De la prudencia al choque: la intrahistoria del pulso entre Mazón y la juez de la dana
Quince días separan la exoneración del TSJCV, su citación como testigo y el rechazo a su intento de entrar en la causa

Carlos Mazón, este martes en el pleno de las Cortes Valencianas | José Cuéllar / Europa Press
El pulso entre el expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y la juez que instruye la causa de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, no ha surgido de forma repentina. Lo ocurrido en las últimas 48 horas es, en realidad, la culminación de una estrategia judicial que se había ido desplegando durante más de un año y que en las últimas dos semanas ha derivado en un choque abierto.
Todo se aceleró el 16 de marzo, cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana descartó investigar a Mazón como había solicitado la juez. El alto tribunal no apreció indicios de delito ni una posición de garante en la gestión de la emergencia del 29 de octubre de 2024. Aquella resolución parecía cerrar definitivamente la vía penal contra el expresident que cuatro meses antes decidió su dimisión, coincidiendo con el aniversario de la tragedia más que por la dinámica de la juez.
Sin embargo, la decisión del TSJC no supuso el fin de la instrucción. Ocho días después, el 24 de marzo, la juez reordenó el escenario procesal y decidió citar a Mazón como testigo. No fijó fecha, pero delimitó su papel: debía declarar bajo obligación de decir verdad y responder a todas las partes.
Además, le pidió que aportara voluntariamente sus llamadas, mensajes y comunicaciones de aquella jornada. Ese movimiento tenía una lógica clara. Si no podía ser investigado, debía ser interrogado como pieza clave en la reconstrucción de los hechos.
«Un cerco construido desde el entorno»
Sin embargo, ese punto solo se entiende si se mira hacia atrás. Desde los primeros meses de la instrucción, la juez fue estrechando el cerco sobre el expresidente. Ya el 10 de marzo del pasado año le ofreció declarar voluntariamente, cuando aún era dirigente autonómico. Y volvió a hacerlo el 26 de septiembre. En ambas ocasiones, Mazón rechazó esa vía.
A pesar de ello, la instrucción avanzó hacia su entorno político más inmediato. No ha habido nadie que no hablara con Mazón el día de la dana que no haya sido llamado a declarar como testigo. Bueno, sí. Nadie del Gobierno central, como la exministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha comparecido en sede judicial. Sin embargo, desde el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, pasando por el actual inquilino del Palau de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, el dueño de El Ventorro, donde Mazón comió aquel día con la periodista Maribel Vilaplana, o todo su equipo de asesores y escoltas, han estado en el juzgado de Catarroja de una forma u otra.
El resultado fue una reconstrucción progresiva de la jornada del 29 de octubre sin necesidad de interrogar directamente a Mazón. La juez no fue a por él de forma directa, pero sí fue cerrando el perímetro a través de todos los que estuvieron con él, hablaron con él o gestionaron su relato.
El intento de entrar en la causa
Durante más de un año, la estrategia del expresidente fue mantenerse fuera del procedimiento. Ese equilibrio cambió tras su citación como testigo. El pasado lunes, Mazón dio un giro y solicitó formalmente su personación en la causa. En el escrito presentado ante el juzgado, su defensa alegaba que había actuado hasta entonces con «máximo respeto» y «prudencia procesal», pero que tras el auto del TSJCV necesitaba acceder a la causa para analizar las diligencias que se seguían practicando y que podían afectar a su «esfera jurídica».
El planteamiento suponía un cambio sustancial: intervenir en el procedimiento sin asumir la condición de investigado. Tras su citación como testigo, el movimiento no solo implicaba entrar en la causa, sino hacerlo en un momento clave. La personación le habría permitido acceder al sumario completo antes de declarar, conocer el detalle de las diligencias y preparar su comparecencia con un margen mucho mayor.
La respuesta de la juez llegó justo este martes y fue contundente. En su auto, rechazó la solicitud al considerar que carecía de «sustento procesal o fáctico» e incluso negó que existieran diligencias dirigidas a investigar a Mazón, a pesar de ser ella quien solicitara la imputación semanas atrás.
El contraste entre ambos planteamientos es total. Donde la defensa del expresident sostiene que la instrucción sigue afectándole, la juez niega que exista investigación alguna sobre él. Donde Mazón reclama intervenir, la magistrada fija un límite claro: su papel es el de testigo.
El auto introduce además un argumento de fondo que cierra la puerta a cualquier interpretación intermedia. Define la posición planteada por Mazón como un tertium genus, una figura entre testigo e investigado que no existe en el derecho procesal penal español.
La consecuencia es directa: sin indicios no hay imputación, y sin imputación no hay personación. La paradoja es evidente. El mismo sistema que le permitió a Mazón evitar declarar como investigado cuando aún era presidente es el que ahora le impide entrar en la causa tras haber sido exonerado. Lo que rechazó entonces es lo único que hoy le permitiría formar parte del procedimiento.
Mientras tanto, su papel sigue siendo central, aunque desde fuera. La juez mantiene su citación como testigo y considera imprescindible su declaración para completar la reconstrucción de los hechos.
Reacciones políticas
Las reacciones este martes al nuevo movimiento de la juez fueron inmediatas. La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, expresó su sorpresa por la maniobra inicial y pidió al expresidente que dijera «toda la verdad». Desde el Consell, el actual president, Juanfran Pérez Llorca, evitó valorar la decisión judicial y se limitó a insistir en el respeto institucional y en la necesidad de aclarar los hechos.
Mazón, por su parte, optó por la contención tras conocer el auto en pleno de las Cortes Valencianas. «Lo vamos a analizar y actuaremos en consecuencia», señaló, sin aclarar si recurrirá.
En apenas quince días, la secuencia ha sido nítida: exoneración, citación como testigo, intento de entrada en la causa y portazo judicial. Pero esa secuencia solo cobra sentido al mirar el recorrido previo: durante más de un año, la juez ha reconstruido cada paso de aquella jornada sin interrogarlo directamente. Ahora, con su declaración aún sin fecha fijada, el procedimiento entra en una nueva fase en la que el foco sigue puesto en su testimonio, mientras la instrucción continúa avanzando a la espera de que se produzca su comparecencia.
