopi, la jefatura de la emergencia recae en la consejera de Justicia e Interior, el mismo plan prevé la posibilidad de un mando único ejercido por el presidente de la Generalitat.

Para las fuentes jurídicas consultadas, las palabras de Pradas podrían abrir otra derivada procesal para el expresidente: «Desde el momento en que ella le informa de todo y él le pide que lo mantenga al corriente, eso implica una forma de asumir la dirección del asunto». Consideran que estas revelaciones podrían alimentar la idea que sobrevuela desde hace meses de una «posible imputación», aunque admiten que su encaje penal sería complejo. «Haría falta una prueba directa —un mensaje, una instrucción concreta— para acreditar que asumió el mando. ‘Mantenme informado’ sugiere un papel activo, pero es una interpretación provisional», matizan.

Pilar Bernabé, ausente de la investigación

Otro de los puntos más llamativos es la referencia a Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana y codirectora del Cecopi. Pradas contó que Bernabé no trasladó toda la información relevante en tiempo real. Las fuentes consultadas consideran incomprensible que la instructora solo la haya citado como testigo: «Si existe una codirección y una participación directa en las decisiones del Cecopi, no tiene sentido que esté imputada la exconsejera y no la delegada del Gobierno». Las fuentes consultadas describen a Bernabé como una figura con gran peso operativo dentro del Cecopi.

«Otra vez, Salomé Pradas vuelve a mentir sobre mi papel el #290. Y, otra vez, no hará falta que la desmienta yo: lo hizo la jefa de servicio de Emergencias en su comparecencia ante la jueza». Con estas palabras, difundido a través de sus redes sociales, respondió este lunes la delegada del Gobierno socialista a las respuestas de Salomé Pradas sobre ella.

Otro de los aspectos más controvertidos que volvieron a relucir en la entrevista es la exclusión de técnicos y mandos operativos en la investigación. «Existe una tendencia a considerar que los funcionarios no pueden ser responsables de delitos en la Administración pública, y la instructora parece mantener ese criterio», sostiene una abogada que conoce a fondo la instrucción de la causa.

Sin embargo, hay actuaciones de técnicos que tuvieron gran relevancia en el impacto de la gestión de la dana. Por ejemplo, el técnico Rodrigo Ezpeleta, del Centro de Coordinación de Emergencias, recibió a las 18.43 un correo de la Confederación Hidrográfica del Júcar alertando de un caudal de 1.600 metros cúbicos por segundo. «Lo archivó sin comunicarlo al Cecopi, que estaba en la sala contigua. Lo lógico hubiera sido entrar inmediatamente a la reunión y advertir de la información», señalan estas fuentes.

Pese a ello, la jueza no ha solicitado ninguna diligencia para aclarar su actuación ni la de otros técnicos que gestionaban información en tiempo real.

El debate Basset–Suárez

La entrevista también confirmó el debate técnico que se produjo sobre el envío del mensaje de alerta masiva ES-Alert. Jorge Suárez, subdirector de Emergencias, defendía activarlo, mientras que José Miguel Basset, jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, advertía que podía generar efectos contraproducentes.

Las fuentes jurídicas consultadas consideran que en este asunto es difícil hallar «responsabilidad penal», porque el plan de emergencias no establece una obligación clara de activar ES-Alert y su impacto es limitado. «No es la única herramienta que hubiera salvado muchas vidas», afirman. «Era solo una entre varias formas posibles de avisar a la población». No obstante, este episodio revela un aspecto llamativo: la juez ha interrogado a responsables políticos sobre el envío o no del mensaje, pero ha esperado hasta esta semana para terminar de escuchar a Jorge Suárez, casi un año después desde el inicio de la instrucción.

La entrevista de Pradas dejó en evidencia algunos aspectos de la instrucción judicial, que tras doce meses solo ha señalado a dos responsables políticos del gobierno valenciano, sin investigar a los mandos operativos ni a los representantes del Gobierno central que participaron en la gestión. Además, alertan de que la normativa autonómica de emergencias «está mal desarrollada y, en algunos aspectos, ni siquiera desarrollada», lo que complica la atribución de responsabilidades y deja demasiados márgenes de discrecionalidad.