La empresa pública de Almusafes readmite a la víctima del alcalde tras la presión de Antifraude
El Consejo de Administración rectifica el despido, pero niega las represalias y la participación del alcalde exsocialista
Toni González sigue siendo alcalde de Almusafes fuera del PSOE. | RRSS
La empresa pública de la población valenciana de Almusafes (Emspa) ha acordado la readmisión inmediata de la trabajadora que denunció al alcalde del municipio —expulsado del partido socialista— Toni González, por presunto acoso sexual y laboral, después de la intervención de la Agencia Valenciana Antifraude, que abrió un expediente sancionador por posibles represalias.
La decisión, adoptada por el Consejo de Administración el miércoles de la pasada semana, supone la suspensión del despido disciplinario aprobado el 13 de febrero y la restitución de la trabajadora en su puesto «con mantenimiento íntegro de sus condiciones profesionales y retributivas», incluyendo alta en la Seguridad Social y abono de salarios.
El acuerdo al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE llega tras una resolución de Antifraude que advertía de una posible «escalada de hostigamiento» contra la denunciante y exigía medidas cautelares para protegerla, entre ellas su reincorporación laboral.
Rectificación forzada
El documento interno de la empresa municipal reconoce que la readmisión se produce en cumplimiento de la resolución del organismo autonómico, que ordenaba «la suspensión inmediata de la eficacia ejecutiva del despido» y la vuelta de la trabajadora mientras se tramita el expediente sancionador.
Además, Antifraude requirió expresamente tanto a la empresa como al Ayuntamiento de Almusafes que se abstuvieran de realizar «nuevos actos de presión, descrédito o exposición pública» contra la denunciante durante el procedimiento.
Estas medidas se apoyan en la Ley 2/2023 de protección de denunciantes, que considera represalias acciones como el despido o cualquier modificación sustancial de las condiciones laborales cuando estén vinculadas a una denuncia de irregularidades.
La resolución del organismo autonómico, adelantada hace dos semanas por este periódico, describía un escenario especialmente duro, señalando indicios de una campaña dirigida a hostigar a la trabajadora por haber denunciado.
Niega represalias
Pese a la readmisión, el órgano gestor de la empresa pública ha dejado claro que no comparte el relato de Antifraude. En el acuerdo aprobado, Emspa sostiene que el despido disciplinario se adoptó «con base a unos hechos y una fundamentación jurídica» respaldados por un informe externo, y rechaza que se tratara de una represalia.
«En ningún caso este Consejo de Administración, ni ninguno de sus componentes, actuó como un acto de represalia», afirma el documento, que insiste en que la actuación se produjo en el ejercicio ordinario de sus funciones.
La empresa argumenta además que el procedimiento disciplinario se tramitó con todas las garantías, incluyendo la comunicación a los representantes de los trabajadores, y que la sanción de despido se adoptó tras un proceso «contradictorio».
Desvincular al alcalde
Otro de los puntos más llamativos del acuerdo es el intento explícito de desvincular al alcalde, Toni González, del procedimiento. El documento señala que cualquier referencia a la alcaldía en el expediente fue fruto de «un error de transcripción» procedente de un formulario, subrayando que «la alcaldía no es un órgano de la sociedad, no tiene competencias ni facultades» en este ámbito.
Además, el texto insiste en que el alcalde «no ha adoptado de forma directa o indirecta resolución alguna en el presente asunto», en un momento en el que Antifraude ha ampliado el foco de su investigación al entorno político del regidor.
Un caso que sigue creciendo
La readmisión de la trabajadora no cierra el caso, sino que abre una nueva fase marcada por la investigación de Antifraude, que sigue adelante con el expediente sancionador.
El organismo autonómico no solo ha puesto en cuestión el despido, sino que ha señalado la existencia de posibles represalias sistemáticas contra la denunciante, en un contexto en el que la trabajadora había puesto en conocimiento de las autoridades presuntas irregularidades en la empresa pública Emspa.
El caso ya había provocado la expulsión de Toni González del PSOE hace 20 días, tras semanas de presión interna y mediática. Sin embargo, la resolución de Antifraude amplió el alcance del conflicto, afectando también al gerente de la empresa pública y a los miembros del consejo de administración que aprobaron el despido, todos ellos dirigentes del PSOE.
En este contexto, la decisión de readmitir a la trabajadora se interpreta como una rectificación forzada por la presión institucional, aunque la empresa mantiene su defensa del procedimiento adoptado. La coexistencia de ambos discursos —la readmisión obligada y la negación de represalias— refleja la complejidad de un caso que ha pasado a convertirse en uno de los principales quebraderos de cabeza recientes del socialismo valenciano.