La presidenta del Puerto de Valencia se aferra al cargo tras las acusaciones lanzadas por Ábalos

La presidenta del Puerto de Valencia, Mar Chao, ha vuelto a defender su cuestionada gestión tras casi dos años en el cargo, esta vez en un contexto marcado por la pregunta parlamentaria que José Luis Ábalos dirigió la semana pasada a su sucesor, Óscar Puente. El exministro socialista denunció las supuestas irregularidades detectadas por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) en un expediente publicado en primicia por THE OBJECTIVE. Dicho informe señalaba deficiencias en los procesos de selección de seis puestos directivos del organismo portuario. El documento detallaba presuntas vulneraciones de los principios de «igualdad, mérito y capacidad» y situaba el foco en la política de personal aplicada durante la presidencia de Chao.

Lejos de asumir responsabilidad política, la presidenta del Puerto ha optado por reafirmarse, echar balones fuera y culpar a sus predecesores. «Estoy totalmente convencida de que se están cumpliendo los estándares», afirmó al ser preguntada por la investigación de la IGAE, órgano dependiente del Ministerio de Hacienda y que fiscaliza las actuaciones de los organismos estatales.

Chao insistió en que la denuncia sobre los casos de enchufismo no partió de los candidatos afectados, sino del sindicato UGT, al que responsabilizó del litigio judicial abierto. Aseguró tener la «conciencia tranquila» y centró su mensaje en que su prioridad es «trabajar, trabajar y trabajar», evitando entrar en el fondo de las irregularidades señaladas por Hacienda.

Casos de enchufismo

Las palabras de la presidenta del Puerto de Valencia contrastan con el contenido del propio informe de la IGAE, que no solo detecta irregularidades en los procedimientos de selección de personal, sino que analiza los ejercicios 2023 y 2024 para dibujar un patrón de funcionamiento interno marcado por convocatorias restrictivas, ausencia de mecanismos de integridad y prácticas consideradas incompatibles con las exigencias del sector público.

Ese diagnóstico se suma a los hechos publicados por este medio durante los últimos seis meses, que han revelado adjudicaciones públicas bajo sospecha, conflictos de interés, vínculos societarios y decisiones adoptadas por directivos que beneficiaron a personas de su círculo profesional y personal.

Entre los casos destapados por THE OBJECTIVE, destaca el del directivo Federico Torres, que intervino en contratos por más de 30 millones en favor de un excargo del PP con el que mantenía relación personal, así como en adjudicaciones de hasta 15 millones a miembros de la junta del Colegio de Ingenieros Industriales de Valencia que él mismo preside.

En total, Torres estuvo vinculado a operaciones que repartieron casi 45 millones de euros entre su entorno. Tras la apertura de dos expedientes antifraude internos y la confirmación por parte de la IGAE de conflictos de interés no declarados, la presidenta procedió a relegarlo en el organigrama, aunque Chao defendió este jueves su continuidad: «Sigue en su puesto, pero con funciones distintas», se limitó a decir. Según añadió, ahora se encarga de «planificación de transición energética» y no gestiona contratación pública directa. La presidenta justificó su permanencia alegando que «muchas de esas adjudicaciones son muy anteriores» a su llegada y que ya se han tomado «todas las medidas de control interno pertinentes».

Diversas fuentes internas de la institución han confirmado que Torres ha anunciado su salida del organismo portuario para dentro del próximo mes. Su permanencia sigue generando dudas y pone en cuestión la capacidad de control de la presidenta del Puerto.

A los informes de la IGAE o el caso de Torres también se han sumado las revelaciones de que la Autoridad Portuaria adjudicó 22,6 millones a Infoport, una empresa de la que es simultáneamente socia y cliente, lo que varios expertos calificaron como un posible «conflicto de interés estructural». A ello se sumaron los 4,2 millones adjudicados directamente desde la Autoridad Portuaria a SICE, otra empresa vinculada societariamente con la institución en el núcleo accionarial de Infoport y con la que se sienta en su consejo de administración.

Preguntada sobre estas adjudicaciones, Chao defendió la legalidad del modelo: «Es perfectamente legal tener un concurso público en el que se presente una sociedad participada», afirmó en referencia a Infoport. Justificó además la falta de concurrencia afirmando que «en la mayor parte de las ocasiones solo se presentan ellos» y que su gestión desde octubre de 2023 se ha centrado en «ampliar la concurrencia en las adjudicaciones» y «eliminar los contratos menores».

Tribunal de Cuentas

En cuanto a la investigación abierta por el Tribunal de Cuentas, la presidenta restó relevancia al procedimiento: «Es un trámite ordinario», afirmó. Chao explicó que la Oficina de Conflictos de Interés le había solicitado información, pero insistió en que las cuentas del Puerto están «auditadas y con buenos resultados», por lo que dudaba de que pudiera concluirse una infracción grave. Aseguró que ha respondido «a todo lo que se ha pedido» y evitó pronunciarse sobre un eventual escenario condenatorio alegando que no debe opinar sobre un asunto que la afecta directamente.

Preguntada por si se planteaba su dimisión, Chao no respondió de forma directa y volvió al argumento de la tranquilidad y el trabajo: «Tengo la conciencia tremendamente tranquila». Añadió que «tanto ruido mediático no ayuda» y reivindicó que su gestión se ha centrado en «desbloquear proyectos paralizados» y cumplir con las exigencias del «cuarto puerto de Europa». La presidenta recordó que llegó al cargo en un contexto difícil y que desde entonces su labor ha sido «gestionar, gestionar, gestionar».

En este sentido, la presidenta insistió en presentarse como gestora heredera de una situación complicada. Recordó que «se estrenó» en el cargo en un consejo de administración en el que «entró la Policía Nacional a imputar penalmente a todos los consejeros», y afirmó que desde entonces ha trabajado «sin descanso» para «dar la vuelta a proyectos paralizados».

También recurrió a un argumento reiterado a lo largo de su intervención: que «muchas de las adjudicaciones denunciadas son anteriores» a su llegada y que ella ha tomado «todas las medidas internas que nunca se habían tomado», una tesis que contrasta con las advertencias formales emitidas durante su propio mandato.