Investigado el presidente de la Federación de Tenis de Madrid por autocontratarse por 10.530 euros mensuales
La fiscal del caso sostiene que la desviación de fondos ascendería a 568.520 euros
Vista de la entrada de los Juzgados de Madrid en Plaza Castilla. | Isabel Infantes (Europa Press)
El juez de Instrucción número 43 de Madrid investiga al presidente de la Federación de Tenis de Madrid (FTM), Juan Luis Rascón Lope, por presuntamente autocontratarse por un salario de 10.530 euros mensuales a raíz de una denuncia de la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid promovida por cuatro federados, han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas.
En la denuncia, a la que tuvo acceso Europa Press y adelantada por ‘El Periódico de España’, la fiscal subraya que la desviación de fondos mediante esta vía hasta la fecha de la denuncia ascendería a 568.520 euros.
Rascón Lope y el gerente de la federación, Juan Bautista Avendaño, estaban citados a declarar como investigados el pasado diciembre, pero la vista fue suspendida a la espera de que la Audiencia Provincial de Madrid se pronuncie sobre la personación de los denunciantes del caso, según han detallado las citadas fuentes.
En la denuncia, la fiscal exponía que los únicos hechos denunciados que pudieran ser constitutivos de delito y por lo tanto que merecen ser denunciados son los relativos a la autocontratación como empleado de la FTM por parte de Juan Luis Rascón Lope, «asignándose un salario de 10.530 euros mensuales desde el 6 de noviembre de 2016, fecha del alta en la Seguridad Social tras su nombramiento como presidente de la FTM».
La denuncia de la Fiscalía sostiene que la existencia de esta relación laboral «no está autorizada desde el punto de vista normativo, e implica el disfrute de una serie de beneficios laborales», por lo que concluye que la autocontratación desde noviembre de 2016 a marzo de 2021 podría ser constitutiva de un ejercicio abusivo de sus funciones.
Los federados que llevaron el caso a la Fiscalía exponían que los hechos podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, delito de cohecho, delito de administración desleal, delito de apropiación indebida y delitos contra la Hacienda Pública y de falsedad documental.
