La falta de coordinación institucional centra las críticas de los afectados por la dana del 29-O

La falta de coordinación institucional durante la dana volvió a situarse este lunes en el centro del debate político y social sobre lo ocurrido el 29 de octubre de 2024. Las primeras asociaciones de víctimas y damnificados comparecieron ante la comisión de investigación de las Cortes Valencianas —catorce meses después de la tragedia que dejó 230 fallecidos en la provincia de Valencia— y coincidieron en señalar que la descoordinación entre administraciones, los avisos tardíos y la ausencia de una respuesta articulada agravaron el impacto de la riada.

Ha sido la primera vez que estos colectivos intervenían tras la constitución formal de la comisión parlamentaria. Su diagnóstico fue transversal: más allá de la excepcionalidad meteorológica, existieron fallos estructurales en la gestión previa, durante la emergencia y en la articulación institucional.

Sonia Fuster, coordinadora en la Comunidad Valenciana de la Asociación SOS Desaparecidos, afirmó que «no puede ser una excusa que fuese un fenómeno sin precedentes recientes». En su opinión, «falló la capacidad de laminación, la coordinación, el despliegue logístico, la gobernanza y sobre todo los avisos y el tiempo de respuesta». Y añadió una frase que marcó el tono de la sesión: «Si todo falla al mismo tiempo, nadie puede afirmar que todo se hizo bien».

Fuster describió la situación emocional y social de muchas familias afectadas. «Seguimos llorando lágrimas de barro», aseguró. Más de un año después, explicó, muchas siguen viviendo con «ansiedad, incertidumbre y desconfianza». Aunque subrayó que no buscan «culpables» en clave partidista, sí reclamó responsabilidades institucionales: «Es incuestionable que hubo un fallo en el aviso y en la gestión. Creo que nadie hizo las cosas bien al 100%».

Omisión de socorro

En la misma línea intervino Alejandro Carabal, presidente de la Asociación de Damnificados por la Dana de Alfafar-Horta Sud, quien calificó de «gravísimo» que hubiese «tres o cuatro días sin que ninguna administración se hiciese cargo de asistir a quienes se quedaron sin nada». Recordó que en algunos casos hubo personas vivas que permanecieron atrapadas durante días en el interior de vehículos. «¿Ha habido omisión del deber de socorro o no?», preguntó.

Carabal también incidió en la tardanza de los avisos y en el impacto psicológico posterior. «El mensaje Es_Alert salva vidas, funciona, pero hay que tener claro el mensaje y no perder el tiempo», afirmó. Según relató, en l’Horta Sud persiste una «preocupación y psicosis», especialmente por la percepción de que la alerta llegó cuando ya había zonas anegadas.

Por su parte, Fernando Catalán Alcón, portavoz de la asociación Tots a una Veu, puso el foco en la gestión de infraestructuras. «Lo que se pudo hacer y no se hizo», resumió. Señaló que la carencia de infraestructuras adecuadas es una responsabilidad que «recae en el Gobierno» y que se arrastra «desde hace más de 30 años». Recordó que ya en 1994 se redactó el proyecto básico de restitución y adaptación de los cauces de los barrancos del Poyo, Torrente, Chiva y Pozalet; que en 2001 fueron declaradas actuaciones de interés general; y que entre 2003 y 2006 se encauzó parcialmente la rambla del Poyo.

Obras en el Poyo

También mencionó el proyecto informativo de 2009 para la adecuación ambiental y drenaje de la cuenca del Poyo, así como la declaración de impacto ambiental de 2011 que caducó al no iniciarse las obras en el plazo previsto. «El hecho de que ahora se retomen actuaciones que nunca llegaron a materializarse demuestra que ya eran necesarias en su día», afirmó.

Además, apuntó a la falta de mantenimiento y limpieza de la vegetación en los barrancos como «otra de las causas» que contribuyeron a la inundación. En este punto recordó que la competencia principal recae en la Confederación Hidrográfica del Júcar, mientras que los ayuntamientos deben encargarse de márgenes y retirada de residuos.

Sobre la gestión durante la emergencia, fue especialmente crítico con la relación entre administraciones. «La falta de coordinación entre los gobiernos central y autonómico ha sido palmaria», afirmó. Denunció que estuvieron «enfrentados desde el momento en que se empezaba a vislumbrar la catástrofe y más preocupados en señalar la paja en el ojo ajeno que en aportar soluciones eficaces». A su juicio, ese enfrentamiento generó «rabia e indignación» y una creciente «desconfianza en las instituciones».

Catalán se preguntó por qué no se declaró antes la situación de emergencia adecuada y por qué la alerta a la población llegó tan tarde. Recordó que los ayuntamientos deben contar con un Plan de Actuación Municipal ante el riesgo de inundaciones en los municipios clasificados con riesgo alto o medio.

Responsabilidades municipales

«No tenemos constancia de que ningún Ayuntamiento haya realizado campañas periódicas de autoprotección ante inundaciones», afirmó, sugiriendo que esa falta de información previa pudo incrementar la vulnerabilidad ciudadana. También planteó dudas sobre cómo se notificó la alerta hidrológica emitida a las 12:20 horas del 29 de octubre y qué canales se utilizaron para comunicarla a los consistorios.

«Lo que ya sabemos es que no se nos prealertó y nos alertaron tarde y para colmo de nuestras desgracias estuvimos tres días solos y abandonados», concluyó.

Sin embargo, sí valoró positivamente el reciente acuerdo entre la Generalitat y el Gobierno de España para la creación de una Comisión Mixta destinada a coordinar la reconstrucción. «Observaremos con esperanza su funcionamiento y estaremos atentos a sus resultados», indicó.

La sesión también incluyó la intervención de Concha Cuevas, presidenta de la Asociación Liberum, quien planteó hipótesis sobre posibles víctimas no contabilizadas y alertó de que millones de teléfonos antiguos no recibirían los mensajes Es-Alert. Estas afirmaciones generaron reproches por parte del PSOE y Compromís, que cuestionaron tanto el contenido de esas declaraciones como la presencia de esta asociación en la comisión.