Enchufismo en Valencia: cómo tres organismos públicos amañaron siete puestos de trabajo

Alicia Gimeno lleva desde 1993 vinculada a la Administración pública. Más de 30 años de antigüedad en el sector público no son un dato menor: son escalones, trienios, consolidación profesional. En términos administrativos, es capital acumulado. Su anterior empleo fue en el organismo público que gestionaba la atractiva Marina Real del Puerto de Valencia, el Consorcio Valencia 2007, como alta directiva.

Pero su último salto profesional no fue una promoción interna más.

En junio de 2024, en pleno proceso de liquidación del Consorcio Valencia 2007, presidido por la propia alcaldesa María José Catalá, Gimeno aterrizó directamente en el Puerto de Valencia en un puesto directivo con un salario cercano a los 100.000 euros anuales. No entró como técnica base. No inició un recorrido progresivo. Accedió a una jefatura de área, un nivel al que muchos empleados públicos tardan décadas en aspirar.

Su compañera Manuela Gras siguió el mismo camino aunque como subdirectora de la organización, un puesto aún superior.

La advertencia notarial que se cumplió

El 8 de mayo de 2024, una decena de trabajadores del Consorcio acudieron a una notaría para dejar constancia de su «firme convencimiento» de que Gimeno y Gras acabarían en el Puerto. No como empleadas de base, sino en puestos de mando. Y su predicción se cumplió.

Lo que aquellos trabajadores desconocían es que, paralelamente, el Ayuntamiento había activado un plan alternativo, no solo mientras María José Catalá era alcaldesa, sino también presidenta del Consorcio Valencia 2007, el organismo que se estaba liquidando.

Es decir, quien dirigía políticamente el organismo que despedía trabajadores era la misma persona que presidía el Ayuntamiento que activaba convocatorias y que mantenía interlocución directa con el Puerto.

Primer movimiento

El 18 de abril de 2024, la Fundación Deportiva Municipal —organismo autónomo dependiente del Ayuntamiento— aprobó dos convocatorias directivas en áreas económico-financiera e infraestructuras, como ha venido contando THE OBJECTIVE en exclusiva.

Ambas compartían un rasgo fundamental: estaban dirigidas exclusivamente a personal laboral del sector público en activo, curiosamente la cualificación de los trabajadores del Consorcio Valencia 2007.

Ese dato es relevante. En toda la legislatura actual, ninguna otra convocatoria municipal de procesos selectivos se había dirigido a ese tipo de perfil restringido. Solo las cinco plazas activadas en este contexto —las dos de la Fundación Deportiva Municipal y las tres de Visit Valencia— incorporaron esa limitación.

Cinco procesos cerrados al sector público en activo. Ninguno más en el resto de entes municipales, ni entonces ni ahora.

La cronología vuelve a ser determinante. En cuestión de días, el Puerto de Valencia activó dos propios procesos calcados a los del Ayuntamiento donde curiosamente se loaba el perfil de alguien que procediera del ámbito de la relación puerto-ciudad. Tan solo falta haber puesto el nombre de las beneficiarias.

En su diseño inicial, el proceso municipal debía cerrar candidaturas alrededor del 23 de mayo. Es decir, antes de que el Puerto finalizara el suyo el 28 de mayo.

Pero el Ayuntamiento retocó las bases. El 21 de mayo alegó dificultades para publicar en el BOE y decidió que el cómputo del plazo se anclara al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. El DOGV publicó la convocatoria el 4 de junio, extendiendo el plazo hasta el 14 de junio inclusive.

El efecto práctico fue claro: el consistorio evitaba resolver antes de conocer el desenlace oficial del Puerto, donde siempre puede haber alguna sorpresa por parte de algún miembro del tribunal, pero no la hubo, porque entre otras cosas no había más candidatos de dónde elegir.

THE OBJECTIVE ha podido verificar que Alicia Gimeno no había completado su candidatura a la plaza municipal dentro del plazo inicial. Tanto ella como Manuela Gras concurrieron también a dichas convocatorias. En el caso de Gimeno, su solicitud quedó registrada apenas una hora y veinte minutos antes de que expirara el plazo ampliado —a las 22:40—, tal y como se aprecia en la imagen inferior.

La maniobra recuerda una práctica habitual en concursos dirigidos, donde quien se sabe beneficiario apura hasta el último minuto para formalizar la oferta cuando el calendario ya está alineado con la seguridad del resultado. No es el comportamiento típico de quien compite con incertidumbre, sino el de quien conoce el desenlace y simplemente espera a que no se pase el plazo.

Las plazas 276 y 278 del Puerto de Valencia beneficiaron a Gimeno y Gras, como habían anticipado los denunciantes ante notario.

Pero no solo se trató de una sospecha al azar por los trabajadores que acudieron al notario. Un año después, un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) añadió un elemento técnico de enorme peso. El órgano fiscalizador cuestionó los procesos selectivos del Puerto de Valencia y advirtió de posibles vulneraciones de los principios de igualdad, mérito y capacidad. En dos de los casos señalaba que las funciones descritas en las plazas de Alicia Gimeno y Manuela Gras encajaban de forma llamativa con tareas vinculadas a la liquidación del propio Consorcio Valencia 2007, el organismo del que procedían las candidatas. En otro, apuntaba irregularidades procedimentales y un diseño de bases que estrechaba el perímetro de concurrencia.

La combinación del acta notarial previa y el señalamiento de la IGAE transformó una secuencia administrativa aparentemente ordinaria en un caso con dimensión judicial. Quienes impulsaron estos procesos difícilmente podían prever que una advertencia notarial y un informe demoledor del órgano fiscalizador terminarían desnudando un calendario perfectamente sincronizado en el diseño de las convocatorias entre el Ayuntamiento de Valencia y el Puerto de la ciudad.

La oferta del Puerto era objetivamente más golosa que cualquier alternativa municipal: niveles salariales próximos a los seis dígitos, rango directivo y estructura consolidada. Frente a ello, las plazas que se activaron en el Ayuntamiento rondaban los 60.000 euros anuales. La diferencia era sustancial.

Finalmente, el 16 de octubre de 2024 —el mismo día en que ambas se incorporaban al Puerto y el resto de la plantilla del Consorcio Valencia 2007 era despedido— el Ayuntamiento declaró desiertas las plazas de la Fundación Deportiva Municipal. Los procesos desaparecieron. Las candidatas ya tenían destino.

Segundo movimiento

En paralelo a las convocatorias anteriores, el 15 de mayo de 2024, la Fundación Visit Valencia, también del Ayuntamiento de Valencia, lanzó otras tres convocatorias también dirigidas exclusivamente a personal laboral del sector público en activo: Técnico jurídico, técnico de promoción y comunicación, y administrativo.

Fuentes consultadas sostienen que esas plazas fueron ofrecidas directamente a cuatro trabajadores del Consorcio en liquidación en un correprisa porque había llegado a oídos del gobierno municipal que se había levantado acta notarial de lo que iba a ocurrir. Pensaron entonces que iban a calmar los ánimos de los denunciantes o incluso silenciarlos.

Dos declinaron. Lo hicieron, según explican fuentes conocedoras de los hechos, porque consideraban que el procedimiento era irregular y no querían avalarlo con su participación. Una tercera plaza —la de administrativo— sí fue finalmente cubierta por un trabajador procedente del Consorcio. Las otras dos terminaron declarándose desiertas. El patrón volvía a repetirse.

Tercer movimiento

Siete procesos en total entre Ayuntamiento y Puerto. En este punto aparece otro elemento político relevante.

Mar Chao, presidenta del Puerto de Valencia, mantiene una relación estrecha con la alcaldesa. Ambos organismos comparten actualmente un órgano interadministrativo con solo cuatro representantes, donde están presentes tanto Catalá como la propia Mar Chao como los dos pesados institucionales. La interlocución no es distante ni formal. Es directa.

La oposición sostiene que esta proximidad institucional facilitó la coordinación de calendarios y perfiles.

La denuncia ante la Fiscalía

Compromís ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción a María José Catalá, a las concejalas responsables de las fundaciones implicadas (Rocío Gil y Paula Llobet), a la presidenta del Puerto, Mar Chao, y a varios trabajadores que habrían resultado beneficiados, por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

En su escrito se habla de «subrogación encubierta» y de al menos siete procesos activados de forma paralela para situar a personas concretas en puestos directivos. Desde Visit Valencia se niega cualquier irregularidad y se sostiene que la restricción a personal del sector público en activo estaba amparada legalmente por la ausencia de tasa de reposición.

Pero el dato estructural persiste: de quince entes municipales, solo dos activaron convocatorias cerradas a personal público en activo. Y esas cinco plazas coinciden temporalmente con la recolocación de directivas del Consorcio y con los procesos del Puerto.

Más allá del caso concreto

La cuestión no es solo si los expedientes están formalmente documentados. La cuestión es si el diseño de los procesos garantizó una competencia real y abierta o si el perímetro se estrechó hasta hacerlo coincidir con perfiles ya conocidos.

El hecho de que la presidenta del Consorcio en liquidación fuera la misma persona que presidía el Ayuntamiento que activó cinco plazas restringidas añade una dimensión política adicional. La Fiscalía deberá determinar si hubo discrecionalidad administrativa legítima o utilización instrumental de mecanismos públicos para recolocar perfiles concretos.

Pero la secuencia ya es pública: plazas diseñadas para personal público descartando a personas en desempleo o que aspiran a un cambio profesional, plazos ampliados estratégicamente, convocatorias declaradas desiertas el mismo día de incorporaciones portuarias y connexión directa entre las dos instituciones clave. En política, a veces las coincidencias son solo eso. Otras veces, dibujan un patrón.